- Reconocer a las defensoras y los defensores de derechos humanos como actores legítimos y fundamentales y aceptar públicamente la legitimidad y pertinencia de su trabajo, tanto a nivel local, como estatal y federal.
- Escuchar y responder de forma efectiva a las informaciones y recomendaciones de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Una forma efectiva de impedir más ataques contra defensoras y defensoras consiste en responder a sus reivindicaciones de derechos humanos con medidas concretas.
- Reforzar y ampliar mecanismos que permiten a las defensoras y los defensores y a las comunidades en las que trabajan participar en la toma de decisiones. Esto es de especial relevancia cuando las decisiones afectan a los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
- Investigar plenamente los ataques cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos y hacer comparecer a los responsables ante la justicia. La investigación de esos ataques debe tener en cuenta la “perspectiva de la defensora o el defensor de derechos humanos”, es decir, la posibilidad de que se hayan perpetrado en represalia por su trabajo de derechos humanos.
- Tomar todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz e integral a las defensoras y los defensores en riesgo de sufrir un ataque inminente.
