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Amnistía Internacional aplaude los aparentes avances en las investigaciones sobre la masacre de 2005 en San José de Apartadó

Londres.- Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la noticia de que la Fiscalía General de Colombia está investigando a 69 soldados por el homicidio, cometido el 21 de febrero de 2005, de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Entre los fallecidos en aquella masacre se encontraban Luis Eduardo Guerra –dirigente de la Comunidad de Paz–, un niño de 11 años, una niña de 6 y un bebé de 18 meses.

Según los informes, los soldados investigados pertenecen a la Compañía Alacrán del Batallón 33 de contraguerrilla de la Brigada XVII del ejército colombiano. Los informes indican que la masacre tuvo lugar en el contexto de una gran operación militar en la zona.

Amnistía Internacional ha declarado que, puesto que en los últimos 10 años se ha dado muerte o se ha hecho “desaparecer” impunemente a más de 160 miembros de la Comunidad de Paz, la noticia de que se está investigando a miembros del ejército por los homicidios de 2005 podría ser un importante paso adelante para otorgar reparación al menos a algunas de las víctimas.

Tal como ha pedido repetidamente la propia Comunidad de Paz, el gobierno colombiano debe crear las condiciones necesarias para garantizar una investigación criminal exhaustiva e imparcial sobre esta masacre y sobre los demás homicidios y “desapariciones” de miembros de la Comunidad de Paz. Esas condiciones deben incluir medidas para proteger, por ejemplo, a testigos y fiscales, con el fin de que puedan participar y testificar sin temor a represalias.

Información complementaria
Más de 160 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, han sido asesinados desde 1997. La Comunidad de Paz fue creada en marzo de 1997 en un esfuerzo de los habitantes de San José de Apartadó por garantizar que se respetara su derecho como civiles a no ser arrastrados al conflicto. La reacción de las fuerzas de seguridad y de los grupos de guerrilla ha sido acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de aliarse con sus respectivos enemigos, y esta situación ha dado lugar a graves abusos contra los derechos humanos de los miembros de la comunidad, cometidos por las dos partes del conflicto. La gran mayoría de los homicidios han sido perpetrados por las fuerzas de seguridad y por sus aliados paramilitares, y los demás por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).