Palma de Mallorca.- Más de 61.000 personas se han dirigido al presidente balear, José Ramón Bauzá para expresarles su preocupación por los efectos que está teniendo la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), especialmente en colectivos vulnerables como el de las personas migrantes en situación irregular que se han quedado sin tarjeta sanitaria.
Desde la entrada en vigor del RDL (1 de septiembre de 2012) hasta junio de 2013, casi 20.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria sólo en Baleares, lo cual es contrario a las obligaciones internacionales del Estado español –incluidas las comunidades autónomas-, que implican respetar, proteger y hacer realidad el derecho a la salud, sin regresividad y sin discriminación.
Con la legislación vigente, personas inmigrantes en situación irregular quedan excluidas del sistema sanitario, al no tener derecho a asistencia primaria gratuita, incluso en aquellos casos que padezcan enfermedades crónicas, como el cáncer o diabetes, algo que puede poner en riesgo su vida. Esto también está sucediendo en Baleares, a pesar de que su Estatuto de Autonomía garantiza la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
El pasado mes de julio, Amnistía Internacional hacía público un informe sobre los efectos del RDL en Baleares, por tratarse de una de las primeras comunidades autónomas que aplicó el RDL (cinco meses antes de su entrada en vigor), y por haber recibido numerosas denuncias por parte de inmigrantes en situación irregular.
En este informe, la organización denunciaba en primer lugar, la exclusión sanitaria que genera la actual legislación de personas migrantes en situación irregular. En segundo lugar, la organización pudo constatar el escenario de confusión y desinformación existente en varios centros de salud y hospitales de las islas Baleares. Lo que está dando lugar a irregularidades administrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales, y que provocan aún más exclusión. Como por ejemplo, el hecho de que en diversos centros sanitarios se hayan emitido “compromisos de pago” en Urgencias, aunque el RDL contempla la gratuidad de estos servicios. Compromisos a los que la organización tuvo acceso.
Amnistía Internacional alertaba, en tercer lugar, del posible efecto disuasorio que estas prácticas puedan tener entre las personas migrantes en situación administrativa irregular. Durante la investigación, la organización recogió testimonios de personas que ante la posibilidad de que al ser atendidas en centros de salud se les pudiera emitir un “compromiso de pago”, optaron por no acudir a centros médicos o por suspender sus tratamientos.
Reunión con el conseller de Salud balear Hoy, 12 de noviembre, representantes de Amnistía Internacional se reúnen con el conseller de Salud balear, al que explicarán la preocupación de la organización ante las dificultades del acceso a la salud que se encuentran las personas migrantes en situación irregular.
Coincidiendo con esta reunión, se han entregado en Presidencia las más de 61.000 firmas, recogidas a través de www.actuaconamnistia.org, que piden al Gobierno balear que:
- Adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud, sin discriminación y con independencia de la situación administrativa.
- Informe debidamente al personal sanitario y elimine las irregularidades administrativas que podrían acarrear una mayor exclusión de la asistencia sanitaria.
- Realice evaluaciones de impacto de la reforma y adopte medidas inmediatas para mitigar al máximo el posible efecto disuasorio del RDL en acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria.
