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60 organizaciones de la sociedad civil instan a la Presidencia española a fortalecer la protección de los derechos fundamentales en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

En una carta abierta dirigida a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 60 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han expresado su preocupación por las deficiencias en la propuesta original del Reglamento de Inteligencia Artificial (Ley de IA) de la Unión Europea. Estas organizaciones piden a la Presidencia española que garantice una legislación robusta y respetuosa con los derechos fundamentales.

Las organizaciones impulsoras de la misiva son Algorace, Algorights, CECU, Lafede.cat, Civio, Observatorio TAS, Institut de Drets Humans de Catalunya y Éticas. Bajo el paraguas IA Ciudadana, estas organizaciones están liderando la respuesta social a las políticas de regulación e implementación de la inteligencia artificial.

De hecho, en septiembre del año pasado impulsaron otra comunicación sobre la AESIA, para la cual se reunieron con la secretaria de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y demandaron la implicación de la sociedad civil en la futura agencia. En esta ocasión,  la carta está respaldada por el posicionamiento conjunto de 123 organizaciones de la sociedad civil que se divulgó en noviembre del 2021 y que se hizo llegar a los euro representantes.

Las organizaciones firmantes, entre ellas Amnistía Internacional, expresan su preocupación acerca del Reglamento de IA y de su impacto significativo tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea. Señalan especialmente que los sistemas de IA, al fomentar la vigilancia masiva y amplificar las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder, pueden representar, si no existen garantías y controles de la sociedad civil, una amenaza grave para los derechos fundamentales y los procesos democráticos.

En la carta, se destacan varias preocupaciones clave que deberían abordarse durante las negociaciones finales del Reglamento de IA. Algunas de estas preocupaciones incluyen:
    1. Ampliar el listado de sistemas de IA prohibidos que representan un "riesgo inaceptable" para los derechos fundamentales.
    2. Eliminar la discrecionalidad en el proceso de clasificación de sistemas de alto riesgo.
    3. Establecer obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo.
    4. Garantizar derechos y mecanismos de reparación para las personas afectadas por los sistemas de IA.
    5. Asegurar que los estándares técnicos no comprometan los derechos fundamentales y promover una mayor participación de la sociedad civil en su desarrollo.

Para trasladar el detalle de estas demandas, las organizaciones solicitan al Gobierno reuniones a alto nivel con representantes de diferentes ministerios y carteras y antes del inicio de la Presidencia española. En estas reuniones se solicitarán garantías para que se refuercen y protejan adecuadamente los derechos fundamentales en el texto final del Reglamento de IA, así como la participación de la sociedad civil organizada en la definición de estándares.

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