Desde unos años atrás, y viendo cómo se les están privando de gran parte de sus derechos fundamentales, muchos niños, niñas y adolescentes están saliendo a las calles reclamando que se actúe en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la libertad de expresión e igualdad de trato o el acceso a una sanidad y educación de calidad; con el deseo de hacer del mundo un lugar mucho más seguro en donde poder vivir.
Se estima que a lo largo del planeta hay alrededor de 2.300 millones de niños, niñas y adolescentes, casi un tercio de la población mundial que tiene plena capacidad de protestar de forma pacífica y alzar la voz, así como de expresar sus opiniones con libertad, al igual que las personas adultas. Los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que decir, sobre todo en aquellos temas que les afectan más directamente.
El derecho a expresarse, junto con el de ser escuchados, aparece recogido en el Art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989; siendo el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. Sólo uno de los 197 Estados miembros de la ONU no lo ha hecho: Estados Unidos.
La Convención sobre los Derechos del Niño supuso un hito, no solo por reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino también por tener como objeto facilitar su participación en la sociedad. El derecho de la libertad de expresión (Art.13) y de reunión que incluye la asociación y participación en manifestaciones pacíficas (Art.15) sitúa a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos en la defensa de sus derechos, pudiéndolo ejercer tanto de manera individual como de forma colectiva.
Sin embargo, debido principalmente al desconocimiento que tienen de cómo poder ejercer su derecho a protestar y por las barreras invisibles interpuestas por las personas adultas (de quienes dependen), terminan sufriendo discriminación hasta el punto de verse vulnerados sus derechos más fundamentales. Desde Oriente Medio hasta América, así como en Europa, África y Asia, lo único en que difieren es en el contexto.
“Juro por Dios que soy inocente. No llevaba ningún arma. [Los agentes de las fuerzas de seguridad] no dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que esta arma es mía. […] Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que ellos querían por la tortura”, son palabrasdeMajid Kazemi, joven manifestante iraní ejecutado por las autoridades el pasado 19 de mayo de 2023.
Tras la muerte de Mahsa Aminicuando estaba en custodia el 16 de septiembre de 2022, se sucedió en Irán una oleada de protestas. Entre el 20 y el 30 de septiembre de ese mismo año más de 20 niños y niñas de entre 11 y 17 años fueron asesinados impunemente en la brutal represión de las protestas de jóvenes.
Menores sentados en las escaleras del Capitolio del estado de Tennessee durante una protesta para pedir el fin de la violencia armada tras un tiroteo mortal ocurrido en la Escuela Covenant en Nashville, Tennessee, EE.UU., 30 de marzo 2023. © REUTERS/Cheney Orr
Además de los chicos y chicas asesinadas en las protestas en un intento de aplastar el espíritu de resistencia de la juventud del país, las autoridades están utilizando la pena de muerte, incluida contra menores, como una herramienta de represión, con el fin de infundir miedo a la población y poner fin al levantamiento popular.
Si bien ha bajado la intensidad de la represión, a día de hoy, sigue siendo peligroso exigir derechos y libertades en este país. Miles de niñas y estudiantes han sido objeto de envenenamiento en centenares de escuelas repartidas en todo el país, cuando los centros educativos deben de ser siempre lugares seguros. Las autoridades, lejos de garantizar su seguridad han intentado encubrir la gravedad y magnitud de los ataques.
Estas agresiones parecen ser parte del “castigo” a las escolares por llevar a cabo actos de protesta como quitarse el hiyab obligatorio y mostrar su cabello en público mientras vestían el uniforme escolar. Son ataques directos al derecho a la salud y a la educación y están afectando a más de 13.000 niñas, habiendo necesitado muchas de ellas atención médica urgente tras acudir a los hospitales con tos, dificultades respiratorias, irritación de nariz y garganta, palpitaciones, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y extremidades entumecidas.
El ministro de Sanidad iraní no solo permite que estos hechos sigan sucediendo, sino que además culpabilizó a las propias niñas al declarar que no había “evidencia sólida” de que hubieran sido envenenadas y aseguró que “más del 90 % de los problemas de salud habían sido causados por estrés y travesuras”.
Algo parecido sucede también en Perú. Desde que se iniciaron las protestas sociales en la Región de Puno el 7 de diciembre de 2022, al menos 67 personas, entre ellas menores de edad, han muerto siendo la causa principal el impacto de armas de fuego utilizadas como medio para dispersar las protestas y oprimir a sus manifestantes. Los ataques generalizados contra las personas que protestan en el país, en particular personas indígenas y campesinas, tienen, además, un marcado sesgo racista. El hecho de haber declarado la región en estado de emergencia no ha hecho más que incrementar el número de violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran las detenciones arbitrarias.
Varios niños y niñas migrantes sostienen un cartel durante una protesta frente al centro de transporte y logística Bruzgi en la frontera bielorruso-polaca, en la región de Grodno, Bielorrusia 25 de noviembre 2021. © REUTERS/Kacper Pempel
La brutalidad policial es sin duda el recurso más utilizado para evitar que toda aquella persona, incluyendo a menores de edad, salga a la calle de manera pacífica a protestar. Véase el caso de Colombia: en abril de 2021 se desarrollaron una serie de movilizaciones conocidas como Paro Nacional que fueron desencadenadas por una propuesta de reforma tributaria, impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en medio de la grave crisis social, económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19. Miles de personas salieron a las calles para reclamar su derecho a una vida digna. La Policía Nacional intervino en distintos momentos en el control de las movilizaciones y protestas, e hizo uso de la fuerza de manera desproporcionada, comportamiento que fue denunciado y siendo la ciudad de Cali el lugar donde mayor número de violaciones de derechos humanos se produjeron. Allí varias fuerzas policiales realizaron una incursión conjunta y atacaron con armas letales y gases lacrimógenos a las personas reunidas en una vigilia por un adolescente asesinado el día anterior.
“Corríamos como locos para salvar nuestras vidas, los disparos y los gases lacrimógenos salían de diferentes puntos, fue desmedido, no estábamos armados ni teníamos como responder a ese arsenal, usaron fusiles que usan para la guerra en contra de nosotros”, declaró un joven recordando lo sucedido esa noche. El informe Tiros a la vista pone de manifiesto las consecuencias y el daño sufrido por centenares de personas que fueron lesionadas de gravedad a causa del abuso policial de esas protestas.
En Tailandia, las autoridades han detenido, enjuiciado, vigilado e intimidado a manifestantes menores de edad por participar en protestas multitudinarias sin precedentes. A lo largo del 2020 y del año 2021, miles de tailandeses salieron a las calles de Bangkok, y en provincias de Tailandia, para exigir reformas democráticas. Fueron protestas mayoritariamente pacíficas y lideradas por adolescentes, sin embargo, la policía disparó gases lacrimógenos, cañones de agua y sobre todo utilizó munición real contra los jóvenes manifestantes, llegando a herir o a matar a muchos de ellos.
Chompoo, manifestante residente en Bangkok de 13 años, dijo a Amnistía Internacional que las autoridades la seguían desde que comenzó su activismo en marzo de 2022. Igualmente, las autoridades siguieron a un activista LGBTI de 16 años hasta su domicilio y su escuela, lo que afectó a su salud mental, pues empezó a sufrir ataques de pánico, insomnio y otros síntomas de estrés debido a la vigilancia continua.
Estos casos, nos sirven como ejemplo para ver cómo la autoridades de los diferentes países se valen de la violencia policial o de la fuerza excesiva, de las detenciones arbitrarias, el maltrato y la tortura, del abuso de poder o el enjuiciamiento por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional como medios para reprimir las manifestaciones, cuando deberían de abstenerse y proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de daño que ponga en riesgo no solo su vida y libertad, sino también su salud mental y física.
Unos niños sostienen un cartel en el que se lee: "Estamos esperando a la enfermera Alix" durante una protesta para exigir la liberación de la enfermera estadounidense Alix Dorsainvil y su hija, secuestradas por hombres armados, en Puerto Príncipe, Haití, 3 de agosto de 2023. © REUTERS/Ralph Tedy Erol
Las diferentes oleadas de protestas realizadas en todo el mundo nos tienen que recordar que hay que respetar su derecho a hablar y a ser escuchados, a expresar sus preocupaciones y a participar en asuntos que afectan su futuro. Y a reconocer a estos niños, niñas y adolescentes que están saliendo a las calles a protestar, su condición de defensores y defensoras de derechos humanos para que, como tales, reciban la debida protección.
Tal y como recoge el Art. 42 de la Convención sobre los Derechos del Niño, hay que pedir a los gobiernos que se comprometan a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a las personas adultas como a los menores de edad. Por eso, hemos de instar a los Estados a que respeten este precepto, igual que los reclama Khairiyah Rahmanyah, una joven activista de origen tailandés que manifestó lo siguiente: “como niños y niñas, se nos debe permitir que aprendamos a conocer nuestros derechos, y es responsabilidad de las personas adultas animarnos, empoderarnos y apoyarnos”.
