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Las empresas de automóviles eléctricos siguen potenciando los abusos contra los derechos humanos

Por William Nee (@williamnee), asesor de Empresas y Derechos Humanos en Amnesty International, 

Miles de amantes de los automóviles viajaron recientemente al sur de California con motivo de la inauguración del Salón del Automóvil de Los Ángeles. Sin embargo, tras la ostentación de los vehículos expuestos está el lado oscuro del sector.

Este año se presta especial atención en el Salón a los vehículos eléctricos, de los que se exhiben decenas de modelos. Los fabricantes presumen de sus últimos adelantos tecnológicos, pero ni de lejos dedican los mismos esfuerzos a impedir que en sus cadenas de suministro se comentan abusos. La industria no se abastece aún de manera responsable de cobalto, mineral esencial para las baterías de sus vehículos.

Más de la mitad del cobalto —componente fundamental de las baterías de iones de litio— de todo el mundo procede de la República Democrática del Congo (RDC). En 2016, Amnistía Internacional denunció que, allí, gran parte del mineral es extraído a mano por niños y adultos, que trabajan en condiciones de explotación y peligro, a veces en túneles muy profundos.

La clientela con conciencia ecológica tiene derecho a saber si sus nuevos automóviles son tan éticos como aseguran los anuncios publicitarios.

Seis grandes fabricantes que darán a conocer o exhibirán automóviles eléctricos a lo largo de los próximos 15 días son Daimler, Renault, Volkswagen, General Motors, Tesla, BMW y Fiat-Chrysler. A pesar de algún progreso realizado en el transcurso de 2018, Amnistía Internacional ha determinado que ninguno de ellos ha tomado medidas suficientes para garantizar que sus potenciales clientes puedan verificar si sus cadenas de suministro de cobalto no son causa de abusos.

Amnistía Internacional evaluó ya las prácticas de abastecimiento de cobalto de las empresas en noviembre de 2017. La organización determinó que las empresas de vehículos eléctricos se están quedando a la zaga de otros sectores en lo que se refiere a la limpieza de sus baterías.

En una visita realizada a Kolwezi, localidad minera del sur de RDC, un investigador de Amnistía Internacional vio que la minería artesanal y a pequeña escala de cobalto parece haber aumentado considerablemente a lo largo del último año, en consonancia con la subida del precio de este mineral como consecuencia de la creciente demanda de los consumidores.

Los abusos en las minas artesanales no son inevitables, y el gobierno de RDC ha prometido tomar medidas para regularlas mejor y eliminar el trabajo infantil antes de 2025. Sin embargo, la rápida expansión del sector hace que sea más importante que nunca que las empresas rastreen el origen de su cobalto y demuestren que no se ha extraído en condiciones peligrosas.


Dos mineros artesanales sostienen sendos montones de mineral de cobalto (izquierda) y de cobre (derecha) que han extraído del material de desecho de minas industriales activas e inactivas de las proximidades del lago Malo, en Kapata, a la afueras de Kolwezi, RDC. © AI

Los gigantes del sector carecen aún de transparencia

En octubre. Amnistía Internacional escribió a siete importantes empresas de vehículos eléctricos para saber si los controles que aplican en materia de derechos humanos son suficientes. Eran Daimler, Groupe Renault, Volkswagen, General Motors, Tesla, BMW y Fiat-Chrysler Automobiles NV. Respondieron en total seis de ellas; no hubo respuesta de Tesla.

Con arreglo a las directrices internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las empresas que utilicen cobalto extraído en RDC han de poder identificar a sus proveedores de cobalto fundido y refinado. A continuación deben hacer públicas sus evaluaciones de las prácticas de esos proveedores en materia de diligencia debida. Si no lo hacen, no hay forma de garantizar que su cobalto no es causa de abusos.

De las empresas investigadas por Amnistía Internacional, sólo dos ofrecieron información sobre el origen de su cobalto: BMW, que identificó a las empresas que le suministraban el mineral fundido o refinado, y Renault, que identificó a sus proveedores de cobalto.

Todas las empresas que respondieron a Amnistía Internacional dijeron que habían reforzado las políticas aplicables en sus cadenas de suministro y pedido más auditorías, pero ninguna había tomado la medida decisiva de revelar públicamente el resultado de sus evaluaciones de la diligencia debida de sus proveedores en materia de derechos

Señales inciertas de progreso

Volkswagen afirma haber reforzado las normas que aplica para exigir “transparencia máxima” a los proveedores, y Daimler ha hecho esfuerzos por aumentar la transparencia en las cadenas de suministro cuando concede contratos a nuevos proveedores, pero ninguna de las dos empresas ha revelado aún quienes son sus proveedores de mineral fundido y refinado.

Varias empresas dijeron que tenían iniciativas industriales conjuntas que cooperaban en las cadenas de suministro de cobalto. Aunque estos esfuerzos son positivos, por sí solos no son suficientes; las empresas tienen que asumir la responsabilidad individual de hacer limpieza en sus cadenas de suministro.

Otras empresas aseguraron estar financiando proyectos piloto que tenían por objeto recopilar datos sobre incidentes en el lugar de trabajo, producción, trabajo infantil y condiciones sociales. Es aún muy pronto para evaluar si estas iniciativas tendrán impacto.

Las iniciativas dirigidas a eliminar el trabajo infantil y garantizar que todos los trabajadores tienen condiciones de seguridad y están bien pagados son bienvenidas. No obstante, las empresas pueden y deben hacer todavía más. Deben asumir la responsabilidad de sus cadenas de suministro y tomar medidas correctivas si en alguno de sus eslabones se cometen abusos contra los derechos humanos. No debe haber excusas parar no invertir tiempo y recursos en descubrir qué es lo que mueve realmente sus automóviles.

A medida que aumenta la demanda de automóviles eléctricos, es en interés de los fabricantes del salón de este año que prueben que no se benefician de abusos contra los derechos humanos. Se lo deben a sus clientes, y también a los mineros que sufren para que puedan fabricar sus productos.

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