La pandemia de la COVID-19 ha sometido al Sistema Nacional de Salud español a una presión sin precedentes recientes en la historia del país. Un incremento de la presión que no se ha visto acompañado de medidas adecuadas orientadas a reforzar la atención primaria y a garantizar el derecho a la salud de todas las personas, lo que ha abocado al sistema a una situación cercana al colapso.
Al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales. El modelo de asistencia sanitaria se transformó de un modelo presencial a un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir contagios del virus en los centros de salud. Sin embargo, esta transición se produjo de manera brusca en un país con escasos adelantos tecnológicos en ese sentido, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos, que garantizaran el acceso a la atención primaria de las personas. El Foro de Médicos de atención primaria alertó de que en España, entre los meses de marzo y septiembre, las llamadas se incrementaron en más de un 400% en algunos centros de salud y pidió la mejora de la red de telefonía y la atención de la misma, obsoleta e insuficiente. Asimismo, las personas sin sintomatología COVID-19 que decidían trasladarse a los centros médicos ante un sistema telefónico al borde del colapso, tampoco recibieron atención sanitaria en los centros médicos, recibiendo la recomendación de volver a sus domicilios y esperar la llamada del personal sanitario, postergándose más su atención. Además, estas medidas de cierre de centros, el cambio de modelo asistencial y el puesto de triaje en los centros de salud, se llevaron a cabo sin información adecuada a la población.
Ante esta situación de cercanía al colapso asistencial, las comunidades autónomas adoptaron algunas medidas de refuerzo del sistema. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para reforzar de manera adecuada la atención primaria y garantizar el acceso a la atención sanitaria de una población con crecientes necesidades de salud, relativas no únicamente a la COVID-19 sino también a otras patologías. Ante esta falta de recursos suficientes, servicios como la atención domiciliaria se redujeron, afectando a la atención sanitaria de personas que no podían acceder a los centros por su condición física o de salud. Asimismo, las listas de espera en la atención primaria se incrementaron.
Una enfermera realiza una extracción de sangre. © Antonio Corigliano / Pixabay
La crisis arrastrada
Si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, el país afrontó la irrupción de la crisis sanitaria con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años. Mientras el Producto Interior Bruto (PIB) subió un 8.6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público en dinero constante -teniendo en cuenta la inflación- se redujo en un 11,21%.La atención primaria se vio afectada de manera especial, reduciéndose de media un 13% en esos años. Asimismo, y a pesar de que la OMS recomienda destinar el 25% del gasto sanitario a la atención primaria, en España este porcentaje se redujo y pasó de representar un 14,3% en 2009 a un 13,9% en 2018. Igualmente, antes de la pandemia, la atención primaria ya estaba infradotada de personal con un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0,77 y 0,66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que están muy alejadas de las de países como Portugal, el país con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).
Una doctora atiende a un paciente en el centro de salud. Las personas con enfermedades crónicas representan el 80% de las consultas de la atención primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios.© Tomwieden/Pixabay
Las personas que más han sufrido
Las personas que han sufrido de manera desproporcionada las barreras de acceso a la atención primaria han sido las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, con enfermedades de salud mental, las personas inmigrantes y también, de manera especial, las mujeres.
Las personas mayores, con enfermedades crónicas y enfermedades de salud mental tienen mayores necesidades de salud y por lo tanto una mayor dependencia del sistema sanitario. Un sistema que, al no contar con suficientes medios, y estar centrado principalmente en la gestión de la pandemia, no ha integrado de manera adecuada el derecho a la salud y las necesidades especiales de salud de estos grupos en el diseño de la respuesta a la pandemia. provocando una discriminación indirecta en las personas con patologías no COVID-19 y mayores necesidades de salud.
Por su parte, las personas inmigrantes han visto incrementadas sus barreras de acceso al sistema. La legislación estatal, el Real Decreto Ley7/2018, no garantiza la plena universalidad en el acceso a la atención sanitaria. Tampoco han existido campañas de información para la población inmigrante de las medidas autonómicas y algunas de estas personas han contado con barreras idiomáticas en el acceso a la atención sanitaria vía telefónica.
Finalmente, las mujeres, que representan el 75% de las personas cuidadoras, han sufrido de manera especial el impacto de una atención primaria debilitada, y han tenido que asumir mayor carga de cuidados de las personas enfermas ante la falta de recursos sanitarios accesibles. Asimismo, y en un contexto de incremento de la violencia de género en el conjunto del Estado español (las llamadas al 016 se han incrementado entre enero y abril en más de un 1.000%, y las consultas online sobre violencia de género en un 67,3%) la atención primaria podría no haber tenido la capacidad de identificar a una parte de las mujeres víctimas de violencia de género.
El 78% del personal sanitario contagiado han sido mujeres. No es de extrañar si se tiene en cuenta que ellas son mayoría (la mitad en medicina y más del 80% en enfermería). © HVesna/Pixabay
El gran esfuerzo de las y los profesionales de la salud
Por otra parte, las y los profesionales sanitarios han desempeñado un papel extraordinario en la respuesta a la pandemia. Han arriesgado su salud y su bienestar, a menudo en circunstancias muy difíciles y con muy poco apoyo para garantizar el acceso de la población a su derecho a la salud. Hacia finales de febrero, y según cifras del Ministerio de Sanidad, más de 106.000 profesionales de la salud habían contraído la COVID-19 y 63 habían fallecido como consecuencia de ella. Las mujeres, que constituyen la mayoría de la fuerza laboral del Sistema Nacional de Salud, representaron el 78% del personal sanitario contagiado. La falta de acceso a suficientes equipos de protección individual (EPI) situó a España en el mes de abril como el país de Europa con más personal sanitario infectado de Europa.
La sobrecarga asistencial, que ha llegado a alcanzar en algunos centros de atención primaria cifras de hasta 100 pacientes al día por personal facultativo, junto con una percepción de no poder atender a todas las necesidades de salud de la población y no contar con las condiciones idóneas en las que realizar diagnósticos, ha generado un incremento de problemas de salud mental y un alto grado de desgaste profesional. Las mujeres sanitarias también se han visto especialmente afectadas porque a la sobrecarga asistencial han sumado el trabajo de cuidados en el espacio doméstico, conllevando niveles adicionales de estrés y sufrimiento.
Amnistía Internacional considera que el derecho a la salud se ha vulnerado durante la pandemia. Las causas no se encuentran únicamente en una situación coyuntural de la actual emergencia santitaria, sino en cuestiones estructurales que tienen que ver con un sistema infradotado en términos materiales y humanos, con una inversión alejada de la de los países europeos.
