El pasado martes 7 de marzo, la Cámara de representantes filipina aprobó en su tercera y última lectura el proyecto de ley que reintroduce la pena de muerte en el Código Penal del país. Se trata de una medida impulsada por la coalición de la mayoría del presidente Duterte. La aprobación final de esta ley supondría para Filipinas una flagrante violación de sus obligaciones internacionales y agravaría el clima de violencia que se desencadenó cuando el presidente puso en marcha su particular “guerra contra las drogas”.
Amnistía Internacional publicó recientemente el informe “If you are poor, you are killed: Extrajudicial Executions in the Philippines “War on drugs”. Este informe demuestra que la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas, al tiempo que altera pruebas, contrata asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes. La mayoría de estas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Agentes de policía realizaron allanamientos a altas horas de la noche. Sin intentar practicar detenciones, abrieron fuego contra personas desarmadas. En algunos casos, según los testigos, los funcionarios colocaron drogas y armas que después presentaron como pruebas. Es el caso de Ulyses Baja, de 33 años y acusado de consumo y venta de drogas. Cuando fue abatido por la policía, solo le había dado tiempo de levantar los brazos en alto y gritar: “Ya lo he dejado”. Apareció unas horas más tarde en el depósito de cadáveres, donde un familiar le reconoció. Tenía un agujero de bala en la cara y tres más en su pecho y abdomen. Ulyses fue víctima de una ejecución extrajudicial.
La policía examina los cadáveres de dos presuntos narcotraficantes muertos en un tiroteo con la policía el pasado 9 de octubre de 2016 en Manila, Filipinas. © Dondi Tawatao/Getty Images
Vuelve la pena de muerte
La vida de otros detenidos que tuvieron más suerte que él corre ahora un nuevo peligro con la modificación del Código Penal. Se trata del proyecto de ley que pretende reintroducir la pena de muerte y que fue aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención. El Portavoz de la Cámara amenazó abiertamente a algunos miembros del Congreso con el cese de sus cargos si se atrevían a votar en contra o incluso si se abstenían. El texto legislativo pasará ahora al pleno del Senado para su aprobación final, siendo la última esperanza real de que Filipinas respete sus acuerdos sobre derechos humanos. En 2007, Filipinas se comprometió a la supresión de la pena capital en el interior de sus fronteras. Desde entonces ha sido un activo defensor de la abolición de la pena de muerte, liderando varias iniciativas en este sentido en foros internacionales. Así mismo ha trabajado para conmutar sentencias de muerte de ciudadanos filipinos en el extranjero. Este compromiso no puede ser revocado ahora de forma unilateral.
Varios residentes miran a la policía durante la campaña "Oplan Tokhang" en la que fueron casa por casa en una comunidad informal de colonos en Manila buscando drogas, 6 de octubre de 2016. © NOEL CELIS/AFP/Getty Images
¿Qué delitos se castigarán con la pena de muerte?
La pena de muerte se aplicaría a delitos relacionados con el tráfico y la posesión de pequeñas cantidades de drogas. Las personas sentenciadas a muerte serán ejecutadas mediante una inyección letal, un pelotón de ejecución o la horca. Las organizaciones de derechos humanos consideran que se violaría el derecho internacional de los derechos humanos y que no se frenaría la delincuencia. En lugar de instaurar la pena de muerte como solución a la criminalidad, el gobierno debería garantizar que se mantiene la justicia y los derechos humanos en el país mientras se persigue a la delincuencia.“La pena de muerte se aplicaría a delitos relacionados con el tráfico y la posesión de pequeñas cantidades de drogas. Las personas sentenciadas a muerte serán ejecutadas mediante una inyección letal, un pelotón de ejecución o la horca.”Andrés Zaragoza
La pena de muerte en Asia
Hoy en día 141 países han abolido en la práctica la pena de muerte. En la región de Asia-Pacífico han sido 19 los países que la han suprimido para todos los delitos, y otros 8 son abolicionistas en la práctica. El nuevo Código Penal de Mongolia que deroga la pena capital para todos los delitos entrará en vigor en julio de 2017. Reinstaurar la pena de muerte mina las obligaciones del gobierno de garantizar el respeto, la protección y la observancia de los derechos humanos. Estos principios figuran en el corazón de un movimiento popular que una vez restauró la democracia constitucional en Filipinas. El voto afirmativo es una vergüenza y una afrenta a la historia de un país que ha liderado hasta hoy el discurso de los derechos humanos en Asia. La aprobación del proyecto de Ley que pretende reintroducir la pena de muerte es un grave paso atrás. También lo son las ejecuciones extrajudiciales, que violan las leyes internacionales, privan a las personas del derecho a la vida y afectan de forma desproporcionada a los pobres.
