El cambio climático no golpea a todos los países por igual. Mientras los que más contaminan miran hacia otro lado, millones de personas en todo el mundo son víctimas de desastres extremos, desplazamientos forzados, hambre y enfermedades.
Gobiernos que no causaron esta crisis se endeudan para sobrevivir. Comunidades indígenas pierden sus tierras. Activistas climáticos sufren amenazas, cárcel o incluso la muerte. Y aun así, hay quienes resisten, denuncian y siembran esperanza. Esta radiografía global está basada en el informe anual de Amnistía Internacional 2024, que alerta sobre cómo la emergencia climática y la insuficiente o nula respuesta de los gobiernos afecta al derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, arrasa otros derechos humanos y profundiza la desigualdad. Si quieres entender dónde y cómo ocurre —y por qué esto es un problema de justicia global—, te lo contamos.
1.- África y la injusticia climática: quienes menos contaminan, más sufren
Mujeres desplazadas esperan su ración de comida junto a un camión del Programa Mundial de Alimentos. Las inundaciones causadas por el cambio climático han dejado a cientos de miles de personas atrapadas bajo el agua. © Simon MAINA / AFP
Mientras los países ricos —principales responsables del cambio climático— siguen sin aportar los fondos necesarios para que las naciones más vulnerables se adapten al desastre climático, millones de personas en África pagan las consecuencias con sus vidas, hogares e infraestructuras.
En 2024, el continente sufrió una combinación devastadora de sequías extremas, lluvias torrenciales e inundaciones. En Níger, al menos 339 personas murieron y más de 1,1 millones resultaron afectadas. A pesar de la magnitud de la catástrofe, siguen sin existir planes efectivos para prevenir futuros desastres. Mientras tanto, continúa la construcción en zonas de alto riesgo, como la ribera del río Níger.
En Malí, al menos 177 personas murieron por la misma causa. En Madagascar, el ciclón Gamane desplazó a más de 20.000 personas y destruyó infraestructuras clave.
En Ghana, la minería y la tala ilegales siguieron devastando ecosistemas. Desde 2001 se han perdido 1,64 millones de hectáreas de bosques. Además, la contaminación de ríos por minería ilegal alcanzó niveles extremos: el 60% de los cursos de agua eran inservibles. La producción de cacao —de la que dependen miles de familias— cayó en picado por el cambio climático y la minería, y, aunque el gobierno subió el precio pagado a los productores, las comunidades rurales consideraron la medida insuficiente. Además, el país recibió toneladas de ropa de desecho de la industria de la moda rápida, que acabaron contaminando ríos, playas y lagunas.
En Sierra Leona, el 43 % de la población estuvo expuesta a la degradación de la tierra. La deforestación —causada por la minería, la tala ilegal y prácticas agrícolas insostenibles— avanzó sin freno, situando al país entre los que tienen las tasas de pérdida forestal más altas del mundo. Aunque el gobierno tomó algunas medidas positivas, como adherirse al Acuerdo de la OMC para eliminar las subvenciones que favorecen la pesca ilegal, estas acciones aún son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Según el Banco Mundial, Sierra Leona sigue siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Lo más indignante para este continente es que, para hacer frente a esta emergencia, muchos gobiernos africanos se están endeudando: Costa de Marfil destinó 1.300 millones de dólares a fortalecer su resiliencia climática en 2024; Namibia anunció una inversión de 10.000 millones en hidrógeno verde… Esto es un problema de justicia climática. Los países africanos están asumiendo deudas para adaptarse a una crisis que no causan. África representa menos del 4% de las emisiones históricas globales, pero está entre las regiones más golpeadas por el cambio climático. En vez de recibir el financiamiento climático por parte de los países ricos, principales responsables de la crisis climática, muchos gobiernos africanos tienen que recurrir a préstamos y fondos propios. Esto no sólo limita sus presupuestos para salud, educación o servicios sociales, sino que además profundiza su dependencia económica y agrava las desigualdades estructurales.
Afortunadamente, también hubo señales esperanzadoras. En República del Congo, se suspendió una planta recicladora por riesgos ambientales; mientras que en Senegal, se frenó la minería en la ribera del río Falémé por el uso de sustancias químicas peligrosas.
2.- América en llamas (y bajo el agua): cuando el cambio climático arrasa derechos
Guerreras por la Amazonía: trece niñas y adolescentes ecuatorianas enfrentan intimidación por defender su territorio de los mecheros de gas que contaminan la Amazonía y agravan la crisis climática. © Private
En el continente americano muchos gobiernos agravaron la crisis apostando por más petróleo, más gas y menos protección ambiental. En lugar de abandonar los combustibles fósiles, países como Brasil, Ecuador y Venezuela aceleraron su extracción. Estados Unidos y Canadá, dos de los mayores emisores históricos del planeta, no hicieron lo suficiente para reducir su dependencia energética, y llegaron incluso a bloquear un nuevo acuerdo de financiación climática durante la COP29.
Incendios fuera de control, gobiernos fuera de juego
La región ardió, literalmente. Incendios forestales masivos arrasaron ecosistemas clave y pusieron en jaque la capacidad de la Amazonía para seguir actuando como pulmón del planeta. Las más perjudicadas, como siempre, fueron las comunidades indígenas y rurales, cuyos territorios y medios de vida siguen sin estar protegidos.
En Brasil, el 54,5% de todos los incendios forestales de Sudamérica se concentraron allí en 2024. La deforestación en el Cerrado y la Amazonía superó los 8.200 km² y la actividad minera invadió incluso tierras indígenas. El gobierno demoró su respuesta y no se tomaron medidas de envergadura hasta bien entrado el 2024.
En Argentina, la preocupación escaló tras las declaraciones del presidente, quien tachó el cambio climático de “mentira del socialismo” y anunció su intención de cancelar los compromisos del país con la Agenda 2030. También intentó aprobar leyes regresivas que permitirían deforestar áreas protegidas y expandir la minería en zonas glaciales.
Inundaciones, sequías y enfermedades: la emergencia humanitaria del clima
Las lluvias también arrasaron territorios. Las inundaciones en Brasil dejaron un saldo dramático: 2,3 millones de personas afectadas, 600.000 desplazadas, 183 muertas y 28 desaparecidas solo en el estado de Río Grande del Sur. Las consecuencias incluyeron brotes de leptospirosis y enfermedades diarreicas, con miles de casos confirmados. Los pueblos indígenas fueron particularmente golpeados: más de 16.000 personas vieron sus hogares devastados.
En Honduras, el mar avanzó y arrastró consigo casas y medios de vida, especialmente en el Golfo de Fonseca. En México, la comunidad de El Bosque, que había sido desplazada tras la subida del nivel del mar y la destrucción de sus viviendas e infraestructuras esenciales, comenzó un proceso de reubicación que fue lento en 2024: muchas familias todavía esperan una vivienda y temen perder su modo de vida tradicional. Desde Amnistía Internacional subrayamos que el Estado debe garantizar una reubicación digna, participativa y que proteja los derechos de todas las personas afectadas.
Mientras tanto, muchas regiones sufrieron el extremo opuesto: sequías históricas. En Brasil nuevamente, el 58% del país tuvo que hacer frente a la peor sequía en 75 años.
3.- Asia: cuando el calor, las inundaciones y la contaminación castigan a las comunidades más vulnerables
La crisis climática ya está aquí: millones de personas en todo el mundo enfrentan sequías extremas, pérdida de tierras cultivables y desplazamientos forzados por el avance de la desertificación. © Freepik
En Asia y Oceanía, el cambio climático golpeó a las comunidades más pobres y marginadas con olas de calor abrasadoras, inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y niveles de contaminación del aire fuera de control.
Desastres sin tregua
En el sur de Asia, las cifras de 2024 hablan por sí solas: al menos 113 personas murieron por las inundaciones en Assam, India; más de medio millón fueron desplazadas en Bangladés; y cientos más perdieron la vida o sus hogares en Afganistán, Nepal y Pakistán.
En India, además de las inundaciones en Assam, las olas de calor causaron al menos 100 muertes y afectaron directamente a unas 40.000 personas, sobre todo en comunidades ya vulnerables. En ciudades como Delhi o Lahore, el aire se volvió literalmente irrespirable, con niveles de contaminación que pusieron en riesgo la salud de millones de personas, mientras las autoridades minimizaban el problema. Según Climate Action Tracker, las metas climáticas de India son “muy insuficientes” y no cumplen con el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París.
Promesas rotas, combustibles fósiles al alza
Mientras las consecuencias climáticas se multiplicaron en 2024, muchos gobiernos siguieron apostando por modelos energéticos contaminantes. En la COP29, varios países de renta alta y grandes emisores se unieron para bloquear un acuerdo justo de financiación climática. La región fue testigo de una paradoja dolorosa: quienes menos han contaminado, siguen pagando el precio más alto.
En Australia, el gobierno amplió los proyectos de carbón y gas, y el país se consolidó como uno de los principales productores de combustibles fósiles del mundo. Sin ningún plan real de eliminación gradual, se proyecta que la producción aumente más de un 5% antes de 2030, lo que contradice por completo los compromisos internacionales. Además, la contribución australiana a la financiación climática fue calificada de rotundamente insuficiente, dejando a muchas comunidades del Pacífico —las más amenazadas por el aumento del nivel del mar— sin el apoyo prometido.
Luces y sombras en la transición energética
Afortunadamente hubo algunas señales esperanzadoras. China alcanzó un hito importante: por primera vez, su capacidad de generación de energías renovables superó a la de combustibles fósiles. Se adelantó seis años a su objetivo para 2030 en energías solar y eólica. Sin embargo, el consumo energético del país siguió dependiendo en gran parte del carbón, y el ritmo de construcción de nuevas centrales —tanto dentro como fuera de China— sigue siendo alto. La mejora sostenida en la calidad del aire se frenó, y Greenpeace alertó sobre el aumento de nuevas licencias para plantas térmicas.
Defender el clima sigue siendo un riesgo
En Vietnam, la conocida activista climática Hoang Thi Minh Hong volvió a declararse en huelga de hambre desde prisión, donde cumple condena tras un juicio considerado injusto. En Camboya, diez activistas del movimiento Mother Nature fueron condenados por "conspiración" e "injurias al rey", en una clara señal de que el activismo ambiental sigue siendo criminalizado.
Mientras tanto, las islas del Pacífico lideraron un gesto histórico al llevar la justicia climática a la Corte Internacional de Justicia, pidiendo que se aclare la responsabilidad legal de los países emisores frente a las comunidades más afectadas por el cambio climático.
4.- Europa y Asia Central: represión, contaminación y falta de acción climática
Un hombre mayor recibe atención médica por una enfermedad causada por las aguas contaminadas en Pakistán tras el desastre climático de 2024. © Shakil Adil / Amnesty International
Mientras el planeta clama por una transformación urgente, muchos gobiernos de Europa y Asia Central siguen apostando por los combustibles fósiles, la represión y la inacción climática. El resultado: más víctimas, más desigualdad, y un futuro cada vez más incierto.
Emergencias ignoradas, planes insuficientes
En 2023, España actualizó su Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y subió su objetivo de reducir emisiones al 32% para 2030 respecto a 1990, aunque sigue lejos del 55% que pide la Unión Europea. El 29 de octubre de 2024, una DANA provocó lluvias e inundaciones graves, causando la muerte de 235 personas, la mayoría en Valencia, y afectando a miles más. Según la investigación de Amnistía Internacional, la Generalitat Valenciana, responsable de la gestión de la emergencia, no avisó a tiempo ni dio información clara sobre el riesgo, lo que hizo que mucha gente no pudiera ponerse a salvo. La alerta llegó tarde y hubo falta de coordinación, lo que aumentó la sensación de abandono. Amnistía denuncia que esta mala gestión puso en peligro la vida de miles de personas y exige una investigación exhaustiva y mejoras en los sistemas de alerta y comunicación para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
En Grecia, una ola de calor extremo y una serie de incendios forestales arrasaron el país entre agosto y septiembre de 2024, provocando al menos tres muertes y la destrucción de miles de hectáreas. Según estudios científicos, el cambio climático está agravando la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, y si la temperatura global sube 3°C, las muertes por calor podrían casi triplicarse en el país.
Combustibles fósiles, represión y extractivismo
Azerbaiyán, anfitrión de la COP29, usó su papel para lavar su imagen, pero sobre el terreno reprimió voces críticas y limitó la participación de la sociedad civil.
En Uzbekistán, la capital Taskent se situó entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. El 83% de la población está expuesta a niveles de partículas finas seis veces superiores a los recomendados por la OMS, causando unas 3.000 muertes prematuras al año. A esto se suma la desertificación, agravada por la desecación del mar de Aral. En respuesta, el gobierno lanzó un programa de reforestación con especies resistentes a la sequía en zonas como Karakalpakistán.
Kazajistán, uno de los 30 países más contaminantes del mundo, fue duramente golpeado por las peores inundaciones en décadas. Se declaró el estado de emergencia en 10 de las 17 regiones, y decenas de miles de personas fueron evacuadas. El agua contaminada por enterramientos de ganado con ántrax agravó la ya precaria situación de acceso al agua potable, especialmente en zonas rurales.
Aire irrespirable, niños y niñas en peligro
En Pakistán, las olas de calor causaron al menos 45 muertes en Karachi, aunque ONG locales creen que el número real es mucho mayor. Más de 140.000 personas fueron desplazadas por lluvias estivales en Sind. Los apagones prolongados y la falta de ayuda humanitaria afectaron de forma desproporcionada a niños y niñas, personas mayores, con discapacidad y mujeres.
En octubre de 2024, el país consagró por primera vez el derecho a un medioambiente limpio y saludable en su Constitución. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese principio: en ciudades como Lahore y Multan, la contaminación del aire multiplicó por 100 los niveles seguros de partículas PM2.5, según la OMS. Entre octubre y noviembre, se registraron casi 2 millones de casos de enfermedades respiratorias, y 11 millones de niños y niñas estuvieron expuestos a un aire tóxico, según UNICEF.
5.- Oriente Medio y Norte de África: la emergencia climática se agudiza mientras los gobiernos miran hacia otro lado
Las lluvias extremas vuelven a Dubái: un trabajador municipal recorre una calle inundada tras nuevas tormentas, apenas dos semanas después de un episodio de precipitaciones récord atribuido al cambio climático. © Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images
En 2024, los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África siguieron apostando por los combustibles fósiles en lugar de priorizar la justicia climática. La región tuvo que hacer frente a las consecuencias más letales: olas de calor extremo, sequías prolongadas, tormentas de polvo, escasez de agua y niveles tóxicos de contaminación del aire. Todo ello agravado por una gestión ambiental deficiente y, en muchos casos, por represión o indiferencia estatal.
Crisis hídrica, calor extremo y abandono gubernamental
En Irak, uno de los países más vulnerables, la escasez de agua es ya crónica. La contaminación del aire y los ríos, la deforestación y la falta de una estrategia para el tratamiento de residuos han provocado nuevos brotes de enfermedades, especialmente en comunidades desplazadas y marginadas.
En Jordania, el agua disponible apenas alcanza para cubrir dos tercios de la demanda nacional. El país es uno de los más secos del mundo, y la falta de medidas estructurales agrava la emergencia hídrica año tras año.
En Kuwait, las temperaturas en mayo de 2024 se situaron entre 4 y 5ºC por encima del promedio histórico, marcando nuevos récords de calor. Sin embargo, el gobierno anunció planes para aumentar su producción de petróleo hasta 2035, tras el descubrimiento de nuevas reservas.
Combustibles fósiles ante todo, cueste lo que cueste
Arabia Saudí, uno de los países con más emisiones de gases de efecto invernadero per cápita del mundo, bloqueó cualquier intento de incluir en los acuerdos de la COP29 una mención explícita a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. A pesar de afirmar que alcanzará la neutralidad de carbono en 2060, el país no ha presentado ningún plan detallado ni cuenta con un marco legal que respalde esa promesa. De hecho, lejos de reducir su dependencia del petróleo, Arabia Saudí planea aumentar su capacidad de producción entre 2025 y 2027.
Bahréin se comprometió a reducir un 30% sus emisiones para 2035 y alcanzar la neutralidad climática en 2060. Sin embargo, en paralelo, solicitó un préstamo de 500 millones de dólares para abrir 400 nuevos pozos petroleros y 30 de gas. La contradicción entre promesas y práctica es evidente.
Emiratos Árabes Unidos, el país que organizó la COP28, siguió apostando por el petróleo. Mientras aumentaba su producción y pedía a otros países exportar más crudo a través de su empresa estatal ADNOC, intentó cerrar nuevos acuerdos petroleros incluso durante la cumbre climática, según la organización Global Witness. Aunque tiene un plan contra el cambio climático, depende demasiado de tecnologías poco fiables para atrapar el carbono, y su modelo de financiación busca atraer inversores privados más por beneficio económico que por justicia climática.
En Argelia, la sequía golpeó con fuerza. Según la Comisión Europea, los efectos afectan a la agricultura, el acceso a agua potable, la energía y la biodiversidad. En respuesta, el gobierno anunció la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales para que, en 2030, el 60% del agua de riego provenga de fuentes tratadas. Pero mientras tanto, las protestas estallaron en la región de Tiaret por la escasez de agua, y el país siguió entre los nueve mayores quemadores de gas del mundo, a pesar de sus graves consecuencias sanitarias.
Gaza: devastación ambiental por la guerra
En Gaza, el impacto ambiental de los bombardeos es catastrófico. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, los escombros de infraestructuras destruidas, el uso de fósforo blanco y los residuos médicos e industriales están liberando niveles extremadamente altos de sustancias tóxicas. Incluso si los bombardeos cesaran de inmediato, se necesitarían al menos 45 años para limpiar y reciclar los escombros. La crisis climática se entrelaza aquí con la ocupación, la guerra y la impunidad. Los impactos en el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible se suman a la insoportable lista de violaciones de derechos humanos de la población palestina por parte de Israel.
6.- ¿Dónde están las soluciones? La respuesta de Amnistía Internacional
“Salva el planeta”: el grito urgente de millones de personas que exigen acción climática real para proteger nuestro futuro común. © Freepik
A pesar de los compromisos públicos y las cumbres internacionales, la mayoría de los gobiernos siguen priorizando la rentabilidad del petróleo y el gas por encima de la vida y la salud de las personas. Muchos países ni siquiera cuentan con planes reales de adaptación, y las personas más vulnerables —como las comunidades desplazadas, rurales o empobrecidas— son quienes sufren las consecuencias más graves.
Para Amnistía Internacional, los gobiernos deben actuar ya y abandonar las promesas insuficientes o vacías, las cumbres sin resultados y la confianza en soluciones tecnológicas no probadas y con riesgos para los derechos humanos. Es urgente abandonar los combustibles fósiles, reducir drásticamente las emisiones y apoyar financieramente la adaptación climática justa, basada en derechos humanos.
