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Justicia para Venezuela

Las fuerzas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro son responsables de ejecuciones extrajudiciales, de uso de fuerza excesiva contra manifestantes y de la detención arbitraria de centenares de personas.

Este es el caso de miles de venezolanos víctimas de las Fuerzas de Seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro, que se han ensañado con quienes salieron a las calles en enero a exigir alimentos, medicinas y un cambio de gobierno.

En lugar de buscar soluciones y dialogar, las autoridades respondieron enviando militares y policías a las calles para reprimir y castigar a quienes piensan diferente. En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante las protestas, todas por heridas de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, entre ellas 137 adolescentes.

Alixon Pizani, panadero de 19 años, falleció el 22 de enero por una bala en el tórax, cuando protestaba con un grupo de amigos en Catia, al oeste de Caracas. Según testigos, un oficial con uniforme de la Policía Nacional Bolivariana montado en una moto disparó con un arma corta de forma aleatoria contra la multitud, hiriendo a dos personas gravemente. Sin que ninguna autoridad le brindara auxilio, Alixon fue trasladado a un centro de salud, donde murió.

Además, las autoridades estatales ejecutaron extrajudicialmente y de forma selectiva a personas que habían participado en las protestas, y que luego fueron presentadas como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.

Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Maduro lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Un día antes, se había hecho viral un audio donde se anunciaban protestas contra Maduro y en el que se le mencionaba como uno de los organizadores.

El día 24, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, entraron en la casa de y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, incluidos seis niños. Tras ubicar a Luis Enrique, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.

Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la policía hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.

Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.

En Venezuela acceder a la justicia es casi imposible a causa de la debilidad de las instituciones. Por eso es necesario que se abran vías de justicia internacional. Pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que cree un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

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