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Turquía: los derechos que tanto ha costado conseguir no pueden ser arrebatados

Un policía turco apunta con su arma a una mujer, pidiéndole que deje el paquete que está llevando, frente del palacio de justicia. © ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images
Un policía turco apunta con su arma a una mujer, pidiéndole que deje el paquete que está llevando, frente del palacio de justicia. © ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images
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Esta acción ha finalizado. Hemos sido 14.412 firmantes

Más de 14.000 personas habéis firmado la petición de Amnistía Internacional en contra de la pérdida de derechos que tanto ha costado conseguir en Turquía. Tras el fallido golpe de Estado ha habido más de 40.000 personas detenidas, sobre 85.000 personas han sido suspendidas o despedidas de su trabajo y se han cerrado multitud de escuelas, universidades o medios de comunicación.

La campaña ha llamado la atención a las autoridades turcas. Mantuvimos una reunión en la Embajada de Turquía en España donde hemos hecho llegar nuestras preocupaciones reclamando que se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas.

En Amnistía Internacional seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean respetados en Turquía, y recordaremos que a día de hoy no es un país seguro ni para la población turca ni para la población refugiada.

¡Gracias por tu colaboración!

Petición antes del cierre

Existen temores fundados por los derechos y las libertades de las personas en Turquía, como resultado de una represión de proporciones excepcionales tras el intento fallido de golpe de Estado el 15 de julio de 2016.

Los abusos que tuvieron lugar durante el intento de golpe deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia, pero los derechos humanos deben ser garantizados durante todo este proceso. En un momento de gran temor e incertidumbre, el gobierno no debe pisotear los derechos de las personas. 

Amnistía Internacional tiene informes fidedignos de que en Ankara y Estambul la policía turca mantiene a las personas detenidas en posturas forzadas durante hasta 48 horas, negándoles comida, agua y tratamiento médico e insultándolas y amenazándolas. En los peores casos, algunas han sido sometidas a duras palizas y a tortura, incluida la violación. 

En una situación donde casi 15.000 personas se encuentran detenidas en la actualidad, en medio de denuncias de tortura y malos tratos, y donde se está llevando a cabo una purga de más de 45.000 personas en los ministerios del Estado y los medios de comunicación, los amplios poderes que confiere el estado de excepción podrían preparar el terreno a una restricción aún mayor del ejercicio de los derechos humanos.

El estado de emergencia no anula en ningún caso las obligaciones de Turquía en virtud del derecho internacional y no debe eliminar libertades y garantías que tanto ha costado conseguir.

Nadie puede sentirse seguro cuando no se respetan los derechos humanos. 

Exige al presidente Erdogan que no arrebate los derechos que tanto ha costado conseguir.