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Tailandia: Condenados a prisión por denunciar torturas

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Gracias a todas las personas que han participado en esta ciberacción. Muchas habrán recibido la carta de repuesta de la embajada de Tailandia en España, insistiendo en que la denuncia contra los tres activistas, incluida la presidenta de Amnistía Internacional Tailandia, es una respuesta a la publicación de un informe en el que se documentan 54 casos de tortura que ellos afirman no tienen fundamento ni hay pruebas que los sustancien.

Amnistía Internacional seguirá pidiendo a las autoridades tailandesas que suspendan de inmediato la investigación criminal, retiren los cargos contra estos tres activistas y ordenen una investigación independiente e imparcial de las gravísimas violaciones de derechos humanos que han sacado a la luz.

Petición antes del cierre

Tres de los activistas de derechos humanos más destacados de Tailandia, dos mujeres y un hombre, se enfrentan a cinco años de prisión y una multa de 4,800 dólares estadounidenses por cargos de “difamación” y “delitos informáticos” por documentar y publicar un informe sobre 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad tailandesas.

Pornpen Khongkachonkiet (presidenta de la junta directiva de Amnistía Internacional), Somchai Homla-or (miembro de Cross Cultural Foundation) y Anchana Heemmina (miembro de Duay Jai Group) fueron acusados formalmente el 26 de julio de dichos cargos. El hecho de que esto pueda ocurrir a tres activistas sobradamente conocidos significa que el gobierno militar está enviando el mensaje de que ninguna persona está a salvo ni fuera de su alcance.

De hecho, desde el golpe de Estado de 2014, el gobierno militar de Tailandia ha intensificado sus esfuerzos para acallar todas las formas de disidencia, imponiendo amplias restricciones del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sólo en los últimos tres meses, las autoridades han formulado cargos contra más de 100 personas por oponerse a un proyecto de Constitución.

El estado debería proteger a los activistas de derechos humanos y no a las fuerzas de seguridad para evitar que rindan cuentas.

Pide a la Embajada de Tailandia que suspendan inmediatamente la investigación criminal a los tres activistas acusados por su trabajo en defensa de los derechos humanos.