La construcción de estadios e infraestructuras para el Mundial esconde abusos generalizados de derechos humanos contra trabajadores migrantes.
Esta acción ha finalizado (24 de abril de 2014)
Las firmas recogidas en esta acción, conjuntamente con otras reunidas a nivel mundial, se entregarán a las autoridades de Qatar en el marco de una revisión sobre el estado de cumplimiento de derechos humanos del país que se realizará en Naciones Unidas. Desde Amnistía Internacional seguiremos ejerciendo presión para que las autoridades de Qatar cumplan las normas internacionales sobre derechos laborales y reformen un sistema de patrocinio por el que los trabajadores deben contar con el permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo y hasta para poder dejar el país.
¡Gracias a las personas que han participado en esta acción!Petición antes del cierre
“
Por favor ayúdennos, nuestra empresa no nos ha pagado desde hace cuatro meses. No tenemos dinero ni para comer. Si lo denunciamos podríamos perder el trabajo. Por favor, manden este mail a alguien que nos pueda ayudar”. E mail recibido por Amnistía Internacional de trabajadores migrantes de la construcción en Qatar. Miles de
trabajadores migrantes, principalmente de países asiáticos, llegan a Qatar en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Un vez allí, son objeto de numerosos
abusos de derechos humanos. Un sistema llamado “de patrocinio” exige que los trabajadores obtengan el permiso de sus empleadores para cambiar de trabajo o para abandonar el país. En muchos casos sus pasaportes son retenidos, de manera ilegal. Como consecuencia, las personas quedan atrapadas en Qatar, indocumentadas y expuestas a ser detenidas y deportadas a sus países.
Las empresas pagan salarios por debajo de lo contratado, o incluso no pagan ningún salario. Los trabajadores son obligados a trabajar durante un excesivo número de horas y en condiciones peligrosas. Viven en
condiciones insalubres y de hacinamiento y sufren actitudes discriminatorias. Amnistía Internacional oyó cómo un gerente de una empresa se refería a los trabajadores como “los animales”. Algunos de los trabajadores que habían sufrido abusos trabajaban para
subcontratas de empresas multinacionales, como
Qatar Petroleum,
Hyundai E&C y
OHL Construcción. La denuncia de esta situación es prácticamente imposible. La ley establece que las personas migrantes no pueden formar parte de una asociación o un sindicato, incumpliendo así la normativa internacional que establece que la libre asociación y reunión son derechos universales. Asimismo, los trabajadores que deciden denunciar esta situación ante los tribunales deben pagar unas tasas judiciales de 165 dólares norteamericanos, el salario de un mes. Las mejoras establecidas en la ley por las autoridades son claramente insuficientes.
El Gobierno debe cumplir las normas internacionales sobre derechos laborales y reformar un sistema de patrocinio por el que los trabajadores quedan a merced de sus empleadores.