Acción
Manahel al-Otaibi y Salma al-Shehab: encarceladas por defender los derechos de las mujeres saudíes
No al indulto de Fujimori
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Amnistía Internacional lamenta la noticia del indulto concedido a Alberto Fujimori el pasado 24 de diciembre en medio de dudas sobre la trasparencia, objetividad y el respeto al debido proceso que deberán ser resueltas de forma urgente por el presidente Kuczynski. El indulto se produjo solo tres días después de que se votara en el Congreso una moción para destituirle.
El indulto a Fujimori anula los efectos de la sentencia de 2009 por delitos de lesa humanidad, lo que va en contra de las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional. Además, debilita la lucha contra la impunidad en el Perú al librar a Fujimori de un proceso penal que sigue en curso por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la sierra central del país. Seguiremos luchando por la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el Perú.
Gracias por vuestro apoyo.
Petición antes del cierre
No puede ni debe haber retroceso en materia de crímenes sancionados por el derecho internacional.
El actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha declarado en varias ocasiones la posibilidad de que el ex presidente Alberto Fujimori pueda ser indultado. Además, el Ministro de Justicia y el Comité de Gracias Presidenciales (quienes preparan este tipo de indultos) han sido cambiados. En 2009 Alberto Fujimori fue declarado culpable de asesinato, secuestro y lesiones graves perpetrados por subordinados suyos contra decenas de personas, mientras él ocupaba la jefatura del Estado. Fue condenado a 25 años de cárcel por delitos que constituían crímenes de lesa humanidad. La sentencia a Alberto Fujimori representa un momento decisivo en la lucha contra la impunidad en el Perú y Latinoamérica en general, y muestra que nadie está exento de rendir cuentas por violaciones de derechos humanos. El indulto a una persona responsable crímenes de esta gravedad afectará en la práctica la condena impuesta por la justicia peruana y violará las obligaciones que el derecho internacional le impone al Perú. Además, tendrá el efecto de minar la lucha contra la impunidad y podría interpretarse como un acto que persigue proteger a esa persona de su responsabilidad penal por estos crímenes. Un indulto que anule el efecto jurídico de una condena por un crimen de derecho internacional debe distinguirse de una medida humanitaria motivada por la existencia de una enfermedad grave que, según estándares y procedimientos establecidos, mantiene la condena impuesta y transfiere a la persona condenada que está gravemente enferma a un hospital penitenciario o a un arresto domiciliario. Tampoco dicho indulto debería impedir la continuidad del proceso penal por la ejecución de seis pobladores en Pativilca, localidad al norte de Lima, cometida por agentes del Estado, y cualquier otra investigación pendiente en su contra por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. El gobierno de Kuczynski tiene la responsabilidad de que se haga una efectiva lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, o que haya un retroceso grave en los derechos humanos.
