El G-20 debe tomar medidas para detener el brote de Ébola

En el marco de la reunión del G-20 en Australia los días 15-16 de noviembre, los estados miembro deben asegurar los recursos necesarios para detener el Ébola.

Más de 13.000 casos de Ébola han sido declarados en ocho países este año, y casi 5.000 personas han perdido la vida a causa del virus. Al menos 3.700 niños y niñas han quedado huérfanos o han perdido uno de los progenitores como consecuencia de ello. Mientras Guinea, Liberia y Sierra Leona continúan haciendo frente a la propagación de este virus, la respuesta internacional a la epidemia de Ébola ha sido muy lenta y sigue siendo inadecuada. Además de la necesidad de un mayor apoyo financiero, existe una grave escasez de personal humanitario y médico. Los sistemas de salud en Liberia y Sierra Leona ya estaban debilitados por los años de conflicto armado y la escasez de personal y de infraestructuras. Ahora están colapsando por la presión derivada de la respuesta al virus. Sin una acción urgente y sustancial, la epidemia se expandirá significativamente y se perderán muchas más vidas. La Organización Mundial de la Salud prevé 10.000 casos por semana en diciembre. Todos los gobiernos que tengan la capacidad para hacerlo, tienen una obligación bajo el derecho internacional de adoptar medidas urgentes para ayudar a los estados afectados a afrontar el virus del Ébola y proporcionar cooperación y asistencia internacional a los estados que así lo requieran. Deben responder con rapidez y aumentar significativamente sus contribuciones y abordar también la necesidad de desplegar más personal cualificado y médico. En respuesta a la crisis, Naciones Unidas ha desarrollado una estrategia para detener la transmisión, tratar a las personas enfermas, garantizar los servicios esenciales, preservar la estabilidad y prevenir la extensión a nuevas localidades. El Marco de la ONU para la respuesta mundial a la epidemia del Ébola: Bases para una Coalición de Respuesta Global al Ébola describe la aplicación de la estrategia y anima a las partes interesadas para adaptar su papel y/o el apoyo en torno a un conjunto común de objetivos dentro de los 30, 60 y 90 días.