Filipinas: La policía dispara primero, pregunta después

Mujer con su hija junto con agentes de la policia

Policía registrando casas en la llamada "guerra contra las drogas" © AFP/Getty Images

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 8.234 firmantes

Damos las gracias a todas las personas que han apoyado esta petición de Amnistía Internacional para detener las ejecuciones extrajudiciales y para que los responsables rindan cuentas ante tribunales de justicia independientes de Filipinas.

Aunque desde febrero han disminuido los asesinatos, todavía mueren muchas personas, pobres en su gran mayoría. La propia policía filipina reconocía a finales de marzo que se estaban produciendo tres muertes violentas diarias en operaciones policiales. Además no hay constancia de que se estén investigando estas muertes.

Aunque hemos cerrado la acción, Amnistía Internacional continuará con esta campaña. Por ejemplo, durante la reunión de líderes del sudeste asiático, la Cumbre Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN en sus siglas en inglés), que tuvo lugar los días 24 a 26 de abril de 2017 en Manila, pedimos a las autoridades asistentes que consideren si los asesinatos masivos en Filipinas constituyen una "violación grave" de la Carta de los derechos humanos de la ASEAN. En virtud del párrafo 4 del Artículo 20 de la Carta, la Cumbre puede, en esas ocasiones, reunirse y tomar medidas.

El examen a Filipinas en el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo 2017 también será un momento en el que presionar a las autoridades Filipinas.

Amnistía Internacional considera que a menos que se tomen medidas importantes pronto, la Corte Penal Internacional debería iniciar un examen preliminar de los homicidios ilegítimos y delitos conexos en virtud del Estatuto de Roma, incluida la participación de funcionarios gubernamentales.

Petición antes del cierre

7.000 homicidios en 7 meses con el nuevo presidente.

La policía filipina fue a buscar a Gener Rondina a su casa a las dos de la madrugada. Le ordenó que se arrodillara y que pusiera las manos sobre la cabeza. Desde la habitación de al lado, su familia oyó disparos. Después de matarlo, le sacaron a rastras y dejaron el cadáver junto a una alcantarilla. La policía estuvo varias horas en la casa. Cuando se fueron, aparecieron pruebas incriminatorias que no eran de Gener y faltaban varios objetos de valor. Lo terrible es que este no es un caso aislado. Desde que el presidente Duterte llegó al poder en julio de 2016, prometiendo mejorar las condiciones de vida y limpiar las calles de delincuencia, se han producido más de 7.000 homicidios promovidos por el Estado dentro de su campaña contra el narcotráfico. En ocasiones, los agentes de policía incluso han actuado en connivencia con sicarios y han matado a cambio de dinero. Las víctimas de esas iniciativas han sido principalmente hombres jóvenes pobres, incluidos en una “lista negra” hecha por los cabecillas políticos locales, por presuntamente consumir o vender drogas. El presidente sigue defendiendo su campaña contra el narcotráfico y la ha prorrogado hasta 2022. La impunidad es total. Pide a la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas que investigue las ejecuciones extrajudiciales.