Exige a Ferrovial que deje de beneficiarse de los abusos a personas refugiadas en Nauru

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En octubre de 2017 terminó el contrato con la empresa Broadspectrum, propiedad de la multinacional española Ferrovial. La empresa de ingeniería civil Canstruct International Pty Ltd (“Canstruct”) asumió a partir de esa fecha el acuerdo con el gobierno australiano. Amnistía Internacional seguirá dando seguimiento a este tema.

Petición antes del cierre

Para más de 1.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, Nauru es una isla de desesperación a la que son expulsadas sólo por buscar seguridad en Australia. Pero para la multinacional española Ferrovial, Nauru es una isla del tesoro en la que está ganando millones de dólares.

“Aquí la gente no tiene una vida de verdad. Sólo sobrevivimos. Somos almas muertas en cuerpos vivientes. Sólo somos cáscaras. No tenemos ninguna esperanza ni motivación.”
Mujer atrapada en Nauru

El sistema que ha establecido Australia en Nauru para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, niños y niñas incluidos, conlleva una crueldad deliberada y constituye tortura, pues son sometidas a humillación, abandono y abusos que causan problemas de salud física y mental. Su sufrimiento se agrava porque están atrapadas en la isla: no pueden salir, ni siquiera después de que se les reconozca oficialmente el estatuto de persona refugiada. No tienen ni idea de cuándo Australia y Nauru les permitirán salir de la isla. Ferrovial es accionista único de Broadspectrum, la empresa australiana que gestiona los centros de “tramitación” de personas refugiadas de Nauru y la isla de Manus y que facilita este sistema de abusos. Ferrovial está ganando millones de dólares, a sabiendas de las terribles condiciones a las que están sometidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la isla. Ninguna empresa debería ser cómplice de torturas o abusos ni beneficiarse de ellos. Exige a Ferrovial que ponga fin lo antes posible a sus operaciones en Nauru y la isla de Manus. Ferrovial ha afirmado públicamente que va a poner fin a sus operaciones en las dos islas cuando el contrato vigente con el gobierno australiano termine, el 31 de octubre de 2017. Queremos asegurar que se mantiene en su promesa.