España: Una obra de teatro no representa un peligro para la seguridad

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez han pasado cinco días en prisión incondicional por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sí, esto sucede en España, en el año 2016, aquí y ahora. El pasado 5 de febrero Alfonso y Raúl representaban en un teatro de Madrid una obra teatral satírica: “La bruja y Don Cristóbal”, cuando el contenido de alguna de las escenas, como la aparición de un cartel en el que se hacía referencia a ETA, alertó al público asistente, provocó las protestas y la denuncia a la policía.

Tras cinco días detenidos, fueron puestos en libertad. Sin embargo, los cargos siguen en vigor, y ambos deben comparecer periódicamente en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del país. Unas medidas restrictivas desproporcionadas, por mucho que el contenido de la obra pudiera ser inadecuado, al representarse ante un público mayoritariamente infantil.

La detención e ingreso en prisión provisional de Alfonso y Raúl fueron arbitrarios e injustificados. No se puede acordar una medida tan excepcional, sin previamente comprobar la veracidad de los hechos denunciados, el contexto real en el que se desarrolló la obra ni la realidad de los riesgos que se pretendían evitar con la prisión. En este sentido, Amnistía Internacional, junto a siete organizaciones más, han comunicado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU la necesidad de investigar este caso.

“Privar de libertad a personas por expresarse libremente en el contexto de una obra de ficción está totalmente injustificado.”

Amnistía Internacional

Alfonso y Raúl, miembros de la compañía teatral “Títeres desde Abajo”, se enfrentan a cargos que les podrían obligar a pasar hasta cuatro años en prisión por “enaltecimiento del terrorismo”. Tras la reforma del Código Penal español, en 2015, la ambigüedad de algunos de los artículos deja abierta la puerta para la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Una puerta que ha llevado a Alfonso y a Raúl a prisión.

Los cargos impuestos a los dos titiriteros deben ser retirados. Además, las autoridades españolas deben derogar o modificar los artículos del Código Penal que imponen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.