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¡Devuelvan las tierras robadas en Colombia!

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 14.645 firmantes

Damos las gracias a las más de 14.000 personas que se han sumado a la petición de Amnistía Internacional para que el gobierno de Colombia devuelva las tierras robadas a sus legítimos propietarios y garantice que pueden volver a las mismas con seguridad y de forma sostenible.

Amnistía Internacional sigue documentando y denunciando las numerosas violaciones y abusos de derechos humanos que se siguen produciendo en Colombia en el marco del conflicto armado, y trabajamos para que los derechos humanos y la justicia no estén ausentes en las negociaciones de paz.

Petición antes del cierre

El control de la tierra es una de las causas fundamentales del conflicto colombiano. ¡Ocho millones de hectáreas han sido abandonadas y robadas a sus legítimos propietarios! Si no se resuelve esta cuestión, no será posible una paz sostenible.

"Dentro estaba la guerrilla, afuera estaban los paramilitares y nosotras estábamos en medio".

Los Playones de Pivijay es el lugar que el Estado otorgó a 75 mujeres campesinas, organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA), como parte de un proyecto gubernamental para aumentar los ingresos de las mujeres cabeza de familia.

Pero cuando llegaron, esas tierras ya estaban bajo control de la guerrilla y pronto comenzó la presencia paramilitar en la zona. Las consecuencias de vivir en medio del conflicto fueron inmediatas: homicidios, desapariciones forzadas, reclutamientos forzosos, amenazas, quema de casas... En octubre de 1999 hubo una incursión paramilitar en un pueblo cercano en el que murieron al menos tres personas, inluida una mujer a la que le mutilaron los pechos. "El 14 de octubre de 1999 tuvimos que salir todas, nada más que con lo que teníamos puesto porque ya estaban muy cerca. (...) Nos quemaron los ranchos, nos robaron todo el ganado y los animales que teníamos de alimentos."

Tras el desplazamiento forzado, las mujeres se dispersaron. Pese a ello, siguió la persecución e incluso asesinaron a dos de ellas allá donde se habían instalado.

En un principio, las autoridades rechazaron su declaración como población desplazada y les despojaron de sus tierras "por abandono". Sus fincas fueron ocupadas por terceros y explotadas económicamente. Hizo falta una década de lucha y el apoyo jurídico de la organización de derechos humanos Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD) para que la Corte Constitucional reconociese a estas mujeres sus derechos.

Aunque sus casos están ya incluidos en el proceso que prevé la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se teme que las demoras administrativas dificulten el regreso de estas mujeres a sus tierras. Mientras, continúan las amenazas de muerte, las llamadas intimidatorias, la vigilancia. 

Este es sólo uno de los innumerables casos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes expulsadas de sus tierras durante el conflicto armado. Ocho millones de hectáreas han sido abandonadas y robadas. Casi seis millones de personas han tenido que abandonar sus casas. El 45% de los hogares de personas desplazadas está encabezado por mujeres.

Exige al gobierno colombiano que devuelva las tierras robadas y garantice un retorno sostenible a sus legítimos propietarios. ¡Actúa!