Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola sus derechos humanos

Isabelle tiene 39 años, es francesa, investigadora en Astronomía y da clases de Física en la universidad. Isabelle quedó embarazada de Amanda en 2012, a quien le detectan trisomía 13, lo que hacía imposible que sobreviviera fuera del útero. Sin embargo, en Chile no tenía más opción que continuar con su embarazo hasta el final, cosa que para ella habría sido una tortura. Se practicó un aborto en Francia, haciendo un gran esfuerzo por reunir el dinero para viajar y pagar por el procedimiento. En el momento de ser entrevistada por Amnistía Internacional, Isabelle estaba embarazada de Facundo, que nació el 8 de mayo de 2015.

Da igual que su salud o su vida corra peligro, que la hayan violado o que su embarazo no sea viable: en Chile no puede abortar. Si se lo puede permitir, viaja al extranjero para recibir el tratamiento que necesita. En caso contrario, se arriesga a un aborto clandestino que puede poner su vida en peligro y que la convierte en una delincuente ante la ley. Si a raíz de dicho aborto surgen complicaciones y acude a un centro médico, se arriesga a ser denunciada.

El 31 de enero de 2015, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó un proyecto de ley en el Congreso para acabar con la prohibición total del aborto y garantizar el acceso a aborto seguro en casos de riesgo de la vida de la mujer o niña, inviabilidad fetal y en casos de violación.

Actualmente el Congreso está debatiendo este proyecto de ley para poner fin a la criminalización total del aborto. Este proyecto de ley constituye un primer paso importante para avanzar hacia la protección de las mujeres y niñas en Chile. El Congreso Nacional debe aprobarlo.