Chile: No más justicia militar para violaciones de derechos humanos

En Chile, el uso de los tribunales militares para resolver violaciones de derechos humanos no es un tema del pasado.

El 25 de agosto de 2011, Manuel Gutiérrez, de 16 años, observaba junto a su hermano y otro amigo los disturbios que había en Santiago después de una huelga general. Escucharon tres disparos y uno  alcanzó a Manuel en el centro del pecho. Un tribunal militar condenó al carabinero autor de los disparos a tres años de prisión pero le sustituyó la pena de cárcel por un régimen de libertad vigilada. Para la familia, esta condena no guarda proporción con la entidad del crimen.

Denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en manifestaciones y protestas que en ocasiones han terminado en lesiones graves -como pérdida de la visión- o incluso muertos, siguen siendo competencia de la jurisdicción militar que no goza de la independencia y la imparcialidad necesarias al ser los propios militares quienes integran estos tribunales.

Esto se traduce en una falta de acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares. En los ultimos años, la perseverancia de algunas víctimas que han retado la competencia de la justicia militar ha resultado en sentencias importantes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a favor de la competencia de la justicia ordinaria.

Pero la reforma de la justicia militar sigue siendo necesaria para impedir definitivamente que sean los tribunales militares quienes se encarguen de investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos.

En 2014, el programa de gobierno de la entonces candidata a la Presidencia Michelle Bachelet incluyo un compromiso de reformar la justicia militar para limitar su uso a delitos estrictamente militares. A día de hoy, la reforma sigue siendo una asignatura pendiente. Pide a la Presidenta de Chile una reforma para excluir las violaciones de derechos humanos de la justicia militar.