Burkina Faso

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Durante el conflicto armado continuaron los abusos y violaciones de derechos humanos contra la población civil. Las autoridades militares siguieron reprimiendo los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de prensa mediante la detención de periodistas, la suspensión de medios de comunicación y de ONG y las desapariciones forzadas.

Información general

El conflicto armado seguía afectando a muchas partes del país y tuvo un impacto significativo en la economía, incluida la producción de algodón, lo que provocó desplazamientos internos. En abril, las autoridades militares anunciaron que habían frustrado otro intento de golpe de Estado. En julio, el gobierno presentó un nuevo mapa administrativo del país que reorganizaba y renombraba las provincias. En agosto se expulsó a la coordinadora residente de la ONU. En septiembre, el Estado anunció, junto a Malí y Níger, su decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En octubre se disolvió la Comisión Electoral Nacional Independiente.

Abusos cometidos por grupos armados

Las autoridades gobernantes libraban desde 2016 un conflicto armado no internacional con el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) y el Estado Islámico-Provincia del Sahel (EI-Sahel). En enero, el GSIM atacó la ciudad de Sebba, en la provincia de Yagha, y tomó ilícitamente como blanco a la población civil. Según los medios de comunicación locales, en los ataques murieron siete civiles, incluidos cuatro menores de edad.

En mayo, miembros del GSIM atacaron Djibo, la capital de la recién creada región de Soum, en el norte, y se hicieron con el control de la base militar situada en ella. Según fuentes humanitarias y locales, mataron a aproximadamente 100 soldados. Posteriormente, los miembros del grupo armado entraron en varios barrios y mataron ilícitamente al menos a 26 civiles, según Human Rights Watch.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Durante el conflicto armado, las fuerzas armadas y sus fuerzas auxiliares —incluidos los Voluntarios para la Defensa de la Patria— cometieron violaciones del derecho internacional humanitario. Según fuentes locales, informes de los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, entre el 10 y el 11 de marzo, las fuerzas armadas y los Voluntarios mataron ilícitamente al menos a 58 civiles desarmados en Solenzo —localidad de la región de Bankui, antes denominada Boucle du Mouhoun— y sus alrededores. En vídeos ampliamente difundidos en las redes sociales, se escuchaba a personas armadas (presuntamente miembros de los Voluntarios) insultar a las víctimas, acusarlas de ser terroristas y proferir contra ellas expresiones ofensivas relacionadas con le etnia, y se las veía disparar contra personas desarmadas, entre ellas niños, niñas y personas de edad avanzada.

Libertad de expresión

El gobierno continuó su represión de la libertad de expresión, al tiempo que advertía sobre la propagación del discurso de odio en las redes sociales.

El 1 de septiembre, Ini Benjamine Esther Doli —abogada y defensora de los derechos humanos— fue detenida en su domicilio de la capital, Uagadugú, a su regreso de un viaje al extranjero. En diciembre fue juzgada por el Tribunal Superior de Uagadugú, tras ser acusada de desacato al jefe del Estado y desmoralización del ejército nacional a causa de sus publicaciones en redes sociales criticando al régimen. Fue condenada a un año de prisión y a una multa de un millón de francos CFA (1.525 euros).

Periodistas

El 24 de marzo, unos agentes de los servicios de inteligencia detuvieron a Guezouma Sanogo y Boukari Ouoba, miembros de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Burkina Faso, y los trasladaron a un lugar no identificado. Al día siguiente, otro periodista, Luc Pagbelguem, fue trasladado a un lugar no identificado por dos agentes del Consejo de Seguridad Nacional, según un comunicado emitido por su empleador, el canal de televisión BF1. Estas detenciones ilícitas se produjeron tras el congreso de la Asociación de Periodistas, celebrado el 21 de marzo. Durante el congreso, Guezouma Sanogo y Boukari Ouoba —reelegidos presidente y secretario general de la Asociación, respectivamente— condenaron el “control total” que ejercían los militares sobre los medios de comunicación públicos del país. Luc Pagbelguem había filmado esta declaración, que posteriormente había sido difundida por BF1. Varios días después se publicaron en redes sociales imágenes de los tres hombres vestidos con uniforme militar. Los tres fueron puestos en libertad en julio.

En agosto, el Consejo Superior de la Comunicación suspendió la licencia de emisión de Radio Omega durante tres meses, después de que el 30 de julio la emisora difundiera en su página de Facebook una publicación en la que se criticaba al Gobierno calificándolo de “junta”.

Desapariciones forzadas

Varias personas activistas fueron víctimas de desaparición forzada a lo largo del año. El 15 de marzo, unos individuos que se identificaron como policías detuvieron a Idrissa Barry, secretario nacional del movimiento político Servir et Non se Servir (SENS). Los hechos ocurrieron durante una reunión con autoridades en el ayuntamiento de Saaba, un distrito de Uagadugú. A Idrissa Barry se lo llevaron en un vehículo sin distintivos. Cuatro días antes de su detención, Idrissa Barry y SENS habían publicado un comunicado en el que condenaban los “asesinatos” de civiles desarmados en Solenzo, en la región de Bankui, cometidos por el gobierno y sus colaboradores locales. Al terminar el año, seguían sin conocerse la suerte y el paradero de Idrissa Barry. Otros cinco miembros de la junta directiva de SENS fueron detenidos a finales de marzo, pero posteriormente quedaron en libertad.

En abril, Miphal Ousmane Lankoandé, secretario ejecutivo de Le Balai Citoyen —movimiento político de base—, fue detenido a su regreso de un viaje a Benín, donde había asistido a un curso de formación sobre activismo organizado por la Fundación de Innovación para la Democracia. Al concluir el año seguían sin conocerse su suerte y su paradero.

En abril, miembros de los servicios de seguridad secuestraron en Uagadugú a Idrissa Badini, activista y miembro de la asociación Salvemos Djibo —grupo de residentes que abogaba por el apoyo humanitario y gubernamental a la ciudad en primera línea del conflicto—; sus captores lo trasladaron a un lugar desconocido. En octubre, unos hombres armados, presuntamente miembros de los servicios de inteligencia, detuvieron a cuatro magistrados —entre ellos Jean-Jacques Ouedraogo, exfiscal general del Tribunal de Apelación de Uagadugú, y Arnaud Sempebré, abogado— y los llevaron a un destino desconocido.

Libertad de asociación

A lo largo del año, el gobierno, mediante legislación y medidas represivas, restringió aún más estrictamente el derecho a la libertad de asociación. En junio, las autoridades suspendieron dos ONG internacionales: Sant'Egidio, asociación católica laica, y Diakonia, organización de ayuda al desarrollo y de defensa del derecho humanitario. Ambas fueron suspendidas por “tres meses renovables” por “recopilar datos personales en territorio burkinés y almacenarlos en el extranjero sin autorización previa”. A lo largo del año, otras tres ONG fueron suspendidas también durante tres meses por incumplir los requisitos procedimentales para poder llevar a cabo su labor en Burkina Faso.

En julio, la Organización Internacional para la Seguridad de las ONG (INSO, por sus siglas en inglés) —asociación que apoyaba a las ONG en países afectados por conflictos— fue igualmente suspendida durante tres meses, renovables, por las mismas acusaciones. En octubre, ocho miembros del personal de la INSO fueron acusados de traición y espionaje por presunta participación en la recopilación sistemática de “información relacionada con la seguridad y las actividades políticas y administrativas del país”, lo que supuestamente infringía la legislación. En julio, la Asamblea Legislativa de Transición aprobó una ley para regular las asociaciones y las ONG con el objetivo expreso de evitar la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Sin embargo, preocupaba que la nueva norma pudiera utilizarse para ejercer un mayor control sobre las ONG y sus actividades. En noviembre, el gobierno emitió un decreto que obligaba a las ONG y asociaciones acreditadas a abrir sus cuentas bancarias exclusivamente en el Banco de Depósito del Tesoro.

No se lograron avances para levantar las suspensiones impuestas a los partidos políticos tras el golpe de Estado de 2022.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En septiembre, el gobierno aprobó un nuevo Código de la Persona y la Familia que reforzaba el reconocimiento de los matrimonios consuetudinarios y religiosos mediante su inscripción oficial en registro. En este código se consagraban nuevas garantías para las mujeres, los niños y las niñas, y la unidad familiar: la ley armonizaba en 18 años la edad legal para contraer matrimonio tanto para hombres como para mujeres y reducía las desigualdades en materia de herencia al permitir que padres y madres heredaran de sus hijos e hijas.

Las mujeres y las niñas seguían enfrentándose a obstáculos para acceder a la justicia y a servicios de salud esenciales.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El nuevo Código de la Persona y la Familia tipificaba como delito las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo, lo que constituía una discriminación de las personas LGBTIQ++ y vulneraba su derecho a la igualdad ante la ley,¹ y preveía castigarlo con penas de prisión de dos a cinco años y multas de entre dos y 10 millones de francos CFA (3.000 y 15.000 euros, respectivamente).