Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.
El nuevo presidente formó un gobierno de transición poco después de ser designado para el cargo. Las autoridades gubernamentales establecieron dos nuevos mecanismos, la Comisión Nacional de Justicia Transicional y la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y pusieron en marcha los juicios de cinco ex altos cargos por crímenes de la época de Bachar Al Asad. El gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias del noreste del país siguieron practicando detenciones arbitrarias. Más de 30.000 personas continuaban siendo objeto de violaciones de derechos humanos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias. Fuerzas gubernamentales o respaldadas por el gobierno, así como miembros de milicias, perpetraron homicidios ilícitos de personas de la minoría alauí y ejecutaron extrajudicialmente a miembros de la comunidad drusa. Grupos armados drusos y combatientes tribales beduinos cometieron graves abusos contra los derechos humanos en la gobernación de Sueida, incluidos secuestros, homicidios ilícitos e incendios de viviendas. Las autoridades no investigaron adecuadamente los secuestros de mujeres y niñas alauíes ni sometieron a rendición de cuentas a sus responsables. La sequía más severa sufrida por Siria en decenios empeoró la crisis humanitaria. Israel continuó ocupando los Altos del Golán y desplegó tropas en la zona desmilitarizada de separación establecida por la ONU.
Información general
Tras la caída, el 8 de diciembre de 2024, del gobierno encabezado por Bachar al Asad, el 29 de enero el Mando Operativo Militar de Siria puso al frente del país a Ahmad al Shara durante un periodo de transición. El 13 de marzo, el presidente Al Shara ratificó la nueva Declaración Constitucional, que establecía un marco de gobierno para cinco años, y el 29 de ese mismo mes formó un gobierno de transición integrado por 23 ministerios.
El 10 de marzo, el presiente Al Shara y Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias —ala militar de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, bajo dirección kurda— firmaron un acuerdo para integrar en el gobierno nacional las instituciones civiles y militares del noreste de Siria, pero no se aplicó.
En mayo, el Ministerio de la Defensa anunció la integración de todas las facciones armadas en el ejército.
El 22 de junio, el Ministerio de Salud comunicó que un atentado suicida con bomba en una iglesia de la capital, Damasco, había matado al menos a 25 personas y herido como mínimo a 63 más.
La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos levantaron la mayoría de las sanciones impuestas a Siria o eximieron al país de cumplirlas.
En octubre, los subcomités electorales eligieron a 122 de los 140 miembros del Parlamento. Los 18 escaños restantes, destinados a representantes de la gobernación meridional de Sueida y del noreste de Siria, permanecieron vacantes por las dificultades políticas y de seguridad existentes. El presidente Al Shara, quien, en virtud de la nueva Declaración Constitucional debía designar a 70 miembros más, no lo hizo.
La grave crisis humanitaria continuó. Había 16,7 millones de personas necesitadas de ayuda urgente. El Plan de Respuesta Humanitaria para Siria, de la ONU, contaba sólo con el 10% de la financiación que precisaba. La súbita suspensión, en enero, de gran parte de la financiación humanitaria que Estados Unidos destinaba a Siria obligó a cerrar algunas instalaciones médicas y organizaciones de derechos humanos, a suspender la ayuda alimentaria y a reducir el personal y la actividad de las ONG locales.
En octubre, el Banco Mundial estimó que el coste de reconstruir Siria tras 13 años de conflicto era de unos 216.000 millones de dólares estadounidenses.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Tras decenios de graves restricciones impuestas por el antiguo gobierno de Al Asad al espacio cívico, diversas organizaciones de la sociedad civil y nuevos medios de comunicación independientes sirios se registraron y abrieron oficinas en Damasco y en otras localidades del país a lo largo del año.
No obstante, continuaba en vigor legislación represiva que permitía los encausamientos relacionados con la libertad de expresión. Por ejemplo, el 31 de julio, la fiscalía acusó formalmente de “difundir noticias falsas” a la periodista Nour Suleiman, que había expresado en Internet su opinión sobre el secuestro de mujeres y niñas alauíes y sobre otros ataques contra esta comunidad.
Las organizaciones sirias e internacionales pudieron celebrar actos públicos sobre cuestiones de derechos humanos en distintas partes del país, si bien, hacia el final del año, las autoridades locales lo condicionaban cada vez más a la obtención de autorización previa.
Derecho a un juicio justo
Las autoridades tomaron algunas medidas para abordar la necesidad acuciante de acometer una reforma judicial. Pese a ello, el nombramiento de los jueces seguía estando en manos del poder ejecutivo, no se había abolido la pena de muerte y los crímenes previstos en el derecho internacional aún no se habían incorporado a la legislación nacional.
En junio, el gobierno suspendió el Tribunal Antiterrorista, utilizado durante la presidencia de Al Asad para atacar mediante juicios sin garantías a quienes se consideraba que hacían oposición. En octubre, el Ministerio de Justicia anunció la anulación de al menos 287.000 condenas impuestas por los tribunales militares y antiterroristas de aquel periodo, incluidas muchas basadas en cargos comúnmente empleados para penalizar el ejercicio de los derechos humanos, como los de injurias al jefe del Estado y al ejército y participación en protestas.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En mayo, el gobierno estableció por decreto la Comisión Nacional de Justicia Transicional. Si bien tenía el mandato de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Al Asad, la Comisión dijo en noviembre a Amnistía Internacional que atendería los abusos contra los derechos humanos perpetrados por todas las partes en el conflicto, es decir, también los grupos armados de oposición, y que un nuevo proyecto de ley de justicia transicional así lo estipularía.
En julio, las autoridades detuvieron a las exministras Kinda Shamat y Rima al Qadiri, entre otras personas, por su presunta participación en la desaparición forzada de niños y niñas que, tras la detención de sus padres y sus madres, habían sido separados de ellos entre 2011 y 2024.
Las autoridades detuvieron a otros presuntos responsables de haber cometido violaciones de derechos humanos y otros delitos entre 2011 y 2024, en concreto a jefes de secciones de inteligencia en las que se habían infligido torturas y desapariciones forzadas, a presuntos responsables de homicidios en masa y a otros altos cargos. En noviembre, el ministro de Justicia confirmó a Amnistía Internacional los juicios en curso de cinco destacadas figuras del régimen anterior por crímenes cometidos entonces, así como la reclusión de decenas más a la espera de investigaciones. Al parecer se habían dado garantías de no procesamiento a dos miembros prominentes del gobierno anterior, pese a que había información fidedigna que los responsabilizaba de violaciones graves de derechos humanos.
En septiembre, las autoridades emitieron una orden de detención contra el expresidente Al Asad por cargos de asesinato y tortura.
En aplicación del principio de jurisdicción universal en particular, Francia, Alemania y Países Bajos siguieron investigando y procesando en sus tribunales a presuntos responsables de crímenes de derecho internacional cometidos en Siria. Se permitió el acceso al país de mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas, de la ONU.
Desapariciones forzadas
A lo largo de año, las familias de las personas desaparecidas convocaron manifestaciones —en particular, acampadas con “tiendas de la verdad” levantadas en pueblos y ciudades de toda Siria—1 para pedir que se tomaran medidas que condujeran a averiguar el paradero y la suerte que habían corrido sus seres queridos, recuperar los restos de las personas fallecidas, someter a los responsables a rendición de cuentas y garantizar el fin de las desapariciones forzadas. Familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de detención expresaron su frustración por que la búsqueda aún no hubiera empezado de verdad.2
En mayo, las autoridades instituyeron la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, a la que encomendaron la labor de averiguar la suerte que habían corrido los miles de personas desaparecidas en Siria —unas 100.000 entre 2011 y 2024, según estimaciones— y proporcionar justicia a sus familias.
Durante el año, profesionales de la abogacía denunciaron tres nuevos casos de desaparición forzada.
Detención y reclusión arbitrarias
Gobierno sirio
Las autoridades gubernamentales detuvieron sin orden judicial a miembros de la comunidad alauí, incluidos funcionarios de bajo rango del gobierno de Al Asad. Algunos fueron sometidos a desaparición forzada durante varias semanas o meses antes de que sus familias pudieran verlos. No les comunicaron los cargos que pesaban contra ellos, ni tampoco se les facilitó el acceso a asistencia letrada o la comparecencia ante una autoridad judicial durante todo el periodo de reclusión.
El 6 de marzo, al menos 25 hombres alauíes —incluidos un profesor jubilado, un estudiante y un mecánico— fueron aprehendidos en su domicilio, en el distrito de Al Qadam de Damasco, sin órdenes de detención. Un testigo contó que su hermano, uno de ellos, había sido detenido por agentes del Servicio de Seguridad General y que no se conocía su suerte ni su paradero.
Fuerzas Democráticas Sirias
Las Fuerzas Democráticas Sirias fueron responsables de la violación en gran escala de los derechos de las más de 30.000 personas a las que mantenían bajo custodia por su presunta vinculación con el grupo armado Estado Islámico. Las víctimas, entre las que había niños, niñas, mujeres y hombres, se hallaban privadas de libertad en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención —Al Hol y Al Roj— del noreste de Siria. Muchas de ellas llevaban detenidas desde 2019.
Según denuncias de activistas, las Fuerzas Democráticas Sirias detuvieron arbitrariamente al menos a cinco hombres, en su mayoría árabes, que habían expresado opiniones de apoyo al gobierno del presidente Al Shara en Internet.
Homicidios ilícitos
El 6 de marzo, grupos armados afines al gobierno anterior lanzaron múltiples ataques coordinados contra emplazamientos militares y de seguridad en las gobernaciones costeras de Latakia y Tartús, predominantemente alauíes. La respuesta del gobierno, respaldado por milicias, fue lanzar una contraofensiva que provocó una importante escalada de la violencia en las gobernaciones costeras, así como en las de Hama y Homs. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, de la ONU, más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, fueron víctimas de homicidio en las masacres consiguientes.
El 8 y 9 de marzo, milicias respaldadas por el gobierno mataron a más de 100 personas en la ciudad costera de Banias, en la gobernación de Tartús. Amnistía Internacional documentó al menos 32 de esos homicidios y concluyó que habían sido deliberados y expresamente dirigidos contra miembros de la comunidad alauí.3 Hombres armados preguntaban a la persona si era alauí antes de amenazarla o matarla y, en algunos casos, le reprochaban violaciones de derechos cometidas por el gobierno de Al Asad.
En agosto, la Comisión Internacional Independiente informó de que había documentado asesinatos, torturas, actos inhumanos cometidos contra cadáveres, saqueos en gran escala, incendios de viviendas y otras violaciones graves de derechos humanos dirigidas predominantemente contra la comunidad alauí de Latakia, Tartús y Hama, todo ello perpetrado por miembros de fuerzas de seguridad y militares, milicias y particulares que trabajaban en estrecha colaboración o proximidad con las fuerzas gubernamentales. Concluyó que los grupos armados asociados al gobierno de Al Asad también habían cometido graves abusos contra los derechos humanos.
El 18 de noviembre dio comienzo un juicio púbico de presuntos responsables de los homicidios masivos de civiles alauíes en Latakia y Tartús. El ministro de Justicia contó a Amnistía Internacional que había también 80 presuntos responsables detenidos en espera de juicio.
El 22 de julio, el comité de investigación nacional, que había sido establecido por el presidente el 9 de marzo, presentó las principales conclusiones de su informe, señalando que había identificado a 298 presuntos responsables de crímenes que pertenecían a las fuerzas armadas y de seguridad, así como a fuerzas afines, y a 265 pertenecientes a grupos armados adscritos al gobierno de Al Asad. Pese a las peticiones de que se divulgara el informe, el gobierno no accedió a publicarlo.
Ejecuciones extrajudiciales
En julio estallaron en el sur de Siria enfrentamientos armados entre combatientes drusos y beduinos, en respuesta a los cuales las fuerzas gubernamentales entraron en la ciudad de Sueida el 15 de julio e impusieron un toque de queda durante 48 horas.
Amnistía Internacional documentó el homicidio de 44 hombres y dos mujeres drusos, contra quienes las fuerzas gubernamentales sirias y grupos armados afines habían disparado deliberadamente en una plaza pública, viviendas, una escuela, un hospital y un salón de actos de Sueida, lo que equivalía a ejecuciones extrajudiciales.4 En imágenes filmadas por ellos mismos, hombres armados y en uniforme militar mataban al menos a 12 hombres disparando contra ellos. En otras registradas por las cámaras de videovigilancia del Hospital Nacional de Sueida se veía cómo un hombre armado y en uniforme militar disparaba deliberadamente contra un trabajador médico y lo mataba, en presencia de otros hombres armados y de un agente del Servicio de Seguridad General.
El 31 de julio, el ministro de Justicia estableció un comité a cargo de la investigación de los acontecimientos de Sueida, pero al concluir el año sus integrantes aún no habían podido visitar la ciudad. El 2 de setiembre, el Ministerio del Interior acogió con satisfacción el informe de Amnistía Internacional sobre lo ocurrido allí y se comprometió a “proteger a todas las personas sirias, sin importar su origen”. En septiembre y noviembre, el portavoz del comité comunicó que se había remitido al poder judicial a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad presuntamente responsables de abusos en Sueida.
Abusos cometidos por grupos armados
Los grupos armados drusos y los combatientes tribales beduinos también cometieron abusos graves contra los derechos humanos en la gobernación de Sueida, incluidos secuestros, homicidios ilícitos e incendios de viviendas.
El 16 de julio, la organización humanitaria de búsqueda y salvamento Defensa Civil Siria envió a la ciudad de Sueida al jefe de su Centro de Respuesta a Emergencias en Daraa, Hamza al Amareen, en respuesta a una petición de asistencia emitida por la ONU tras los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno sirio y grupos armados drusos que habían estallado la víspera. Según información fidedigna recibida por sus familiares cercanos, Hamza al Amareen fue secuestrado por grupos armados bajo control druso cuando viajaba con un grupo de personas civiles evacuadas en un automóvil claramente identificado con el distintivo de “Protección Civil”. Según testigos, varios hombres armados se lo llevaron, junto con el vehículo, y dejaron a sus acompañantes en el arcén. Al concluir el año seguían sin conocerse la suerte que había corrido y su paradero.5
El 17 de julio se reanudaron los enfrentamientos entre combatientes drusos y beduinos, y dos días después, el 19, se firmó un acuerdo de alto el fuego. Durante los combates, miles de miembros de las comunidades drusa y beduina se vieron obligados a abandonar sus hogares.
El 20 de julio, la Media Luna Roja Árabe Siria informó de que, durante enfrentamientos armados, en Sueida se habían producido ataques contra personal voluntario, disparos contra una ambulancia y el incendio de un almacén y de varios vehículos aparcados.
El 13 de agosto, combatientes de tribus beduinas secuestraron en Daraa a varios trabajadores humanitarios que viajaban a Sueida para entregar ayuda. Unos días después, el 21, el Ministerio del Interior anunció que los había localizado y liberado.
Violencia por motivos de género
Amnistía Internacional documentó el secuestro de al menos 36 mujeres y niñas alauíes de entre tres y 40 años a manos de hombres armados no identificados en las gobernaciones de Latakia, Tartús, Homs y Hama.6 Los secuestradores llamaron a familiares de algunas de las víctimas desde números de teléfono sirios o extranjeros y les exigieron el pago de un rescate o los amenazaron para que dejaran de buscarlas. Los rescates ascendían a entre 10.000 y 14.000 dólares estadounidenses y su pago no garantizaba la liberación de las cautivas. Al menos dos mujeres que en el momento de su secuestro estaban casadas contactaron con sus familias para solicitar el divorcio de sus esposos porque las habían casado o iban a casarlas por la fuerza con sus secuestradores.
En la mayoría de los casos, la policía y las fuerzas de seguridad no llevaron a cabo investigaciones efectivas. Algunas familias de desaparecidas que habían denunciado el secuestro contaron que las autoridades habían minimizado su preocupación o las habían culpado de la desaparición.
El 3 de noviembre, el portavoz del ministro del Interior anunció las conclusiones de una investigación interna sobre los secuestros. Afirmó que, de los 42 casos denunciados, sólo uno había sido confirmado como secuestro, mientras que el resto respondían a desapariciones por distintos motivos, como abusos en el ámbito familiar o fuga.
Derecho a un medioambiente saludable
Como consecuencia del nivel más bajo de precipitaciones registrado en decenios, Siria sufrió una sequía extrema que redujo la producción de trigo un 40% y agravó la crisis humanitaria ocasionada por 13 años de conflicto, que había sumido en la inseguridad alimentaria a más de la mitad de la población.
El sector agrícola instó al gobierno a rehabilitar la infraestructura agraria en regiones clave, promover cultivos resistentes a la sequía, pasar a una agricultura con menor consumo de agua e invertir en explotaciones sostenibles y resistentes al clima, pero no parecía que durante el año se hubiese tomado ninguna de esas medidas.
Altos del Golán ocupados
Los Altos del Golán seguían bajo la ocupación y la anexión ilegal de Israel. Tras el derrocamiento del presidente Al Asad, las fuerzas armadas israelíes construyeron al menos ocho bases militares y desplegaron tropas en la zona desmilitarizada de separación establecida por la ONU entre los Altos del Golán ocupados en 1967 y el resto de Siria.
La población de la zona de separación denunció que las fuerzas militares israelíes desplazaban a la fuerza a la gente, le impedían el acceso a las tierras de cultivo y la sometían a detención arbitraria —en algunos casos transfiriéndola a Israel—, además de demoler viviendas y destruir bosques.
- Siria: Supervivientes de tortura de Saydnaya y otros centros de detención tienen que soportar necesidades abrumadoras y un apoyo mínimo, 26 de junio ↑
- Truth still buried: The struggle for justice of disappeared people’s families in Syria, 29 de agosto ↑
- Siria: Las matanzas de civiles alauíes en la costa deben investigarse como crímenes de guerra, 3 de abril ↑
- Siria: Nueva investigación revela pruebas de la ejecución extrajudicial de decenas de personas drusas por fuerzas gubernamentales y milicias afiliadas del gobierno en Suwayda, 2 de septiembre ↑
- Syria: Druze armed group should immediately release humanitarian worker abducted 3 months ago, 16 de octubre ↑
- Las autoridades deben investigar los secuestros de mujeres y niñas alauíes, 28 de julio ↑
Contenidos relacionados
Noticias
Blogs
Documentos
Reportajes
