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Manifestación contra la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana de retirar la nacionalidad a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en su territorio. © AI

Un récord lamentable para la República Dominicana

En los últimos dos años, la República Dominicana ha pasado a ser conocida por algo más que por sus playas bonitas, sus merengues adictivos y su delicioso ron.


A partir de una desafortunada sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del país en septiembre de 2013, la República Dominicana es ahora conocida como el país que retiró la nacionalidad a decenas de miles de personas de origen haitiano nacidas en territorio dominicano. Dicha sentencia dejó a una buena parte de esta población en situación de apatridia, es decir, personas sin nacionalidad.


Hace cinco meses periodistas de varios países llegaron en masa al país caribeño frente al inminente riesgo de que las personas apátridas de origen haitiano pudieran ser expulsadas hacia Haití. La alarma había sido generada por los anuncios por parte del gobierno de comenzar a deportar a migrantes irregulares a partir del 17 de junio.


Afortunadamente, la catástrofe que el mundo esperaba no ocurrió. El gobierno no reactivó  las deportaciones hasta mediados de agosto y, probablemente gracias a la presión internacional, se comprometió a no expulsar a personas nacidas en el país.


No cabe duda de que la paralización de las expulsiones de dominicanos de ascendencia haitiana es un logro, especialmente en un país en que anteriormente las deportaciones se habían llevado a cabo de manera indiscriminada. Sin embargo, este logro no debería disminuir el interés del mundo hacia la República Dominicana. La pregunta que ahora la opinión pública mundial debe hacer es: ahora que la República Dominicana ha aceptado que no puede expulsar a los dominicanos y dominicanas de origen haitiano, ¿cuál es su responsabilidad con esta población?


En su nuevo informe, ‘Sin papeles no soy nadie’, Amnistía Internacional demuestra que decenas de miles de personas se han convertido en apátridas en la República Dominicana. Aunque el gobierno tomó algunas medidas importantes en 2014 para resolver esta crisis, estas han demostrado ser insuficientes.


Ser apátrida en la República Dominicana quiere decir no tener acceso a los servicios esenciales para vivir una vida digna, como la posibilidad de cursar la escuela secundaria o ir a la universidad, ser atendido por un especialista en un hospital o tener un empleo formal. Hasta actividades sencillas de la vida cotidiana como abrir una cuenta bancaria, activar un teléfono móvil o comprar a crédito se transforman en misión imposible para los que no tienen documentos de identidad.

Giselle nació en la República Dominicana. Es hija de padres haitianos que no registraron su nacimiento. Cuando intentó registrarse en 1996, la oficina del Registro Civil se negó a tramitarlo porque sus padres no tenían documentos. Giselle trabajaba en el servicio doméstico pero tuvo que dejar de trabajar hace dos años por problemas de salud. Al no tener cédula de identidad, el hospital público le obliga a hacer frente al coste del tratamiento. © AI


“Yo lo que quiero es conseguir esa cédula. ¿Sabes cuántas oportunidades he perdido? [...] Un montón de sueños empezados y luego puestos en el olvido. Es como empezar a escribir un libro y luego dejarlo allá", me dijo en junio Miguel, un joven de origen haitiano privado durante años de su documento nacional de identidad.


Sin embargo, Miguel no existe para las autoridades de su país. El gobierno dominicano se niega a admitir la realidad y rechaza que existan personas apátridas en su territorio. Pero Miguel no es un caso aislado. En Amnistía Internacional, he documentado decenas de historias similares en varias regiones del  país. Desde 2013, la República Dominicana acoge a la mayor población de personas apátridas del continente americano.


No enfrentarse a esta realidad, no la hará desaparecer. Si las autoridades dominicanas no resuelven esta crisis a través de soluciones sostenibles y basadas en estándares de derechos humanos, Miguel y muchas personas más serían condenadas a seguir viviendo en la sombra, al margen de la sociedad dominicana, en un círculo vicioso de alienación y marginación.


¿Es esto lo que quieren las autoridades dominicanas? ¿De verdad les conviene que decenas de miles de personas en su territorio se queden pobres, desamparadas y resentidas? ¿No es esta una receta segura para el crecimiento de la pobreza?


En 2014 el gobierno supo demostrar liderazgo y buscar soluciones iniciales a una crisis de derechos humanos que puso el país en el ojo del huracán. ¿Sabrá ahora continuar en este camino, reconociendo la crisis persistente de apatridia y devolviendo la nacionalidad a quienes injustamente la perdieron en 2013? Esperar más sería solo contraproducente.