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Un año después, no hay justicia para las víctimas del levantamiento

Manifestación organizada por Amnistía Internacional Túnez ante la Asamblea Constituyente. © Amnesty International

Un año después de que un joven vendedor callejero tunecino se prendiera fuego y desencadenara un levantamiento que condujo al derrocamiento del gobierno de su país, muchos tunecinos afirman que sus demandas de justicia aún no han sido satisfechas.

El gobierno recientemente anunciado debe garantizar que se cubren las necesidades de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Ahora tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos y su voluntad de romper con el legado de abusos contra los derechos humanos del pasado. 

El acto desesperado de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre de 2010 desencadenó una oleada de protestas en todo Túnez y el mundo árabe pidiendo libertad, el fin de la corrupción y mejores condiciones de vida, que desembocó en la desaparición del inveterado gobierno autocrático y represivo de Túnez, seguida por la caída de los gobiernos de Egipto y Libia. 

En Túnez, más de 234 personas perdieron la vida en la brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad de las protestas, que no cesaron hasta que el presidente Zin el Abidín ben Alí huyó del país el 14 de enero. Según los informes, otras 74 personas murieron bajo custodia en incidentes relacionados con el levantamiento.  

Sin embargo, muchos tunecinos afirman que los gobiernos provisionales no han respondido a sus peticiones de justicia para los muertos y heridos ni han hecho suficiente para mejorar las condiciones de vida. Ahora piden al nuevo gobierno elegido democráticamente que tome sin demora medidas concretas para resolver sus quejas. 

Las familias de las personas heridas o muertas por las fuerzas gubernamentales han dicho a Amnistía Internacional que muchos de los perpetradores están aún libres, e incluso en algunos casos han sido ascendidos. 

Si bien el gobierno provisional anunció en marzo que la Dirección de Seguridad del Estado, de carácter  notoriamente represivo, había sido disuelta, hay denuncias de que los miembros de estas fuerzas sencillamente han sido integrados en otras fuerzas de seguridad. 

Algunos de los funcionarios de seguridad de alto nivel acusados se limitaron inicialmente a negarse a ser interrogados. Y aunque algunos casos comenzaron a ser investigados por tribunales civiles, en ocasiones los jueces no pudieron o no estuvieron dispuestos a llevar a cabo investigaciones completas e independientes. Amnistía Internacional ha dicho que es hora de que estas familias reciban justicia y reparación. 

Las investigaciones sobre los acontecimientos de diciembre de 2010 y enero de 2011 se trasladaron a tribunales militares el verano pasado, y Amnistía Internacional ha advertido de que las actuaciones de estos tribunales deben ajustarse plenamente a las normas internacionales de garantías procesales que Túnez está obligado a cumplir. 

La Comisión establecida en febrero para investigar los abusos perpetrados durante la revuelta aún no ha hecho público ningún resultado de sus investigaciones después de once meses. 

Muchas víctimas –entre ellas algunas que enviaron sus informes médicos por correo postal– afirman que la Comisión no se ha puesto en contacto con ellas. 

En noviembre, tras las protestas y las huelgas de hambre de los manifestantes heridos que pedían justicia y reparación, el gobierno publicó un decreto disponiendo el pago de indemnizaciones de tipo económico y médico a los heridos y a los familiares de las personas fallecidas. 

Pero las familias dicen que con eso no basta. La madre de Rashad al-Arabi, que quedó paralítico tras recibir un tiro en el pecho durante una manifestación en Ben Arous, afirma que la medida no les aporta verdad ni justicia. Califica el decreto de “palabras en papel para tranquilizarnos, nada más”. 

Amnistía Internacional ha afirmado que el nuevo gobierno de Túnez no debe escatimar esfuerzos para garantizar que las víctimas del levantamiento reciben la justicia que se merecen y han estado esperando. La organización ha dicho que los responsables de estos terribles abusos, cualquiera que sea su posición en la cadena de mando, deben responder de sus actos. 

Los tunecinos consideran también que las exigencias económicas y sociales que subyacían a las revueltas del año pasado no se han atendido. En la capital, Túnez, y en otras ciudades, como Gafta y Kaserine, han continuado las protestas. También ha habido varios informes de tortura y malos tratos a menos de funcionarios, una práctica común bajo el régimen de Ben Alí. En Kaserine, Amnistía Internacional ha recibido testimonios de personas que han sufrido violaciones a manos de la policía local. Dos hombres detenidos en marzo tras el incendio de una comisaría durante una protesta afirmaron haber sido golpeados reiteradamente para que firmaran declaraciones inculpatorias. 

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