La orden judicial arbitraria de recluir durante cuatro meses a un catedrático cofundador de una organización derechos humanos representa un nuevo golpe a la libertad de expresión y reunión en Arabia Saudí, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El jueves, un tribunal penal de Buraydah, localidad situada 350 kilómetros al norte de la capital saudí, Riad, ordenó la reclusión de Abdulkareem Yousef al-Khoder, de 48 años, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos y catedrático de jurisprudencia comparada de la Facultad de Jurisprudencia Islámica de la Universidad Qassim.No se ha explicado el motivo de la orden de reclusión, que se ha dictado tras bloquear arbitrariamente un juez el acceso al tribunal a un grupo de alrededor de 10 mujeres que pretendían asistir al juicio. Tras pronunciar su fallo, el juez se negó a reunirse con Al-Khoder o con su abogado, y el catedrático se halla recluido desde entonces en la prisión de Buraydah.Al Khoder estaba siendo juzgado desde enero de 2013 por cargos como desobedecer al gobernante, incitar al desorden convocando manifestaciones, difundir información falsa a grupos extranjeros y participar en la fundación de una organización no autorizada.“Este juicio no debería haberse celebrado jamás, pues los cargos contra Al-Khoder parecen estar basados en su trabajo legítimo de derechos humanos en la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos”, ha afirmado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Abdulkareem Yousef al-Khoder es preso de conciencia. Debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones, y las autoridades tienen que retirar los cargos contra él.”No se sabe bien por qué el juez bloqueó el acceso a las mujeres que querían asistir a la vista. Ninguna ley saudí impide que haya mujeres presentes en los juicios, y en octubre de año pasado el Ministerio de Justicia emitió una declaración en que se reconocía el derecho de las mujeres abogado a llevar casos ante los tribunales. La primera abogada del país está recibiendo formación en la actualidad.Aunque el juicio de Al-Khoder ha sido público, había en el gran número de agentes de seguridad fuertemente armados.El 10 de abril, Al-Khoder intentó en vano recusar al presidente del tribunal ante el que se estaba viendo su causa por considerar que había expresado públicamente opiniones negativas sobre él antes del juicio y no era, por tanto, imparcial.Antes de que se iniciara el juicio en enero de 2013, Al-Khoder había distribuido una petición para conseguir que se estableciera un comité encargado de investigar las detenciones arbitrarias y la represión de activistas pacíficos por parte del Ministerio del Interior saudí. Asimismo, había escrito un artículo donde explicaba 20 formas de celebrar con éxito manifestaciones pacíficas y calificaba a Arabia Saudí de Estado policial.Hostigamiento de fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y PolíticosEl 9 de marzo, las autoridades saudíes ordenaron de disolución completa de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos y la confiscación de sus bienes. Fundada en 2009, la Asociación era una de las poquísimas organizaciones independientes de derechos humanos del país y se había convertido en una de las más destacadas.Informaba de violaciones de derechos humanos y ayudaba a las familias de muchas personas recluidas sin cargos a presentar demandas contra el Ministerio del Interior. Ese mismo día se cerraron sus cuentas en las redes sociales.También el 9 de marco, otros dos cofundadores de la Asociación, Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid, de 66 años, y Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani, de 47, fueron condenados a 10 y 11 años de prisión, respectivamente, seguidos de la prohibición de viajar por periodos de la misma duración. Los habían acusado de una serie de delitos similares a los imputados a Al-Khoder.Amnistía Internacional considera a ambos presos de conciencia, encarcelados únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación en el marco, especialmente, de sus actividades de derechos humanos.En abril de 2012, Mohammed Saleh al-Bajady, otro de los cofundadores de la Asociación, fue condenado por un tribunal especial contra el terrorismo a cuatro años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante cinco años. Según la información disponible, había sido declarado culpable de cargos como participar en el establecimiento de una organización no autorizada, dañar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, animar a familias de presos de políticos a celebrar manifestaciones y sentadas, poner en duda la independencia del poder judicial y estar en posesión de libros prohibidos.Al-Bajady se declaró en huelga de hambre en la cárcel en septiembre de 2012; no se sabe nada de él desde entonces.El 24 de marzo de 2013, su abogado, Fawzan al-Harbi, presentó una solicitud por escrito e intentó ver al director de la prisión de Al Hair, donde se creé que se halla recluido Al-Bajady, para que se le permitiera ver a su cliente. Todavía no se la ha concedido permiso para verlo ni ha recibido respuesta a su solicitud.Anteriormente, el 6 de enero de 2013, Al-Harbi se había reunido con el fiscal general de Arabia Saudí y le había pedido que le permitieran ver a Al Bajady. También intentó entregar al fiscal general un escrito solicitando permiso para visitar a su cliente y denunciando sus condiciones de reclusión. El fiscal general se negó a aceptarlo, pero dijo al abogado que estaría al tanto del caso. No ha habido novedades a este respecto desde entonces.
