El asesinato, por parte de Israel, de Ahmed Yabari, jefe del brazo militar de Hamás, ha puesto a la población civil de Gaza y del sur de Israel en grave peligro, al reavivar el conflicto armado en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
“Todas las partes implicadas deben dar marcha atrás y proteger las vidas de la población civil”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
El homicidio de Yabari hoy en la ciudad de Gaza ha marcado el inicio de una nueva operación militar israelí, “Pilar Defensivo”, que continuó con ataques aéreos adicionales por toda la Franja de Gaza. También se ha informado de bajas civiles.
Estos ataques han tenido lugar pese a los intensos esfuerzos internacionales por acordar una tregua, tras la muerte de civiles a manos de ambos bandos en los últimos días.
Al menos cinco civiles palestinos han muerto y más de 50 han resultado heridos en múltiples ataques militares lanzados por Israel contra Gaza desde el 8 de noviembre.
Amnistía Internacional ha reunido indicios que sugieren que al menos dos de esos ataques, el 8 y el 10 de noviembre, fueron indiscriminados y, por tanto, violaron el derecho internacional humanitario.
“El ejército israelí no debe llevar a cabo más ataques indiscriminados, ni ataques contra zonas residenciales densamente pobladas que, inevitablemente, causarán daño a civiles”, ha manifestado Ann Harrison.
Los grupos armados palestinos dispararon más de 120 cohetes contra el sur de Israel entre el 10 y el 12 de noviembre, e hirieron al menos a cuatro civiles israelíes. Amnistía Internacional condena el lanzamiento de estos cohetes, que no iban dirigidos contra un objetivo militar específico.
“Mientras tanto, los grupos armados palestinos de Gaza no deben disparar indiscriminadamente cohetes contra Israel. La comunidad internacional debe ejercer presión sobre ambas partes para que respeten plenamente las leyes de la guerra y protejan las vidas y los bienes civiles”, ha declarado Ann Harrison.
Las dos partes deben garantizar que se lleva a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre todas las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas bajo su control.
