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Preocupaciones de derechos humanos sobre México ante el viaje del Rey Felipe VI

Activistas de Amnistía Internacional en una protesta contra la tortura, celebrada en septiembre de 2014 en Ciudad de México. SCHEMIDT/AFP/Getty Images.

Amnistía Internacional denuncia en México el uso generalizado de la tortura y los malos tratos, desapariciones e impunidad, abusos de personas migrantes y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos y pide al Rey Felipe VI que interceda por víctimas de tortura, malos tratos y desaparición forzada en sus reuniones con las autoridades mexicanas.

La organización se ha dirigido por carta al Rey Felipe VI para mostrar sus principales preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México con motivo del viaje que el Rey llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio próximos. Estas son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre México:

 

Uso generalizado de la tortura y los malos tratos

El uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las Fuerzas Armadas y la policía sigue siendo una práctica generalizada en todo México y la impunidad reina entre los responsables de estos actos.

México se ha comprometido en numerosas ocasiones a prevenir y castigar la tortura y otros malos tratos, pero las medidas adoptadas no solo son inadecuadas, sino que en gran medida no se aplican. La legislación que tipifica la tortura como delito se incumple casi sistemáticamente, al igual que la que debería impedir que se utilicen en los juicios penales testimonios obtenidos mediante tortura. Y, aun así, el gobierno mexicano asegura que la tortura y otros malos tratos ya no son prácticas habituales, algo que contradice la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y por el relator especial de la ONU sobre la tortura que, en mayo 2014 tras una visita a México, observó: "Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.

Entre los casos denunciados por Amnistía Internacional, destacan el de Adrián Vasquez. Fue detenido por la policía estatal en 2012 y torturado de tal manera quetuvo que ser sometido a cirugía de vida o muerte en un hospital. En abril de 2015 tres de los policías a los que Adrián identificó como sus torturadores fueron por fin acusados formalmente, pero Adrián sigue encarcelado. La única prueba en su contra son las declaraciones realizadas por los policías que lo detuvieron y las drogas y armas de fuego que al parecer se le colocaron encima durante su detención y tortura; Yecenia Armenta Graciano también lleva tres años encarcelada, acusada de matar a su marido. La única prueba relevante en su contra es su propia confesión obtenida tras 15 horas de tortura, tortura que está certificada por varios expertos internacionales. Sus torturadores siguen impunes.

 

Desapariciones

En México, las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado y se han negado a erradicarlas. Según las cifras oficiales publicadas en octubre 2014, 22.610 personas habían desaparecido desde el 1 de diciembre de 2006, y a fecha de octubre de 2014 seguían en paradero desconocido. Casi el 50 por cien de esas desapariciones tuvieron lugar entre 2012 y 2014, durante el gobierno actual. Sin embargo, una vez más, las autoridades no han explicado cuántas de estas personas han sido víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de autoridades, y cuántas podrían estar en paradero desaparecido por otros motivos. Tampoco hay información metodológica que permita analizar las cifras y extraer conclusiones de las mismas.

La impunidad sigue imperando en estos casos. Según la información oficial, desde 2006 no se ha enjuiciado a nadie a nivel federal en casos de desaparición forzada.

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la policía municipal que actuaban en connivencia con la delincuencia organizada, ha llamado la atención internacional hacia la crisis constante de desapariciones e impunidad en México. El caso de Ayotzinapa es similar a los miles de casos de desaparición ocurridos en todo el país desde que, en 2006, el anterior gobierno, del presidente Calderón, inició la "guerra contra el narcotráfico". Al mismo tiempo, el caso de Ayotzinapa ha sido diferente a lo que había venido siendo el modelo general, ya que el gobierno se ha visto obligado a actuar en respuesta a la presión nacional e internacional. No obstante, la respuesta del Estado sigue siendo limitada, y no cumple plenamente las normas internacionales de derechos humanos.

 

Derechos de las personas migrantes

Cada año, decenas de miles de mujeres, hombres, niños y niñas -en su mayoría centroamericanos- atraviesan México sin permiso legal, como migrantes irregulares. Durante el viaje, están expuestos a abusos de guardias privados de seguridad, funcionarios de migración, policías, militares, tratantes de personas y bandas delictivas y son víctimas de secuestro, asesinato y reclutamiento forzoso en bandas delictivas. Las mujeres y los niños y niñas migrantes corren especial peligro de sufrir abusos. A menudo se sospecha que las bandas delictivas cuentan con la connivencia de los funcionarios públicos que a su vez someten a los migrantes a otros abusos, como extorsión y detención arbitraria.

A pesar de los compromisos del gobierno para combatir todos los abusos contra los migrantes, las medidas son ineficaces y los gobiernos de los estados ni impiden ni castigan los delitos cometidos contra estas personas. Por ejemplo, en noviembre entró en vigor el reglamento de aplicación de la nueva Ley de Migración, pero a día de hoy aún no se ha creado una base de datos de migrantes desaparecidos ni hay avances en la identificación de restos que se cree son de migrantes.

 

Ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos sufren agresiones y reciben amenazas a causa de su trabajo. En 2014 al menos seis periodistas fueron asesinados en México sin que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas realizara avances en la mayoría de estos casos. También siguen pendientes la gran mayoría de las investigaciones sobre agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos, esto también a pesar de que en abril de 2014, el Congreso aprobó una ley la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores de lo derechos humanos y de que el gobierno se comprometió a establecer el mecanismo y dar prioridad a la protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

 

Peticiones de Amnistía Internacional al Rey Felipe VI

Amnistía Internacional ha pedido al Rey Felipe VI que transmita estas preocupaciones de derechos humanos y que en las reuniones con las autoridades mexicanas les inste a:

  • Hacer gestiones para que Adrián Vasquez y Yecenia Armenta Graciano puedan recobrar su libertad.

  • Interesarse por las medidas efectivas para determinar el paradero de los 42 estudiantes de Ayotzinapaque continúan desaparecidos (solo se ha identificado un cadáver) y prestar su pleno apoyo al grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, garantizando que puede llevar a cabo su revisión sin obstáculos, y comprometiéndose públicamente a cumplir sus recomendaciones. Así mismo debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, y que se haga comparecer a los responsables ante la justicia.

  • Cumplir las recomendaciones del relator especial sobre la tortura.

  • Transformar el mecanismo federal de protección en una institución que dé respuesta efectiva a los defensores, defensoras y periodistas y asegurar que todo ataque sea investigado y los responsables llevados ante la justicia.

  • Emprender la búsqueda a las personas migrantes en paradero desconocido, e iniciar una investigación urgente sobre la oleada de ataques a migrantes y asegurarse de que los responsables se enfrentan a la justicia. Además los supervivientes de estos ataques deben recibir atención adecuada como víctimas de delitos graves, incluida atención psicológica y médica inmediata y la posibilidad de obtener un visado humanitario para permanecer en México mientra tramitan una denuncia penal.