Ante la sentencia condenatoria y la pena de muerte impuestas al ex gobernante militar de Pakistán, general Pervez Musharraf, por suspender la Constitución cuando impuso el estado de excepción en noviembre de 2007, Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional para el Asia Meridional, ha declarado:
“El general Pervez Musharraf y el gobierno que encabezó deben rendir cuentas de todas las violaciones de derechos humanos que cometieron durante el tiempo que estuvieron en el poder y no sólo de una pequeña selección de ellas. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia, homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas contra la oposición política, personas que defienden los derechos humanos, miembros de la sociedad civil y presuntos miembros de grupos armados.
“Nadie está por encima de la ley y es alentador ver que Pakistán pone fin a la impunidad de la que históricamente gozaban los generales poderosos. Al mismo tiempo, es crucial que Pervez Musharraf reciba un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante; es una venganza, no justicia”.
Información complementaria
El general Pervez Musharraf fue declarado culpable de “alta traición” y condenado a muerte por suspender la Constitución cuando impuso el estado de excepción en noviembre de 2007.
Durante su gobierno de casi nueve años, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad paquistaníes, como homicidios, desaparición forzada y tortura de miembros de grupos armados, activistas políticos y defensores y defensoras de los derechos humanos.
