Nigeria/Reino Unido/Países Bajos: Debe investigarse a Shell por complicidad en asesinatos, violaciones y torturas
- Un enorme archivo de documentos internos y otras pruebas apuntan a la complicidad de Shell en la comisión de delitos horribles por parte de las fuerzas armadas nigerianas en los años noventa.
- Amnistía Internacional pide una investigación penal en su nuevo informe.
Hay documentos internos que muestran que, cuando Shell trató de minimizar públicamente los daños ambientales que había causado, altos representantes de la empresa sabían que las quejas del MOSOP tenían fundamentos legítimos y a esos ejecutivos les preocupaba el mal estado de los oleoductos. El 29 de octubre de 1990, Shell solicitó la “protección de seguridad” de una unidad policial paramilitar de élite, denominada Policía Móvil, para sus instalaciones del pueblo de Umuechem, donde se estaban registrando protestas pacíficas. Durante los dos días siguientes, la Policía Móvil atacó el pueblo con armas de fuego y granadas, provocando la muerte de al menos 80 personas, además de incendiar 595 casas. Muchos de los cadáveres se arrojaron a un río cercano. Se considera que, en ese momento, si no antes, los ejecutivos de Shell debieron entender los riesgos derivados de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad. Y aun así, hay pruebas claras de que Shell siguió actuando de la misma forma. Por ejemplo, en 1993, poco después de haberse retirado de Ogoniland, Shell pidió reiteradas veces al gobierno nigeriano que movilizara al ejército en esa región para proteger un nuevo oleoducto que estaban construyendo contratistas de la empresa. Eso llevó a que 11 personas fueran alcanzadas por disparos el 30 de abril en un pueblo llamado Biara y a que un hombre muriera del mismo modo en el pueblo de Nonwa el 4 de mayo. Menos de una semana después del tiroteo en Nonwa, varios ejecutivos de Shell mantuvieron una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Las actas de esas reuniones muestran que, en lugar de plantear su preocupación por los disparos efectuados contra personas desarmadas que protestaban, Shell solicitó activamente al gobierno y a las fuerzas de seguridad que le permitieran seguir activa en Ogoniland, y ofreció a cambio apoyo “logístico”. Apoyo financieroShell también ofreció apoyo financiero. Un documento interno de la empresa revela que, el 3 de marzo de 1994, esta hizo un pago de más de 900 millones de dólares estadounidenses a la ISTF, una unidad especial creada para “restablecer el orden” en Ogoniland. Eso sucedió solo diez días después de que el comandante de esa unidad ordenara disparar contra personas desarmadas que se manifestaban ante la sede regional de Shell en Port Harcourt. En el documento se afirma que ese pago fue una “muestra de gratitud y un elemento para motivar una disposición favorable y constante en relación con [Shell] en tareas futuras”. “En varias ocasiones, la ayuda que Shell había pedido al gobierno para abordar lo que la empresa denominaba la ‘cuestión ogoni’ produjo una nueva ola de violaciones brutales de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en Ogoniland. Es difícil no ver vínculos causales o suponer que Shell no era consciente entonces de cómo se interpretaban sus peticiones”, afirmó Audrey Gaughran. “A veces Shell cumplió una función más directa en el derramamiento de sangre; por ejemplo, al trasladar a personal de las fuerzas armadas para que dispersara protestas, incluso cuando las consecuencias de hacerlo eran evidentes. Eso equivale claramente a posibilitar o facilitar los delitos horribles que se cometieron después.”
Señalar pueblos por su nombre El 13 de diciembre de 1993, poco después de que un golpe de Estado llevara al poder al general Sani Abacha, Shell escribió al nuevo administrador militar del estado de Rivers, señalando comunidades específicas en las que habían tenido lugar protestas en su contra y solicitando asistencia. Un mes después, en enero de 1994, el gobierno ordenó la creación de la ISTF. Más tarde ese mismo año, la violencia contra los ogonis alcanzó su espeluznante punto máximo, cuando la ISTF llevó a cabo incursiones en pueblos ogonis en las que mató, violó, torturó y detuvo a muchas personas. Según un informe de Amnistía Internacional publicado el 24 de junio de 1994, alrededor de 30 pueblos fueron atacados y “más de 50 personas de la etnia ogoni fueron ejecutadas extrajudicialmente”. El comandante de la ISTF alardeó de esas operaciones en televisión, y se informó ampliamente sobre ellas. En julio de ese año, el embajador holandés comunicó a Shell que el ejército había matado aproximadamente a 800 ogonis. Ken Saro-Wiwa en el punto de mira Los documentos internos de Shell muestran que el entonces presidente de la empresa en Nigeria, Brian Anderson, mantuvo al menos tres reuniones con el general Sani Abacha entre 1994 y 1995, en el período más crítico de la crisis en torno al pueblo ogoni. El 30 de abril de 1994, Anderson planteó “el problema de los ogonis y Ken Saro-Wiwa” al describir las consecuencias económicas de la oposición del MOSOP. Saro-Wiwa ya estaba en el punto de mira del gobierno y, al mencionar su nombre en esa reunión, Anderson alentó de una manera temeraria medidas contra el activista, y reportó que había abandonado el encuentro con la sensación de que Abacha iba a “intervenir con las fuerzas armadas o con la policía”. En efecto, al cabo de un mes, Saro-Wiwa y otros líderes del MOSOP eran detenidos, sometidos a acusaciones infundadas de haber participado en el asesinato de cuatro líderes tradicionales muy conocidos, e incomunicados en su reclusión. Durante la misma sufrieron torturas y malos tratos y, posteriormente, fueron declarados culpables en un juicio que fue una farsa y ejecutados en noviembre de 1995. Los documentos que ha analizado Amnistía Internacional muestran que Shell sabía que, muy probablemente, Saro-Wiwa iba a ser declarado culpable y ejecutado. Aun así, la empresa siguió debatiendo con el gobierno las formas de hacer frente al “problema ogoni”. Es difícil ver cómo Shell puede no haber alentado, e incluso respaldado, las acciones del gobierno contra Saro-Wiwa y otras personas. Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell. “En sus últimas palabras al tribunal que lo declaró culpable, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell también tendría que comparecer algún día ante la justicia. Estamos decididos a lograr que eso suceda”, señaló Audrey Gaughran. “Debe hacerse justicia, por Ken Saro-Wiwa y por los miles de personas más cuyas vidas arruinó la destrucción de Ogoniland por parte de Shell.” Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell. Información complementaria Varios documentos internos de la compañía, entre ellos cartas, comunicaciones enviadas por fax y mensajes de correo electrónico intercambiados por distintas oficinas de Shell, muestran que la responsabilidad de las acciones de la empresa durante la crisis en torno al pueblo ogoni no le corresponde únicamente al personal de Shell en Nigeria. En todo momento, los directores de Shell en La Haya y Londres eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo en Nigeria. Hay una nota que hace referencia a la aprobación por parte de los directores de una estrategia detallada que ideó Shell Nigeria en diciembre de 1994, sobre cómo debía responder la empresa a las críticas que recibía tras las protestas ogonis. En marzo de 1995, varios ejecutivos de Shell en Londres mantuvieron una reunión con representantes de las fuerzas armadas nigerianas en la capital británica, en la cual acordaron reunirse “cada cierto tiempo” para intercambiar información. Amnistía Internacional escribió a Royal Dutch Shell y a Shell Nigeria para solicitar información al respecto. Shell Nigeria respondió: “Las acusaciones citadas en su carta contra [Royal Dutch Shell] y [Shell Nigeria] son falsas y carecen de fundamento. [Shell Nigeria] no se confabuló con las autoridades militares para reprimir los disturbios en la comunidad y en modo alguno fomentó o propugnó ningún acto de violencia en Nigeria. De hecho, la compañía cree que el diálogo es la mejor forma de resolver las disputas. Siempre hemos negado categóricamente esas acusaciones.”
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