Sobrevivientes de un ataque perpetrado por el grupo armado conocido localmente como Al Shabaab en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado han contado a Amnistía Internacional que se decidió evacuar a contratistas blancos antes que a la población negra local, en alarmantes testimonios que apuntan a racismo declarado.
Se calcula que 220 civiles buscaron refugio en el hotel Amarula Palma cuando comenzó el ataque contra la ciudad de Palma, el 24 de marzo. De ellos, unos 200 eran nacionales de piel negra y alrededor de 20 eran contratistas blancos. En los días posteriores, la empresa militar privada sudafricana Dyck Advisory Group (DAG) rescató a varias de estas personas del hotel.
Se dio prioridad a la evacuación por aire de los contratistas blancos mientras que la población nacional negra fue abandonada a su suerte. Tras el rescate de la mayoría de los contratistas blancos y de un número reducido de personas negras de clase acomodada —entre ellas el gobernador de Palma—, quienes quedaron atrás intentaron huir por tierra en un convoy pero cayeron en una emboscada de Al Shabaab.
“Los testigos nos hablaron de discriminación racial en las decisiones sobre a quién evacuar del hotel Amarula”, afirma Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral. “Son alarmantes denuncias de que el plan de rescate fue racialmente discriminatorio, con un evidente trato preferente a los contratistas blancos. La ausencia total de coordinación entre las fuerzas de seguridad mozambiqueñas y la empresa Dyck Advisory Group tuvo como consecuencia unas evacuaciones racistas, y debe investigarse de manera exhaustiva.”
Ataque a la ciudad de Palma
Los combates en la ciudad portuaria de Palma siguieron un patrón similar al de ataques anteriores de Al Shabaab investigados por Amnistía Internacional: tras el asalto inicial, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas no protegieron a la población civil y huyeron, dejando que los operarios de la empresa DAG actuaran por su cuenta.
Amnistía Internacional entrevistó a 11 personas que se habían refugiado en el hotel Amarula, de las cuales 5 eran sobrevivientes del posterior ataque al convoy. Todas contaron que el director del hotel y los operarios de DAG encargados del rescate habían antepuesto la seguridad de los contratistas blancos a la de la población local negra.
Inicialmente se había dicho a estas personas que había un plan para evacuar en helicóptero con carácter prioritario a mujeres, menores y personas con discapacidad. Sin embargo, ese plan aparentemente se desechó en los días posteriores.
Un sobreviviente contó a Amnistía Internacional: “Había unas 220 personas atrapadas en el hotel; éramos mayoría [la población local negra], y las personas blancas eran alrededor de 20. Tras el rescate y la huida, quedamos con vida unas 170. Casi todas las personas blancas fueron rescatadas en helicóptero antes de que nos marcháramos del hotel en coche.”
Una de las personas sobrevivientes dijo: “Temíamos que rescataran primero a todas las personas blancas porque sabíamos que, cuando se hubieran llevado a todas, nos dejarían allí para morir. Les oímos hablar del plan para llevarse a todos los blancos y dejar allí a los negros”.
Varios testigos contaron que el director del hotel Amarula, aprovechando el caos de la situación, se había llevado sus dos perros pastores alemanes en el helicóptero de rescate, dejando a personas atrás.
Otra comentó: “Si no hubieran ido los perros, dos o tres personas más habrían podido subir al helicóptero. Nos dejó consternados, porque varias mujeres se habían quedado en tierra por culpa de los perros”.
Los helicópteros sólo podían transportar a seis personas en cada viaje, e hicieron un total de cuatro.
“La población local estaba aterrorizada porque sabía que el rescate prioritario de las personas blancas significaba que iban a abandonarla a su suerte frente a Al Shabaab”, ha afirmado Deprose Muchena.
“Además, el hecho de que el director del hotel decidiera rescatar a sus perros en lugar de a otras personas es un verdadero escándalo, y una prueba más de la falta de respeto por la vida humana que ha caracterizado el conflicto de Cabo Delgado.”
Emboscada al convoy
Cuando se marcharon los helicópteros, las personas que habían quedado en tierra decidieron arriesgarse y huir del hotel en un convoy de automóviles. Su intención era viajar hasta la playa de Quelinde, donde esperaban poder tomar un barco hacia Afungi. Pero los estaban esperando combatientes de Al Shabaab, que les tendieron una emboscada casi inmediatamente.
Un sobreviviente contó a Amnistía Internacional: “Los insurgentes, al ver los coches saliendo por el patio trasero, empezaron a disparar. La carretera estaba llena de hoyos que habían hecho para impedir el paso de los vehículos”.
Otro sobreviviente añadió: “Dispararon contra nuestro coche y volcamos. Yo salí con heridas, el bazuca casi me dio en la cabeza. Salimos de la carretera y nos escondimos en el bosque durante seis días, sin comer ni beber agua. Finalmente pudimos llegar a la playa y coger una embarcación hasta Afungi, donde conseguimos ayuda.”
Los sobrevivientes fueron transportados en barco de Quelinde a Afungi en dos viajes. En el primero iban unas 60 personas, entre ellas los contratistas blancos que quedaban, y en el segundo, realizado al día siguiente, iban 70 residentes locales negros.
Según contaron sobrevivientes a Amnistía Internacional, hubo un desencuentro entre las fuerzas de seguridad mozambiqueñas y la empresa DAG respecto a quién se encargaba de los rescates. La ruptura de la comunicación entre ambas se tradujo principalmente en el abandono de la población civil local, en peligro de muerte al quedar a merced de Al Shabaab.
“Una vez más en el conflicto de Cabo Delgado, el enfoque inhumano adoptado tanto por las autoridades mozambiqueñas como por la empresa DAG ha causado daños incalculables”, ha afirmado Deprose Muchena.
“Aunque Al Shabaab ya había cometido ataques parecidos, es la primera vez que vemos poner en marcha una misión de rescate, y sólo cuando se consideró que había contratistas blancos en peligro. Abandonar a personas durante un ataque armado simplemente por el color de su piel es racismo y contraviene la obligación de proteger a la población civil. Esto no puede quedar sin respuesta.”
Respuesta del Ministerio de Defensa
En una reunión con Amnistía Internacional celebrada el 7 de mayo, el Ministerio de Defensa de Mozambique dijo que sólo podía hablar de misiones de rescate que hubieran llevado a cabo sus propias fuerzas en Cabo Delgado, y que la raza no influía en su respuesta.
Nuevas imágenes de satélite
Imágenes de satélite obtenidas en exclusiva por Amnistía Internacional desde el 1 de abril revelan la magnitud de los daños causados por el asalto a Palma, que duró hasta el 31 de marzo. El ataque, más que en viviendas, se centró en infraestructuras públicas y sedes gubernamentales.
Imágenes de satélite del 9 de abril mostraban que 33 estructuras más, probablemente viviendas, habían sido destruidas desde el 1 de abril, fecha en que las fuerzas de seguridad mozambiqueñas, según informes, habían recuperado el control de la región. Había daños visibles en un total de 85 estructuras, muy probablemente causados por incendios.
Esto encaja con la investigación previa de Amnistía Internacional, según la cual las fuerzas de seguridad mozambiqueñas represaliaron a la población civil tras la retirada de Al Shabaab.
El conflicto de Cabo Delgado
Cabo Delgado sufre abandono y falta de inversión desde hace décadas, y las catástrofes naturales así como la propagación de la COVID-19 por toda la región no han hecho sino agravar el problema. La zona es rica en gas natural, rubíes, grafito y madera, lo que hace que las grandes empresas internacionales compitan por el acceso a la región. Los combates se han intensificado desde que Al Shabaab atacó la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia, en el norte del país, en octubre de 2017.
En un informe reciente, Amnistía Internacional ponía de relieve cientos de homicidios ilegítimos de civiles en Cabo Delgado cometidos por Al Shabaab, las fuerzas de seguridad gubernamentales y la empresa DAG. La organización pide una investigación urgente sobre estos homicidios, que pueden constituir crímenes de guerra.
