Amnistía Internacional ha pedido hoy una seguridad social a disposición de todas las personas, en cualquier lugar del mundo, después de que una serie de crisis hayan puesto en evidencia enormes lagunas en los sistemas estatales de ayuda y protección y cientos de millones de personas hayan quedado expuestas al hambre o atrapadas en un ciclo de pobreza y privación.

En un documento publicado hoy y titulado Precios al alza, protestas crecientes: argumentos a favor de la protección social universal, la organización de derechos humanos pide también el alivio de la deuda internacional e insta a los Estados a reformar sus sistemas impositivos y a perseguir el fraude fiscal, a fin de liberar una importante cantidad de fondos con los que sufragar la protección social.

“Un conjunto de crisis ha venido a demostrar lo mal preparados que están muchos Estados para facilitar a la población una ayuda imprescindible. Impresiona pensar que más de 4.000 millones de personas —es decir, en torno al 55% de la población mundial— no tienen acceso ni siquiera a la más básica protección social, a pesar de que el derecho a la seguridad social quedó ya consagrado en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

En el mencionado documento se muestra cómo el alza de los precios de los alimentos, el cambio climático y las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y de la invasión rusa de Ucrania están alimentando una catastrófica crisis humanitaria y provocando cada vez más agitación social y protestas.

Asimismo, el texto insta a los Estados a garantizar que la cobertura de la seguridad social —por ejemplo, subsidios por enfermedad o discapacidad, atención médica, pensiones para la población de edad avanzada, manutención infantil, prestaciones familiares y ayudas a la renta— esté a disposición de cualquier persona que pueda necesitarla.

Además, el documento describe cómo, en numerosos Estados, la falta de seguridad social ha dejado a las comunidades expuestas en mayor medida a repentinos reveses económicos, a las consecuencias de los conflictos, al cambio climático o a otras perturbaciones. Las consecuencias de estas crisis —entre ellas, el hambre generalizada, el crecimiento del desempleo y la indignación ante el empeoramiento del nivel de vida— han dado lugar en todo el mundo a protestas que, con frecuencia, han sido brutalmente reprimidas.

“La protección social universal puede abordar las violaciones de derechos económicos y sociales de las que suelen partir las reivindicaciones y protestas. En lugar de ver la protesta pacífica como un intento, por parte de la población, de reclamar sus derechos, las autoridades han respondido a menudo a las manifestaciones con un uso innecesario o excesivo de la fuerza. La protesta pacífica es un derecho humano, y Amnistía Internacional lucha por proteger la protesta”, ha manifestado Agnès Callamard.

En el informe se pide a los acreedores internacionales que renegocien o cancelen las deudas para facilitar una mejor financiación de la protección social. Además, el texto resalta que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se calcula que el coste de ofrecer una cobertura básica de seguridad social en los Estados de ingresos bajos o medianos bajos es de 440.800 millones de dólares estadounidenses al año, cantidad inferior a los 500.000 millones que, según Tax Justice Network, dejan de percibir anualmente los Estados debido a los paraísos fiscales.

Amnistía Internacional insta a los Estados a que colaboren entre sí, utilicen todos sus recursos y reformen sus sistemas impositivos para detener la evasión y pérdida de unos ingresos fundamentales a fin de garantizar la existencia de fondos con los que mejorar la protección social.

“Estas crisis han dejado postrada a la población, y cuando hablamos de resolver los problemas del mundo, en raras ocasiones existe una solución sencilla, pero lo que sí sabemos es que los Estados se deben tomar en serio la persecución del fraude fiscal”, arguye Agnès Callamard.

Para garantizar el derecho a la seguridad social, Amnistía Internacional apoya el establecimiento de un Fondo Mundial de Protección Social sometido a gestión internacional, concepto que ha sido respaldado por el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el secretario general de la ONU y la OIT.

La creación de este fondo permitiría ofrecer a los Estados ayuda técnica y económica para que ellos, a su vez, puedan ofrecer seguridad social y, en última instancia, fortalecería la capacidad de los sistemas nacionales de seguridad social para incrementar sus respuestas en tiempos de crisis.

La universalidad del derecho a la salud no está plenamente garantizada en España

En España, el Proyecto de Ley de medidas para la cohesión, universalidad y calidad del Sistema Nacional de Salud se encuentra bloqueado en el Congreso desde hace más de un año y con ello la posibilidad de garantizar la universalidad en el acceso a la sanidad para las personas migrantes en situación administrativa irregular y las personas reagrupadas legalmente en España.

Amnistía Internacional ha solicitado en numerosas ocasiones junto con REDER y con Yo si
Sanidad Universal a los grupos parlamentarios que aprueben este Proyecto y por fin se puedan corregir las lagunas del Real Decreto-Ley 7/2018 que no garantiza la igualdad en el acceso a la sanidad sin discriminación.

“Es hora de que las autoridades cumplan sin reservas las recomendaciones de numerosos organismos internacionales que han instado a una reforma legal que asegure la igualdad en el acceso y disfrute del derecho a la salud para todas las personas sin importar ni su color de piel ni su origen étnico ni su situación administrativa”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Hambre, pobreza y protestas

La falta de una seguridad social adecuada puede ser catastrófica para el creciente número de personas que a duras penas pueden permitirse comer.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirma que, en todo el mundo, 349 millones de personas corren peligro inminente de sufrir escasez alimentaria, mientras que 828 millones se van a la cama con hambre todas las noches.

Es más, según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, la pandemia de COVID-19 ha borrado casi cuatro años de avances en la reducción de la pobreza, y ha sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema, con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día para vivir.

La falta de medidas efectivas para mitigar la inflación y la escasez ha hecho que los niveles de vida de la población entren en una espiral descendente, lo que ha contribuido al estallido de protestas en todo el mundo, como las que se han producido recientemente en Irán, Sierra Leona y Sri Lanka.

El encarecimiento de los alimentos y de otros artículos básicos ha afectado con especial dureza a las poblaciones de los países de bajos ingresos, pero el aumento en el uso de bancos de alimentos en los países más ricos demuestra que la crisis del coste de la vida y de la asequibilidad de los alimentos es generalizada.

La invasión rusa de Ucrania, importante productor de cereales, ha supuesto un golpe demoledor para el suministro alimentario mundial, y ha llevado al índice de precios de los alimentos de la FAO a sus más altas cotas desde que comenzaron los registros, en 1990. Asimismo, el cambio climático y el constante aumento de los precios de los fertilizantes han repercutido también en la producción agrícola. Según la FAO, la sequía es el factor que más contribuye por sí solo a la disminución de las cosechas.

Seguridad social, impuestos y deuda

Amnistía Internacional forma parte de una creciente coalición de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil que pide a los Estados ir ofreciendo paulatinamente protección social universal y materializar los beneficios que ello conllevará.

En concreto, Agnès Callamard ha afirmado que “el hecho de proteger a la población de sufrir pérdidas a causa de perturbaciones —desde catástrofes naturales hasta regresiones económicas— puede tener efectos transformadores tanto para la sociedad como para el Estado que ofrece ese apoyo, al reducir las tensiones sociales y los conflictos y fomentar la recuperación. De ese modo, los niños y niñas pueden continuar en la escuela, mientras la atención médica mejora, la pobreza y la desigualdad de ingresos se reducen y, en última instancia, toda la sociedad se beneficia económicamente.

No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras la desigualdad se dispara y se deja sufrir a quienes luchan contra la adversidad. La evasión de impuestos y la elusión fiscal agresiva —ya sea por parte de particulares o de empresas— privan a los Estados, y sobre todo a los países de bajos ingresos, de unos recursos que necesitan”.

Los altos niveles de endeudamiento y el coste que implica la amortización de la deuda impiden a menudo a los países más endeudados disfrutar de la capacidad económica necesaria para hacer realidad sus aspiraciones en materia de seguridad social. Los países de bajos ingresos gastan cuatro veces más en la amortización de la deuda que en servicios de atención a la salud y 12 veces más que en protección social, según datos de Oxfam.

Por su parte, el informe anual del FMI afirma que en torno al 60% de los países de ingresos bajos están sobreendeudados o corren un elevado riesgo de estarlo, con lo que podrían entrar en suspensión de pagos. La cancelación o renegociación de la deuda liberaría una cantidad considerable de fondos en muchos países para sufragar la protección social.