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Los ladrones de bolsos de Guangdong podrían ser condenados a muerte

Londres.- Las personas que cometen robos desde vehículos en marcha y recurren a la violencia podrían ser condenadas a muerte, según un alarmante anuncio de las autoridades provinciales de Guangdong.

 

"Instamos al Tribunal Supremo Popular a que revise de forma inmediata esta decisión con el fin de anularla –ha declarado Mark Allison, investigador de Asia Oriental de Amnistía Internacional–. Ampliar la pena de muerte para más delitos es contrario a la tendencia internacional hacia la abolición."

 

El 28 de febrero, el vicepresidente del Tribunal Superior Popular de Guangdong, Chen Huajie, anunció que la condena por robar bolsos había aumentado a una pena mínima de tres años de prisión, y que ahora cabe imponer la pena capital. La decisión ha sido resultado de una nueva interpretación judicial que califica de “robo a mano armada” a todos los tipos de robo de bolsos con violencia cometidos desde vehículos de motor. Según las informaciones publicadas por la prensa china, en Guangdong el robo de bolsos solía llevar aparejada una pena máxima de tres años de prisión.

 

Según los informes, la iniciativa es consecuencia de los temores que suscita el aumento de estos delitos en la provincia meridional de Guangdong. La prensa oficial china ha publicado que en Guangdong, entre 2003 y 2005, habían sido condenadas por “robo a mano armada” y “robo violento” más de 80.000 personas, lo que representa más de un tercio del número total de delincuentes condenados por un tribunal.

 

“Reconocemos la obligación de los gobiernos de combatir la delincuencia, pero esta es una reacción visceral que muestra que la mentalidad de las campañas de ‘mano dura’ contra la delincuencia sigue estando extendida, al menos en algunas partes del país –manifestó Mark Allison–. No hay pruebas de que la pena de muerte sea más eficaz que otros castigos para disuadir de que se cometan delitos."

 

Todo aumento del uso de la pena de muerte es contrario a la fuerte tendencia internacional contra el uso de la misma. En la actualidad son 122 países los que ya no cuentan con esta pena en la ley o en la práctica, y sólo una parte de las naciones del mundo continúan llevando a cabo ejecuciones. China debería seguir esta tendencia y dar el primer paso hacia la abolición de la pena capital, en lugar de aumentar su ámbito de aplicación.

 

Algunos juristas chinos también han expresado públicamente sus dudas sobre la decisión. Por ejemplo, el profesor Dong Likun, de la Universidad de Shenzhen de Guangdong, ha criticado las campañas periódicas de "mano dura" contra la delincuencia en China por desembocar en fallos injustos, y se preguntaba en la edición del 28 de febrero del South China Morning Post: “¿Podemos realmente imponer la pena de muerte por el robo de un bolso?”. 

 

La decisión contrasta con iniciativas más positivas en relación con la pena de muerte en China, incluidos el reciente anuncio realizado por Xiao Yang, presidente del Tribunal Supremo Popular, de que a partir del segundo semestre de este año, todos los casos de apelación contra la pena de muerte deberán ser tramitados en un tribunal abierto, y un anuncio anterior de que el Tribunal Supremo Popular retomará su función de revisar todas las condenas a muerte impuestas en China.

 

“Acogemos con beneplácito las iniciativas que, como éstas, van hacia la reforma, pero queda por ver si desembocarán en juicios de mejor calidad y en una reducción significativa del número de condenados a muerte –ha declarado Mark Allison–. Con independencia de sus repercusiones, no deben verse como un sustituto de reformas más amplias encaminadas a la abolición total de la pena de muerte en China.”


 
Liu Renwen, destacado abolicionista y jurista chino, advirtió ayer de que el Tribunal Supremo Popular cuenta actualmente con demasiado poco personal para revisar todos los casos de pena de muerte y de que los tribunales inferiores parecen resistirse a la reforma, aparentemente porque las autoridades locales están preocupadas por la pérdida de poder para controlar la delincuencia.

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida y el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. Mientras no se produzca la abolición total de la pena de muerte en China, Amnistía Internacional sigue instando a las autoridades de este país a que realicen estadísticas nacionales públicas sobre condenas a muerte y ejecuciones; reduzcan el número de delitos punibles con la pena capital, incluidos los delitos económicos y otros delitos no violentos; e introduzcan una suspensión de las ejecuciones para salvaguardar el derecho a la vida.

 

Información complementaria
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que “[L]a ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte suscita un problema de compatibilidad con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. China es firmante del Pacto, lo que indica su intención de ratificarlo, y aunque aún no está vinculada formalmente al Pacto, ha de suponerse que observará las principales estipulaciones contenidas en este tratado hasta que lo ratifique. Según el derecho internacional, los Estados que firman un tratado deben abstenerse de actuar en contra del objetivo y el propósito de dicho tratado.