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La sentencia judicial sobre "Persépolis", señal de menoscabo de la libertad de expresión

Mustapha Ben Jaaffar, 6 de noviembre de 2011.

La decisión de un tribunal de la capital tunecina de multar a un directivo de televisiónpor "difundir información que puede alterar el orden público"a raíz de que emitiera una película francesa de animación es señal del menoscabo de que sigue siendo objeto la libertad de expresión en Túnez, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Nabil Karoui ha sido condenado a pagar 2.400 dinares tunecinos (1.500 dólares estadounidenses) de multa por haber emitido su cadena la película francesa de animación Persépolis doblada al árabe tunecino en octubre de 2011. Se ha considerado que la película es blasfema por una escena que muestra una representación de Dios. Los abogados de Karoui han confirmado que va a recurrir contra la sentencia.

“En el día destinado a celebrar la libertad de prensa en el mundo, Túnez ha dado muestra de que no respeta el derecho básico a la libertad de expresión. Nabil Karoui no debería siquiera haber sido juzgado, y mucho menos condenado por ejercer su derecho a expresar pacíficamente sus opiniones", ha señalado Ann Harrison, directora adjunta del programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

También han sido declaradas culpables de participar en el delito dos personas más: Nadia Jamal, directora de la organización que dobló la película al árabe tunecino, y Alhadi Boughanim, responsable de la supervisión de los programas. Se les ha impuesto también una multa.

Ya se ha condenado anteriormente a otras personas por cargos similares. El director del periódico en lengua árabe Attounissia, por ejemplo, fue declarado culpable, el 8 de marzo de 2012, de "difundir información que puede alterar el orden público" y condenado a pagar 1.000 dinares tunecinos (650 dólares) de multa. El periódico había publicado la fotografía de un futbolista germano-tunecino con su novia, que aparecía desnuda y con la mano de él tapándole los pechos.

“Aunque proteger la moral pública o el orden público sea a veces una razón legítima para restringir la libertad de expresión, tal medida sólo puede adoptarse si es absolutamente necesaria. Es evidente que en estos casos no lo era: nadie debe ser declarado culpable ni condenado por sus opiniones, ni siquiera si éstas se consideran controvertidas u ofensivas", ha explicado Ann Harrison.

Estas sentencias condenatorias se han dictado en medio de crecientes críticas a la aparente falta de voluntad del gobierno para permitir ejercer la libertad de prensa y de otros medios de comunicación. 

El gobierno ha recibido críticas de periodistas y activistas por no hacer aplicar una nueva ley de prensa y medios audiovisuales aprobada en noviembre de 2011 y en la que se reformaron las represivas disposiciones de la anterior.

En vez de hacerlo, se acoge a artículos del Código Penal como "difundir información que altera el orden público" con objeto de procesar a periodistas y otras personas por expresar pacíficamente sus opiniones. Se considera en general que el hecho de que no se aplique la nueva ley es un intento del gobierno de controlar y restringir los medios de comunicación.

En un informe publicado el mes pasado por el Comité Nacional de Reforma de la información y la Comunicación se ponen de relieve los problemas que sigue teniendo el sector de los medios de comunicación y la necesidad de llevar a cabo reformas.

“Resulta decepcionante ver que, en un momento en que Túnez debería abrir el camino mostrando su compromiso con el debate libre y abierto y siendo ejemplo de respeto de los derechos humanos, las autoridades recurren a este tipo de prácticas para reprimir la libertad de expresión", ha afirmado Ann Harrison.