Londres.- Los combates que se han producido este año entre las fuerzas de las facciones palestinas Fatah y Hamás en la Franja de Gaza han causado la muerte de 350 palestinos y han dado paso a la comisión de graves abusos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, según afirma Amnistía Internacional en el informe que ha publicado hoy.
Con el título Territorios Palestinos Ocupados: Desgarrados por la lucha entre facciones (disponible sólo en inglés), este nuevo informe acusa a Hamás de recurrir cada vez más a la detención arbitraria y la tortura desde que el pasado mes de junio se hizo con el poder en la Franja de Gaza, y de permitir que sus fuerzas ataquen a manifestantes pacíficos y a los periodistas que informan sobre sus protestas. El informe señala que, en Cisjordania, las fuerzas de seguridad leales al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, han detenido arbitrariamente a cientos de seguidores de Hamás pero no han tomado medidas contra los militantes de Fatah responsables de secuestros, saqueos y otras agresiones. “Los dirigentes tanto de la Autoridad Palestina como de Hamás deben tomar medidas de inmediato para romper el círculo vicioso de impunidad que sigue fomentando los abusos, que incluyen detenciones arbitrarias, secuestros, torturas y malos tratos por parte de sus fuerzas –ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África–. La lucha incesante entre las facciones palestinas Fatah y Hamás está teniendo consecuencias nefastas para la vida de la población palestina, especialmente en la Franja de Gaza, complicando y agravando la crisis humanitaria y de derechos humanos causada por las campañas y bloqueos del ejército israelí.”
En el informe se solicita el establecimiento de una comisión de expertos independiente que se ocupe de investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos por ambas partes desde principios de 2006, y se pide a los dirigentes de ambas partes que se comprometan a aplicar sus recomendaciones. Según el informe, la lucha entre facciones palestinas en la Franja de Gaza alcanzó niveles sin precedentes el año pasado y culminó en junio de 2007, cuando Hamás se hizo con el control de las instituciones de seguridad de la Autoridad Palestina en el territorio. Amnistía Internacional argumenta que las fuerzas armadas y de seguridad tanto de la Autoridad Palestina como de Hamás han mostrado un desprecio absoluto por la seguridad de la población civil lanzando ataques indiscriminados e imprudentes enfrentamientos armados en zonas residenciales. Como consecuencia, los civiles se han visto prácticamente encerrados en sus hogares como presos y decenas de transeúntes indefensos –incluidos menores de edad– que no participaban en los enfrentamientos han quedado atrapados en la línea de fuego.
El informe contiene angustiosos relatos de víctimas de ambas partes y de residentes que sufrieron directamente las consecuencias de los sucesivos enfrentamientos armados en la Franja de Gaza en junio y meses anteriores: “Durante tres días no pudimos salir de casa. Hombres armados habían tomado posiciones en los edificios altos y se disparaban cohetes entre sí. Temíamos que entrara un misil por la ventana en cualquier momento” contaba un residente de la ciudad de Gaza a Amnistía Internacional en junio de 2007.
Fuerzas de seguridad rivales que tenían la responsabilidad de respetar y hacer cumplir la ley y de proteger a la población traicionaron esas obligaciones y actuaron como fuerzas partidistas, de común acuerdo con grupos armados que operaban como sus milicias, quebrantando ellas mismas la ley y cometiendo gravísimos abusos con absoluta impunidad.
La decisión del presidente Abbas de suspender la actuación de las instituciones judiciales y de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza tras la toma del poder de facto por parte de Hamás ha creado un vacío jurídico e institucional que ha dejado a esta facción el camino despejado para establecer un sistema paralelo de seguridad y vigilancia del cumplimiento de la ley que, sin embargo, carece de personal debidamente formado y de mecanismos o garantías de rendición de cuentas.
Como consecuencia, la detención arbitraria y la tortura de detenidos por parte de las fuerzas de Hamás se han convertido en prácticas generalizadas en Gaza, al igual que los ataques contra manifestantes y contra los periodistas que informan sobre estos hechos. Las mejoras en la situación de seguridad que sucedieron inicialmente a la toma del poder por parte de Hamás en Gaza se están erosionando a toda velocidad.
En Cisjordania también se han extendido los abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, aunque se les da mucha menos publicidad ya que la comunidad internacional no parece estar dispuesta a zarandear la barca antes de la próxima conferencia convocada por Estados Unidos con el propósito de revitalizar las conversaciones de paz entre el gobierno de Israel y el gobierno de emergencia de la Autoridad Palestina, estancadas desde hace tiempo.
Cientos de simpatizantes o presuntos simpatizantes de Hamás han sido detenidos y recluidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina; además, son habituales las infracciones del procedimiento legal de detención, y los informes sobre tortura y malos tratos son cada vez más frecuentes. A las personas detenidas se las recluye en lugares no autorizados legalmente para ese fin y las fuerzas de seguridad suelen hacer caso omiso de las órdenes judiciales de excarcelar a detenidos por falta de pruebas.
El gobierno de emergencia de la Autoridad Palestina no ha obligado a responder de sus actos a los hombres armados de Fatah que secuestraron a simpatizantes de Hamás e incendiaron sus casas, negocios y organizaciones benéficas presuntamente vinculadas a Hamás en Cisjordania, a pesar de que en la mayoría de los casos los autores de los ataques eran conocidos en su comunidad y habían actuado en presencia de las fuerzas de seguridad.
La detención y privación de libertad de más de un millar de presuntos simpatizantes de Hamás, la mayoría de los cuales no han sido acusados de ningún delito, contrasta agudamente con el hecho de que la Autoridad Palestina no detenga ni procese a los miembros de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Fatah, que han perpetrado homicidios ilegítimos, toma de rehenes, saqueos y otros ataques contra personas y propiedades.
“La situación de desgobierno que en los últimos años se ha ido apoderando de Cisjordania y la Franja de Gaza, culminando en los recientes enfrentamientos entre facciones, se debe en gran medida a que la Autoridad Palestina, desde hace tiempo y con carácter sistemático, no cumple ni obliga a cumplir la ley” ha manifestado Malcolm Smart.
En su informe, Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que interrumpa la venta o transferencia de armas a cualquiera de las partes en tanto no existan garantías de que tales armas no se van a utilizar para violar derechos humanos.
“La comunidad internacional debe pedir a todas las partes palestinas que rindan cuentas en función de las mismas normas de derechos humanos –señaló Malcolm Smart– y asegurarse de que no se castiga a la población de la Franja de Gaza por culpa de las posturas y acciones del gobierno de facto de Hamás, y de que la ayuda urgente esencial para la realización de derechos humanos fundamentales no se utiliza en ningún momento como instrumento de negociación para alcanzar metas políticas.”
