La abolición de la pena de muerte es esencial para que una Constitución respete los derechos humanos

Londres.- Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que proceda a abolir la pena de muerte al elaborar la nueva Constitución. Recoger en ésta la abolición de la pena capital sería uno de los pasos más importantes que Kenia podría dar para garantizar el respeto de los derechos humanos a todas las personas bajo su jurisdicción. La organización acoge con beneplácito la decisión del gobierno keniano de no ejecutar ninguna sentencia de muerte durante su mandado y de conmutar la pena a todas las personas condenadas actualmente a muerte. Hay indicios claros de que África está avanzando hacia la abolición universal de la pena capital. De los 53 países del continente, 12 la han abolido de manera permanente. El último ha sido Senegal, que lo hizo el 10 de diciembre de 2004, fecha declarada Día de los Derechos Humanos por la ONU. Otros 20 países, incluida Kenia, llevan más de 10 años sin llevar a cabo ejecuciones. Aunque reconoce el derecho de los gobiernos a velar por que toda persona sospechosa de participar en un delito sea llevada a los tribunales,  Amnistía Internacional  se opone a la pena de muerte por considerar que es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, reconocido en las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una Constitución que prohíba la pena de muerte y vincule su abolición con los derechos humanos, en particular con el derecho a la vida y a la integridad física y mental y, más específicamente, con el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, es una Constitución acorde con las normas internacionales de derechos humanos.  El fiscal general de Kenia, Amos S. Wako, tiene de plazo hasta el 24 de agosto para terminar de redactar la nueva Constitución del país, que se someterá entonces a referéndum. Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que vaya más allá en su decisión de no llevar a cabo ninguna ejecución durante su mandado y conmutar la pena capital por cadena perpetua a todas las personas condenadas actualmente a muerte, proponiendo disposiciones que entrañen la abolición de la pena capital en el proyecto de Constitución.