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Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Las “estremecedoras repercusiones” de la prohibición de viajar para responsable de campañas de Amnistía deben ser una señal de alerta para todo el mundo

Laith Abu Zeyad © Particular

Un juez del Tribunal de Distrito de Jerusalén ha indicado hoy que confirmará la prohibición de viajar impuesta a Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional a quien Israel niega la libertad de circulación, incluida la posibilidad de desplazarse al extranjero, desde octubre de 2019. El juez aceptó la afirmación de la Agencia de Seguridad israelí de que Laith Abu Zeyad representa una amenaza para la seguridad y autorizó efectivamente la prohibición. Ante esta decisión, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Por segunda vez en menos de un año, las autoridades israelíes, incluido el poder judicial, han demostrado su flagrante desprecio hacia el derecho internacional de los derechos humanos al indicar su intención de confirmar la prohibición ilegítima de viajar impuesta a nuestro amigo y colega Laith Abu Zeyad. Laith lleva ya sometido a estas restricciones arbitrarias más de 500 días y las autoridades israelíes no han ofrecido una explicación adecuada más allá de la afirmación espuria de que representa una ‘amenaza para la seguridad’ que nunca han especificado.

“La prohibición de viajar impuesta a Laith Abu Zeyad es una represalia por su trabajo como defensor de los derechos humanos. Le ha impedido hacer un trabajo de incidencia fundamental en el ámbito internacional y trabajar en la oficina de Amnistía Internacional en la Jerusalén Oriental ocupada. La decisión de confirmar su prohibición de viajar tendrá estremecedoras repercusiones no sólo para Laith, sino para todas las personas que trabajan por los derechos humanos contra las violaciones israelíes.

“Este ataque contra Laith Abu Zeyad y Amnistía Internacional es parte de una campaña creciente de las autoridades israelíes contra el movimiento de derechos humanos. Hace ya años que el opresivo gobierno de Israel sobre los Territorios Palestinos Ocupados castiga a quienes se atreven a cuestionar su terrible historial en materia de derechos humanos o a criticar la ocupación. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas palestinos son quienes reciben este brutal castigo. El caso de Laith es emblemático del fracaso de la comunidad internacional para cuestionar efectivamente las violaciones que comete Israel. La inacción de terceros Estados hace que Israel pueda seguir violando sistemáticamente y con impunidad los derechos humanos de la población palestina, incluido el ataque contra el movimiento de derechos humanos”.

Información complementaria

El 18 de febrero, Amnistía Internacional presentó una nueva petición para que se anulara la prohibición de viajar impuesta al responsable de campañas Laith Abu Zeyad tras saber que había sido desestimada una petición administrativa anterior presentada ante el ejército israelí en noviembre de 2020.

En septiembre de 2019, Laith Abu Zeyad solicitó un permiso humanitario en el puesto de control militar de Al Zaytuna (Hazatem), cercano a Jerusalén, para acompañar a su madre a recibir tratamiento médico en la ciudad. Su solicitud fue denegada el mismo día por “razones de seguridad”, sin mayor explicación.

En mayo de 2020 se celebró ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén la vista de la petición de Amnistía para que se levantara la ilegal prohibición de viajar, pero el juez aceptó la alegación infundada de la Agencia de Seguridad de Israel de que Laith Abu Zeyad constituye un riesgo para la seguridad, con lo que de hecho refrendó la prohibición. A Laith Abu Zeyad se le negó un permiso especial para asistir a esta vista, pero estuvo representado por su abogado, Tamir Blank. La información en su contra que las autoridades presentaron al tribunal se mantuvo en secreto y no pudo ser impugnada. Su representación letrada y personal observador de Amnistía Internacional y de misiones diplomáticas fueron obligados a salir de la sala mientras las autoridades presentaban al juez la información secreta.

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