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Es preciso que se suspendan las ejecuciones de inmediato

Londres.- El gobierno de China viola sistemáticamente su derecho interno y las normas internacionales al ejecutar a millares de personas cada año, según afirma un nuevo informe de Amnistía Internacional. El informe, titulado Executed "according to law"? – the death penalty in China (sólo disponible en inglés), se publica una semana después de sugerir un importante legislador chino que su país debería ejecutar a 10.000 personas al año.

 

«Pese a que se han producido algunos avances positivos en el terreno de las normas de procedimiento penal, en la práctica el sistema de justicia penal de China no está en condiciones de ofrecer juicios justos, imparcialidad o justicia. El hecho de que este año un sistema disfuncional de justicia penal vaya a condenar a muerte a millares de personas es inadmisible», dice la organización de derechos humanos.

 

Las injusticias que se mencionan en el informe de Amnistía Internacional son apenas la punta del iceberg. Dadas las probabilidades de que se ejecute a personas inocentes, según demuestra este informe, el gobierno chino tiene la obligación de dictar la suspensión de las ejecuciones con carácter urgente.

 

«Se trataría del primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte, lo que, según el gobierno chino ha señalado a diplomáticos extranjeros, es su meta final», añade Amnistía Internacional.

 

La organización considera que, dada la alta probabilidad de que se cometan injusticias, tal como lo demuestra su informe, debe dictarse una suspensión con carácter de urgente. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos dado que se trata del máximo castigo cruel e inhumano que conculca el derecho a la vida. La organización cree que ejecutar a un ser humano en ausencia de justicia constituye uno de los fracasos máximos de la humanidad.

 

El informe Executed "according to law"? - the death penalty in China describe las terribles experiencias que vive una persona en China desde el momento en que la consideran sospechosa de un delito punible con la muerte hasta el momento en que la ejecutan.

 

El informe demuestra las deficiencias del sistema de justicia penal chino mediante la descripción de casos documentados por Amnistía Internacional y casos aparecidos en los medios de comunicación chinos. Entre ellos están los siguientes:

  • Chen Guoqing y otras tres personas acusadas de asesinato en 1996. Posteriormente se los sometió a nuevo juicio y se los condenó a muerte en cuatro ocasiones. Tres recursos de apelación fueron resueltos en su favor porque los tribunales reconocieron que había escasos indicios válidos de su implicación en el delito, que tenían coartadas fiables y que sus condenas se habían basado principalmente en confesiones obtenidas mediante tortura. Siguen en prisión en espera de la decisión final.
  • Zhao Fenrong, acusada de asesinato en 1998 y condenada a muerte tras un juicio inicial y otros dos juicios posteriores, también sobre la base de pruebas falsas y de una confesión obtenida mediante tortura. Sigue en prisión. Su condena de muerte ha sido suspendida y posiblemente está sujeta a apelación.
  • Tenzin Deleg Rinpoche, monje budista al que se impuso una condena de muerte suspendida tras un juicio manifiestamente injusto y un procedimiento sumario de apelación. Su coacusado fue ejecutado el mismo día en que se dictó la condena.
  • Gong Shengliang, pastor protestante sometido a un juicio a todas luces injusto y condenado a muerte. Su pena fue reducida a cadena perpetua en apelación. Sigue encarcelado y hay motivos para sentir honda preocupación por su salud dadas las denuncias según las cuales ha sido sometido reiteradamente a brutales palizas.

El informe de Amnistía Internacional incluye recomendaciones concretas al gobierno de la República Popular de China para que armonice el sistema de justicia penal del país con las normas internacionales.

 

«China debe aplicar los tratados internacionales en los que es Estado Parte –como la Convención contra la Tortura– y debe hacer todo lo posible por ratificar y aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con carácter de urgente», señala Amnistía Internacional.

 

Información general

China impone la pena de muerte por los delitos "más graves", que, conforme a la legislación del país, incluyen la corrupción y muchos otros delitos no violentos, pese a que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la imposición de la pena capital debe ser «una medida sumamente excepcional».

 

En China, ninguna persona detenida por sospecharse que ha cometido un delito punible con la muerte tiene el derecho absoluto a disfrutar de representación letrada de inmediato. Generalmente, la persona detenida en esas circunstancias sólo puede contratar a un abogado después de ser interrogada por la policía. Incluso entonces, en la práctica a menudo se deniega u obstaculiza el ejercicio de este derecho. Habitualmente, es durante este primer interrogatorio cuando se tortura a los detenidos o se los obliga a "confesar" el delito que se está investigando. La "confesión" puede presentarse como prueba de cargo ante los tribunales y usarse como fundamento de la condena de muerte.

 

Además, en contra de las normas internacionales, la legislación china no considera inocente a una persona hasta que se pruebe su culpabilidad. Hay interferencias políticas en todas las fases del proceso judicial. Las notorias "campañas de mano dura" ejercen una extraordinaria presión política sobre los tribunales para que dicten rápidamente un número cada vez mayor de condenas y para que esas condenas sean cada vez más severas.