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El Proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo supone una grave amenaza para los derechos humanos y el estado de derecho

Amnistía Internacional ha pedido que se retire el proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo por considerar que acabará en la práctica con el Estado de derecho y la separación de poderes al asignar determinadas atribuciones fundamentales al ejecutivo. La organización ha expresado su profunda inquietud ante el hecho de que el ejecutivo estará facultado para sortear la función de la policía, las autoridades fiscales y los jueces sin que haya un sistema eficaz de control y equilibrio. “Si no se acusa a las personas de un delito reconocible y se les garantiza íntegramente el derecho a ser juzgadas por un tribunal independiente e imparcial, el acceso sin trabas a todas las pruebas en su contra y el derecho a preparar una defensa completa y eficaz, no se podrá remediar la profunda injusticia y afrenta para los derechos humanos y el Estado de derecho que va a significar la promulgación de la Ley de Prevención del Terrorismo”, ha manifestado Amnistía Internacional. En aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, cuyo proyecto se debate actualmente en el Parlamento, el Ejecutivo tendrá una amplitud de poderes sin precedentes para emitir “órdenes de control”, como el “arresto domiciliario” o el control por medio de dispositivos electrónicos. Mediante esas órdenes se impondrían restricciones sobre derechos y libertades fundamentales consagrados en la legislación nacional y en las normas internacionales de derechos humanos vigentes en el Reino Unido. “De acuerdo con el derecho interno y las normas internacionales de derechos humanos, el ‘arresto domiciliario’ sin cargos ni juicio no se diferencia del internamiento en una cárcel u otra institución. Una vez más, el gobierno se estaría desviando de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales, como ya hizo con motivo de la Parte 4 de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad. A la organización le preocupa que la aplicación de las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo dé lugar a la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos británicos y extranjeros por igual. Personas recluidas sin cargos ni juicio en función de “pruebas” secretas serían privadas de sus derechos por tiempo indefinido. Incluso esas pruebas podrán haber sido obtenidas mediante tortura o malos tratos. Además, las personas se verían privadas del derecho a una defensa completa. La intervención del poder judicial en la revisión de la decisión del Ejecutivo resultaría inútil. Amnistía Internacional considera que, de salir aprobada, la Ley de Prevención del Terrorismo socavará gravemente los derechos humanos de las personas, entre ellos:
  • el derecho al respeto de la vida privada y familiar
  • el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y de culto
  • el derecho a la libertad de expresión
  • el derecho a la libertad de reunión y de asociación
  • el derecho a la libertad de circulación
  • el derecho a ser juzgado con las debidas garantías
  • el derecho a la libertad y la seguridad de la persona
“Resulta alarmante que las autoridades británicas estén intentando de nuevo tramitar aceleradamente —sin tiempo para el escrutinio parlamentario y de la opinión pública— una ley cuyos preceptos se oponen rotundamente al Estado de derecho y a los derechos humanos, y convierten en una farsa la separación de poderes”, ha asegurado Amnistía Internacional. El proyecto de Ley de Prevención del Terrorismo fue presentado al Parlamento el 22 de febrero de 2005. El gobierno del Reino Unido intenta que sea aprobado antes del 14 de marzo de 2005, fecha en que expira la Parte 4 de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad. “Las autoridades británicas se equivocaron en el 2001 al aprobar la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad y se equivocan ahora. Esta Ley de Prevención del Terrorismo contraviene el espíritu, si no la letra, del fallo emitido por los jueces lores.”

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