Amnistía Internacional se encuentra monitoreando la actuación de las autoridades chilenas tras el decreto del estado de emergencia y urge al gobierno a escuchar los reclamos de la población e implementar medidas concretas para atenderlos, la organización declaró hoy en una carta abierta al presidente Sebastián Piñera.
Según la Intendencia de Santiago, 11 personas han fallecido en el contexto del estado de emergencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), más de 1,330 personas han sido detenidas y 37 han resultado heridas por arma de fuego.
“En vez de equiparar las manifestaciones con un ‘estado de guerra’ y a quienes protestan con un enemigo del Estado, estigmatizando de forma generalizada a tales personas y allanando el camino para justificar abusos en su contra, el gobierno del presidente Piñera debería escucharlas y atender seriamente sus legítimas reclamaciones”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La criminalización de las protestas no es la respuesta. Si bien las autoridades chilenas deben tomar medidas para prevenir y evitar las acciones violentas de algunas personas, de ninguna manera puede servir como pretexto para restringir los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica, ni hacer un uso indebido de la fuerza. La gente tiene todo el derecho y mucha razón para protestar”.
“El pueblo chileno no está solo. Estamos monitoreando la respuesta de las autoridades a las protestas, y nuestros expertos de verificación digital están revisando material audiovisual que pueda aportar solidas evidencias sobre las denuncias por el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.
Las autoridades chilenas tienen la obligación de investigar de manera exhaustiva, pronta e imparcial todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos y otras alegaciones de violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las actuales protestas y el estado de emergencia, así como investigar las circunstancias y las responsabilidades de los casos donde personas han perdido la vida.
