Londres.- Amenazas de muerte y agresiones contra periodistas, candidatos electorales y funcionarios públicos están debilitando el Estado de derecho en Colombia y podrían plantear dudas sobre las condiciones de libertad y la existencia de coacciones en la celebración de las elecciones, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.
El informe pone de manifiesto cómo periodistas, candidatos políticos y votantes corren especial peligro en el periodo previo a las elecciones al Congreso, previstas para el 12 de marzo, y las elecciones presidenciales, para el 28 de mayo.
En toda Colombia se ha matado o amenazado a periodistas para impedir que sacaran a la luz los abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes en conflicto. Candidatos y funcionarios electos se han visto obligados a dimitir o han muerto como medida de castigo por desafiar la autoridad de los grupos guerrilleros o paramilitares. Miembros de las fuerzas de seguridad y representantes del gobierno han intentado estigmatizar a algunos periodistas asociándolos con, la guerrilla y al hacerlo los han puesto en peligro de sufrir ataques por parte de las fuerzas paramilitares.
"La impunidad está en el mismo núcleo del conflicto colombiano. Saber que los autores de violaciones de derechos humanos eludirán la justicia disuade a las víctimas de denunciar. Como consecuencia, los periodistas temen informar, los candidatos temen hacer campaña y los funcionarios electos temen gobernar" afirma Amnistía Internacional.
Según el informe de Amnistía Internacional, periodistas se han visto obligados a censurar su trabajo --evitando viajar a las zonas de conflicto intenso, donde se cometen la mayoría de las violaciones y abusos contra los derechos humanos-- y a basar su trabajo exclusivamente en información oficial. De esta forma los abusos cometidos contra los derechos humanos, incluidos aquellos en los que han participado miembros de las fuerzas de seguridad, no están plenamente documentados en los medios de comunicación.
En el informe se expresa asimismo preocupación por la influencia que, según informes, tanto paramilitares como guerrilleros intentan ejercer sobre el proceso electoral.
"Es legítimo que combatientes desmovilizados, sean paramilitares o guerrilleros, participen en política, pero sólo una vez que hayan abandonado las armas de manera irrefutable, que existan garantías de que no hayan participado en abusos contra los derechos humanos, que sus actividades políticas no estén respaldadas por la violencia y otros delitos, y que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas sea respetado íntegramente" ha asegurado Amnistía Internacional.
"Las medidas de protección física ofrecidas por las autoridades resultan insuficientes sin la voluntad política de abordar las raíces de la violencia. El Estado, al no resolver el problema de la impunidad, y las partes en conflicto, al no respetar el derecho internacional humanitario, hacen que la labor de periodistas, candidatos electorales y autoridades sea más peligrosa y, en algunos casos, imposible."
Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto armado de Colombia que garanticen a candidatos y votantes, cargos electos y periodistas que cubren la información sobre los comicios su derecho a informar, a hacer campaña, a votar y a ejercer el cargo sin temor.
