Amnistía Internacional acoge con satisfacción la nueva resolución aprobada por el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, en la que se pide a los estados que dejen de registrar todos los homicidios cometidos por la policía como “actos de resistencia" o “resistencia seguida de muerte” y los definan como “muerte debida a intervención policial”.
Un aspecto decisivo de la resolución es que se especifica en ella que la legitimidad de un homicidio cometido por un agente de policía sólo puede verificarse tras la “más amplia investigación criminal y en el curso de un procesamiento penal”. También se recomienda en ella que se investiguen tales homicidios, protegiendo el lugar del delito y presentando todas las pruebas para llevar a cabo un examen pericial completo, y que se publiquen periódicamente estadísticas estatales y nacionales sobre los homicidios cometidos por la policía.
Como es imperativo que las autoridades garanticen la efectividad e imparcialidad de todas las investigaciones sobre tales homicidios, se debe crear un organismo independiente para investigar todos los homicidios en que haya agentes de policía implicados, a fin de garantizar que se hace justicia con prontitud y transparencia.