Amnistía Internacional reconoce cuatro nuevos presos de conciencia

Londres.- “El hostigamiento, la intimidación y las restricciones de la libertad de expresión que sufren los disidentes en Cuba deben terminar”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que ofrece detalles de los casos de cuatro nuevos presos de conciencia en el país. Rolando Jiménez Posada, Rafael Millet Leyva, Miguel Sigler Amaya y Orlando Zapata Tamayo son cuatro de los más de 80 disidentes encarcelados tras la operación de represión masiva efectuada por el gobierno el pasado18 de marzo de 2003. Amnistía Internacional ha dicho: "Estos cuatro disidentes fueron detenidos y dos de ellos han sido acusados formalmente sólo por participar en actividades pacíficas, como una marcha conmemorativa del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, resulta especialmente preocupante que, en algunos casos, los detenidos permanecen encarcelados casi un año más tarde sin que se hayan presentado cargos formales contra ellos”. Las autoridades cubanas han justificado su actuación contra los 75 disidentes juzgados en abril del año pasado alegando su necesidad de defenderse contra las provocaciones y amenazas de Estados Unidos a su seguridad nacional. Para Amnistía Internacional, nada justifica el encarcelamiento de presos de conciencia u otras violaciones de derechos fundamentales, y continúa condenando al Gobierno cubano por estas violaciones. Rechazo al embargo de EE.UU. La organización también reconoce el efecto negativo del embargo estadounidense sobre todos los derechos humanos en Cuba, y por tanto pide a Estados Unidos que revise su política. “El embargo ofrece al régimen cubano la excusa para sus políticas represivas e influye negativamente en la alimentación, la salud, la educación y otros muchos ámbitos de la vida de los cubanos, dañando desproporcionadamente a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad”, ha asegurado Amnistía Internacional. Amnistía Internacional insta una vez más a las autoridades cubanas a que dejen inmediatamente en libertad incondicional a todos los presos de conciencia y que pongan fin a todas las formas de hostigamiento e intimidación contra los disidentes. Víctimas individuales sobre las que trabaja la Sección Española de Amnistía Internacional Marcelo Manuel López Bañobre y Marcelo Cano Rodríguez activistas de derechos humanos de la Asociación ilegal “Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional” fueron detenidos en marzo de 2003 y condenados a más de 15 años de prisión. El grupo de Logroño de Amnistía Internacional trabaja por su liberación inmediata e incondicional, al ser considerados por la organización como presos de conciencia. Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista y bibliotecario, junto con otras seis personas más, también bibliotecarios y activistas pro-derechos humanos, fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2003 y han sido condenados a penas de hasta 25 años de cárcel. El grupo de Santa Cruz de Tenerife trabaja activamente por su liberación. Para Amnistía Internacional y según la información disponible, estos disidentes no han cometido ningún delito común reconocible ni han espiado ni revelado secretos relativos a la seguridad del Estado. Su conducta no ha sido violenta y han sido procesados simplemente por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, asociación y reunión, por lo que su encarcelamiento supone una grave violación de derechos fundamentales reconocidos en las normas internacionales. Petición a los partidos políticos españoles La sección española de Amnistía Internacional ha solicitado a los partidos políticos, de cara a las próximas Elecciones Generales del próximo 14 de marzo, que incluyan en sus programas electorales acciones y medidas que reconozcan y protejan la labor de los defensores de derechos humanos en otros países. Se insta al futuro Gobierno a que se comprometa a realizar, en el marco de las relaciones con otros países, gestiones concretas a favor de casos de presos de conciencia así como crear un mecanismo de respuesta rápida gubernamental que permita actuar efectivamente en casos de alto riesgo.