Este martes 1 de septiembre, se cumplen tres años de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante, RDL). Amnistía Internacional se ha dirigido al Presidente de gobierno, Mariano Rajoy para que deje de lado cualquier medida provisional y reforme este RDL, que según datos del propio Ejecutivo, ha provocado la retirada de la tarjeta sanitaria a 748.853 personas. Para la organización, el borrador de acuerdo del gobierno hecho público por algunos medios de comunicación, para la armonización de la asistencia sanitaria en las diferentes comunidades autónomas, es insuficiente para el acceso universal a la salud. Tal y como anunció el pasado 25 de agosto, el borrador de acuerdo exigiría a las personas migrantes en situación irregular acreditar el empadronamiento durante un año para poder recibir asistencia sanitaria primaria. Esas personas serían incluídas en la base de datos de Tarjeta Sanitaria del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de "contabilidad y seguimiento de estos pacientes". A la espera de que esta medida se concrete, Amnistía Internacional recuerda que el empadronamiento no debería, en ningún caso, constituir un obstáculo al acceso a los servicios de salud, algo que por ejemplo podría limitar la asistencia sanitaria a las personas sin hogar. Pero además, el requisito de empadronamiento, es especialmente preocupante en el caso de los migrantes en situación irregular, ya que la legislación española permite a la policía acceder al padrón de extranjeros sin autorización judicial. Asimismo, este borrador no contempla la situación de las personas que llevan menos de un año de empadronamiento, por lo que seguirían excluídas de la atención sanitaria primaria. "Estas medidas resultan insuficientes para asegurar el debido respeto del derecho humano a la salud, tal y como indican los estándares internacionales", señaló Esteban Beltrán, director Amnistía Internacional España. "Aunque valoramos positivamente que se estudien medidas para paliar en parte la situación de exclusión sanitaria, consideramos que se debe reformar el RDL para garantizar la universalidad del derecho a la salud", añadió. En estos tres años, y especialmente tras las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, diferentes comunidades autónomas entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra han anunciado o adoptado diferentes medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria. De estas iniciativas de los diferentes Gobiernos autonómicos, valoradas positivamente por Amnistía Internacional, se ha derivado que el Gobierno central anuncie que el próximo 2 de septiembre en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se trabajará sobre dicho modelo. Amnistía Internacional pide una vez más que el Ejecutivo se haga eco de las peticiones de más de una decena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que calificaron la reforma sanitaria de "novedad lamentable" o "contraria al principio de no discriminación" y que instaron a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud. Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discrimianción contra la Mujer de Naciones Unidas, que ha señalado el impacto desproporcionado que el RDL ha tenido en las mujeres migrantes, dificultando la posibilidad de identificar a víctimas de violencia de género, víctimas de trata, o víctimas de violencia sexual. También el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el RDL como una media regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Ambos organismos han pedido a España que las personas migrantes con independencia de su situación administrativa no sean discriminadas en el acceso a la atención sanitaria. Información complementaria Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal.
