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Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Amnistía Internacional denuncia que las violaciones de derechos humanos causan y agravan la pobreza

Madrid.- En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional (AI) denuncia que la pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo, con cientos de millones de víctimas.

El documento “Derechos humanos, derechos indivisibles. La pobreza, una cuestión de derechos humanos” publicado hoy por la organización, revela que las vulneraciones de derechos humanos causan y agudizan la pobreza. La manipulación política de distribución de alimentos de la Junta de Comercialización de Cereales en Zimbabue, la obstrucción de la asistencia humanitaria que llevó a cabo la Junta Militar en Myanmar, las constantes restricciones a la libertad de circulación y el bloqueo de suministro de combustibles impuesto por el Gobierno israelí en la Franja de Gaza y otros graves abusos contra los derechos humanos, han condenado a millones de personas a la pobreza y han generado graves crisis humanitarias en todo el mundo. Al mismo tiempo, la situación de pobreza conduce a nuevas violaciones de derechos humanos, provocando un círculo vicioso.

Y es que la pobreza no es únicamente falta de ingresos, sino la privación del acceso a los derechos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado. Las condiciones de insalubridad, falta de acceso a agua potable, saneamiento, atención médica, seguridad o educación que padecen millones de personas en todo el mundo son, en muchas ocasiones, fruto de las decisiones de Gobiernos, empresas y otros agentes.

Además, la pobreza actúa como una barrera insalvable en el acceso a la justicia, y la falta de acceso a la justicia genera más pobreza. Los Estados deben garantizar la protección del derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de la pobreza con el fin de superar este clima de impunidad de las violaciones de derechos humanos. Para ello, deberán eliminar las barreras económicas y culturales que impiden el acceso de los colectivos más desfavorecidos a la justicia.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional solicita a los Estados que asuman sus responsabilidades por el impacto que tienen sus políticas y las actividades económicas de empresas con sede en su territorio en las condiciones de vida de su población y la de países terceros.

Por ello, la organización aboga por el respeto escrupuloso de todos los derechos humanos como condición indispensable para hacer realidad la dignidad humana universal, y pedirá al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos un compromiso firme con la vigencia y la indivisibilidad de los derechos humanos. Además, a punto de celebrarse el próximo 10 de diciembre el 60 aniversario de la Declaración Universal Derechos Humanos, AI buscará el apoyo de ONG, entidades sociales y público en general a favor de los derechos proclamados hace ya seis décadas.

El documento de Amnistía Internacional destaca la discriminación, los conflictos armados y algunas políticas gubernamentales y empresariales como los principales generadores de pobreza en todo el mundo.
 
Así, las mujeres son las más afectadas por la pobreza, situación que genera a su vez discriminación, violencia y falta de acceso a la justicia. Y las personas migrantes ven socavados sus derechos por la discriminación, el racismo y la xenofobia.

También los persistentes conflictos armados que se desarrollan en varios continentes han tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos exacerbando la pobreza de la población más vulnerable, sobre todo de mujeres y niños. Además, los conflictos empujan cada año a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares en busca de protección, y en muchas ocasiones ni siquiera reciben la ayuda humanitaria adecuada. En Irak, desde la invasión dirigida por EE.UU en 2003, más de 4,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y unos 8 millones de personas necesitan ayuda de emergencia.

El documento resalta también cómo los intereses económicos de empresas nacionales y multinacionales provocan que en lugares de todo el mundo familias enteras sean desalojadas de sus casas a la fuerza para desarrollar proyectos urbanísticos o de otro tipo. Por ejemplo, en el año 2007 en Angola, la constructora Jardim do Éden desalojó a centenares de familias y demolió sus casas en Luanda para construir un complejo de viviendas de lujo.