Amnistía Internacional condena asesinatos de periodistas y exige investigación

Amnistía Internacional condena enérgicamente los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez e Irasema Becerra en Boca del Rio, Veracruz el 3 de mayo. Según la información recibida, Guillermo Luna y Gabriel Huge trabajaban como fotógrafos en periódicos del estado, mientras que Esteban Rodríguez había trabajado como fotoperiodista. Los tres eran compañeros especializados en la cobertura de noticias policiales y de crimen. Irasema Becerra trabajaba en el área administrativa de un periódico y tenía una relación sentimental con Guillermo Luna. Estos asesinatos se producen apenas unos días después de que la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, fuese asesinada en la capital del estado, Xalapa el pasado sábado 28 de abril. Amnistía Internacional expresa su grave preocupación por la seguridad de los trabajadores de los medios en el estado y hace un llamado a las autoridades estatales y federales para que brinden medidas de seguridad eficaces para periodistas en riesgo y sus familiares. Este es un paso esencial para garantizar el trabajo periodístico y la libertad de expresión en el estado. Los asesinatos de Guillermo Luna, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez no ocurrieron sin previo aviso. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los nombres de estos periodistas,  junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra. A pesar de estar informadas de esta situación las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad. Desde el final de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la justicia. Es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México. Estos asesinatos constituyen una continuación de la situación de violencia a la que deben hacer frente los trabajadores de los medios de comunicación en diferentes lugares del país y que convierten a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, todavía pendiente de promulgación por el Presidente de la República, quedará como letra muerta a menos que las autoridades garanticen su pronta puesta en marcha de forma que se establezcan medidas de protección efectivas que ayuden a reducir la vulnerabilidad de las y los periodistas.