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Alarma ante el aumento de las ejecuciones

Londres.- Amnistía Internacional ha visto con profunda preocupación el brusco incremento del número de ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades iraquíes desde principios de septiembre de 2006. El 21 de septiembre, 11 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento en la ciudad de Arbil, en la parte septentrional de Irak bajo dominio kurdo. Según la información de que dispone la organización, eran las primeras ejecuciones realizadas en la región kurda desde 1992. Los informes recibidos indican que los 11 individuos, de quienes se afirmaba que pertenecían al grupo armado Ansar al Islam (Seguidores del Islam), habían sido condenados a muerte en marzo de 2006 tras ser declarados culpables de homicidios y secuestros cometidos en la región kurda en 2003 y 2004. Se desconoce si el juicio celebrado contra ellos reunió las debidas garantías. Las personas ejecutadas fueron: Shaikh Zana ‘Abdul Karim Barzanji, Burhan Tal’at Muhammad, Dilir Haidar ‘Abdullah, Mariwan Karim Hassan, Karukh Burhan Muhammad, Hafal Fariq Isma’il, Aza’ Mu’tasam Karim, Fariq Isma’il ‘Abdullah, Dilir Abu Bakr Isma’il, Yusuf ‘Aziz Qadir y Ziyad Rif’at ‘Abdul Karim.

Con anterioridad, en torno al 6 de septiembre, informes recibidos indican que 27 personas fueron ejecutadas por ahorcamiento en Bagdad tras ser declaradas culpables de atentados mortales contra civiles. Amnistía Internacional no dispone de información pormenorizada sobre sus juicios.

Desde que se restableció la pena de muerte en Irak en agosto de 2004, decenas de personas han sido condenadas a muerte; según parecen indicar los informes, hay más de 200 personas en espera de ser ejecutadas. Las primeras ejecuciones, de tres personas, se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 2005, y el 9 de marzo de 2006 fueron ejecutadas 13 más, todas ellas por “actividades terroristas”.

Amnistía Internacional solicita a las autoridades de Irak que conmuten todas las penas de muerte y tomen medidas para abolir esta pena en la legislación y en la práctica. La organización condena todo abuso contra los derechos humanos cometido por grupos armados y otras entidades, incluidos el secuestro, la violación y el homicidio de civiles, y ha pedido que se lleve a los responsables ante los tribunales y se los juzgue con las garantías procesales que exigen las normas internacionales, sin posibilidad de que les sea impuesta la pena de muerte.