Dos destacados activistas de Arabia Saudí han sido interrogados hoy sobre cargos aún sin especificar, a la vez que se intensifica la represión que sigue ejerciéndose en el país contra el trabajo independiente en favor de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional.
La vista se ha celebrado un día después de que un tribunal especial de seguridad presentara un cargo más contra un destacado activista de los derechos humanos en un juicio que dura ya 20 meses.
“La represión de la libertad de expresión va en aumento en Arabia Saudí, con al menos 10 activistas de los derechos humanos condenados sólo en 2013”, ha explicado Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es hora de que las autoridades permitan a la gente expresar pacíficamente sus opiniones y dejen de castigar a los activistas por su trabajo legítimo.”
Issa al-Hamid y Abdulaziz al-Shubaily, de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, han sido interrogados hoy por la Oficina General de Investigación y Enjuiciamiento.
Aunque ambos activistas habían sido interrogados anteriormente, es la primera vez que se los cita de manera oficial con tal fin, lo que hace temer que vayan a ser enjuiciados por su trabajo como defensores de los derechos humanos.
Un tercer cofundador de la Asociación, Fowzan al-Harbi, ha sido informado también hoy de que su primera sesión ante el Tribunal Penal Especial tendrá lugar el 4 de diciembre.
Ayer, en una vista judicial distinta, no se llegó a dictar sentencia en la causa contra Fadhel Maki al-Manasif, miembro fundador del Centro Adala de Derechos Humanos. En vez de ello, el fiscal presentó nuevos cargos contra el acusado, y la sesión terminó sin que el tribunal fijara la fecha de la siguiente.
Al-Manasif fue detenido en octubre de 2011 por cargos como “desobedecer al gobernante convocando manifestaciones y participando en ellas”, “comunicarse con medios de comunicación extranjeros en relación con manifestaciones” e “infringir la ley de ciberdelincuencia del país grabando, almacenando y compartiendo información”.
El nuevo cargo presentado ayer está basado en una notas garabateadas en un pañuelo de papel encontrado presuntamente en el bolsillo de Al-Manasif. El fiscal sostiene que lo escrito en el pañuelo es prueba de su culpabilidad.
El fiscal señaló que la notas eran prueba de “mala conducta, insistencia en pedir que se desobedezca al gobernante, desobediencia, atentado contra la seguridad y la estabilidad del Estado, incitación a la división y el conflicto sectario y convocatoria de manifestaciones” por parte de Al-Manasif.
“Las autoridades saudíes parecen decididas a poner fin al trabajo independiente en favor los derechos humanos en el país –ha afirmado Philip Luther–. En vez de hablar con los activistas para ver cómo instituir reformas con que mejorar la situación de los derechos humanos, parecen haber optado por encarcelarlos por cargos falsos o injustos.”
En marzo y junio de 2013, tres miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos –Abdullah bin Hamid bin Ali al-Hamid (hermano de Issa al-Hamid), Mohammad bin Fahad bin Muflih al-Qahtani y Abdulkareem Yousef al-Khoder– fueron condenados a entre 8 y 11 años de prisión.
Se habían presentado contra ellos cargos como romper la lealtad al gobernante y desobedecerlo, cuestionar la integridad de autoridades, intentar perturbar la seguridad e incitar al desorden convocando manifestaciones, y difundir información falsa a grupos extranjeros. Amnistía Internacional considera a los tres presos de conciencia.
Abdulaziz al-Hussan, abogado de Mohammad al-Qahtani y Abdullah al-Hamid, se vio obligado a salir del país tras ser interrogado horas después de haber escrito en Twitter sobre las condiciones de detención de sus clientes.
El abogado de Abdulkareem al-Khoder, Abdulaziz al-Shubaily, también fue citado para su interrogatorio por haber insultado, presuntamente, a un agente de seguridad el día en que su cliente fue condenado.
También se ha interrogado y amenazado con procesarlas a personas relacionadas con otras organizaciones independientes de derechos humanos, como la recién formada ONG Unión por los Derechos Humanos.
Waleed Abu al-Khair, director de otra organización independiente de derechos humanos, Observador Saudí de Derechos Humanos, quien pasó 19 meses sometido a juicio y tenía prohibido viajar, fue condenado a tres meses de prisión por un tribunal del Yidda el 29 de octubre de 2013. Días antes, había sido informado de que iba a ser juzgado ante el Tribunal Penal Especial por cargos casi idénticos. Actualmente está en libertad en espera del resultado de su apelación.
