Se cumplen 30 años de las Convención sobre los Derechos del Niño y en innumerables oportunidades hemos escuchado del gran avance que ha significado: ha disminuido la mortalidad infantil, ha aumentado la inmunización, más niñas y niños tienen acceso a la educación. Si bien la Convención ha contribuido para consolidar y avanzar en el respeto y garantía de los derechos relacionados con la protección y supervivencia, su aspecto más revolucionario ha sido el reconocimiento expreso de que niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derecho, también son titulares de derechos políticos y civiles.
Con anterioridad a la Convención, siempre se había visto a las niñas y niños como personas incompletas, carentes de la madurez suficiente para tomar decisiones, motivo por el cual los adultos eran los únicos con capacidad para adoptar decisiones sobre lo que, en su opinión, era lo mejor para las niñas y niños. Sin embargo, la Convención viene a cambiar radicalmente esta lógica a través de la consagración del derecho a ser oído o derecho a la participación.
El principio de derecho a la participación es uno de los principios rectores en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien este principio en el texto del tratado es denominado como derecho a ser oído, éste se ha ido ampliando al de participación, pues, desde una perspectiva de un enfoque de derechos, abarca la participación de la infancia en aquellos aspectos que les son atingentes para el desarrollo de sus derechos en su calidad de sujeto de derecho.
Manifestación contra el cambio climático. © Amnesty International Ukraine/Sasha KovalenkoAI
Así, la opinión de niñas y niños debe ser debidamente tomada en cuenta en atención a su edad y madurez, entendiendo que corresponde a la “capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado”, por tanto, no es un criterio meramente biológico, sino que debe evaluarse otros elementos que ayuden a determinar con mayor precisión si la opinión reúne las características exigidas para que sea tenida en cuenta.
También, la Convención señala que la niña o niño debe ser escuchado si el asunto que se examina lo afecta. El Estado debe asegurar este derecho en el desarrollo tanto de procedimientos administrativos como judiciales. Para el Comité de los Derechos del Niño la palabra “afecta” la debemos entender en un sentido amplio, esto quiere decir que se debe incluir a la infancia en los procesos sociales de su comunidad y su sociedad.
En este último aspecto, en el mundo tenemos diversos casos en que son adolescentes quienes han liderado movimientos sociales de las más diversas índoles. Tenemos el caso de Malala Yousafzai, joven pakistaní, activista por el derecho de educación especialmente de las niñas y cuya labor ha sido reconocida a nivel internacional mediante diversos premios, incluyendo, el Premio Nobel de la Paz en 2014.
En el último año hemos conocido a Greta Thunberg, adolescente sueca, quien comenzó en solitario una protesta frente al Parlamento Sueco, pidiendo acciones más contundentes para detener la crisis por el cambio climático y dio inicio al movimiento Friday for Future.
En Chile, las movilizaciones sociales que han ocurrido durante los últimos años (2006, 20111 y 2019), se han iniciado por estudiantes secundarios y ha resultado en el inicio de un proceso constitucional inédito para el país. Este rol catalizador de los adolescentes chilenos respecto de las demandas sociales también ha sido reconocido a nivel internacional, así por ejemplo, lo ha expresado la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia celebrada el 12 de noviembre, con motivo de analizar las violaciones de derechos humanos que se han producido en el contexto de las protestas sociales.
Greta Thunberg posa con Sophia Bush después de la ceremonia de entrega de premios de Amnistía Internacional a los Embajadores de Conciencia 2019, 16 de septiembre de 2019. © Amnesty International/Andy DelGiudice
Al nombrar estos, entre muchos otros casos de adolescentes como personas con un activo rol social y político, cabe preguntarse si tendríamos a estas defensoras y defensores de derechos humanos si no se hubiera reconocido el derecho de la infancia a ser oído, o, si habría sido posible, hace 30 años, tener chicas valientes como Greta o Malala dando discursos en la ONU y siendo la cara visible de importantes movimientos sociales. Poco a poco y con mayor fuerza en los últimos años hemos comprendido que tenemos que escuchar a los niños y niñas, que las cosas que tienen que decir son importante, que su forma de apreciar el mundo no es una niñería -en un sentido despectivo- y que tienen tanto que aportar en la construcción social como las personas adultas.
No podemos pretender que el rol social y político de las personas comienza al cumplir 18 años y que inmediatamente nos convertimos ciudadanos activos, como si todo se produjera en un instante. Por el contrario, la participación social y política es parte de un proceso de madurez y conciencia propia de nuestro rol en nuestra familia, colegio, comunidad y sociedad, es un proceso que comienza a desarrollarse desde que nacemos y comenzamos a relacionarnos con otras personas.
Es por esto que debemos dejar de creer que los niños y niñas de hoy son –como nos dice ese lugar común– los ciudadanos y las ciudadanas del futuro. Por el contrario, son los ciudadanos de hoy, que tienen derecho a participar en la toma de decisiones de aquellos aspectos que les atañen y que deben ser tenidos en cuenta, de manera progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades.
