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Manifestantes cantan consignas contra la pena de muerte. © AP Photo/Stephen Morton, File

¿Se debe condenar a muerte a los terroristas?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su cuenta de Twitter para pedir la condena a muerte de Sayfullo Saipov, el presunto autor del atropello múltiple en Nueva York que ha matado a ocho personas y ha dejado heridas a otras 12 este pasado martes.

"El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería ser condenado a pena de muerte!", dijo Trump en un mensaje en Twitter.

Saipov, que resultó herido de un disparo de la policía está detenido bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena muerte en su sistema penal, Saipov podría ser condenado a muerte en un juicio federal por terrorismo.

Pero, ¿evita la pena de muerte que se cometan nuevos crímenes? ¿Ofrece justicia a las víctimas? ¿Existe una forma humana de ejecutar? Esta es nuestra postura:

1. ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la pena de muerte?

La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres, y las personas con discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente.

Cuando se aplica la pena de muerte, es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir.


Manifestantes cantan durante una protesta contra la pena de muerte frente a la Corte Suprema en Washington. © AP Photo/Evan Vucci

2. ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia?

Sí lo tienen. Las personas que han perdido a seres queridos en crímenes terribles tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. Al oponernos a la pena de muerte, no estamos intentando minimizar o aceptar la delincuencia, pero, como han dicho muchas familias que han perdido a seres queridos, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento. Simplemente extiende ese sufrimiento a la familia de la persona condenada.

3. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también –”ojo por ojo”–?

No. Ejecutar a una persona porque le ha quitado la vida a otra es venganza, no justicia.

Una ejecución, o la amenaza de una ejecución, inflige un terrible maltrato físico y psicológico. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está cometiendo la misma violencia que condena.

4. ¿No previene la pena de muerte la delincuencia?

De acuerdo con la investigación, no.  No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país.

5.  ¿Qué pasa con la pena capital para los terroristas?

Los Estados con frecuencia recurren a la pena de muerte tras producirse ataques violentos, con lo que pretenden demostrar que hacen algo para “proteger” la seguridad nacional. Pero es improbable que la amenaza de ejecución detenga a hombres y a mujeres preparados a morir por sus creencias, por ejemplo, a terroristas suicidas. Sin embargo, es muy probable que las ejecuciones creen mártires cuya memoria se convierta en un motivo de reivindicación para sus organizaciones.

Es muy elevada la probabilidad de que a las personas acusadas de “terrorismo” se las someta a un juicio injusto. A muchas se las condena e virtud de “confesiones” extraídas bajo tortura. En algunos casos, tribunales especiales o tribunales militares establecidos en aplicación de leyes contraterroristas han condenado a muerte a civiles, lo que socava las normas internacionales.

6. ¿No es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre?

Diariamente, hombres, mujeres, incluidos menores, esperan la ejecución en el “corredor de la muerte”. Independientemente del delito que hayan cometido, de si son culpables o inocentes, un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación se cobra sus vidas. Mientras un preso o presa siga con vida, él o ella mantiene la esperanza de la rehabilitación, o de la absolución si posteriormente se determina que es inocente.

7. ¿Existe una forma humana e indolora de ejecutar a una persona?

Todas las formas ejecución son inhumanas. A menudo, se defiende que la inyección letal es un método más humano porque, al menos superficialmente, parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución como la decapitación, la electrocución, la cámara de gas o el ahorcamiento.

Pero la búsqueda de una forma “humana” de matar a una persona debería verse como realmente es: un intento de hacer que las ejecuciones sean más aceptables para el público en cuyo nombre se realizan, y que los gobiernos que ejecutan parezcan menos asesinos.

8. ¿Es asunto de Amnistía que varias sociedades quieran usar la pena de muerte? 

Los derechos humanos, incluido el derecho más básico, el derecho a la vida, son universales y están ratificados por la inmensa mayoría de países en el mundo. Nuestro llamamiento a poner fin a la pena de muerte es consecuente con la misericordia, la compasión y el perdón que enfatizan todas las grandes religiones del mundo. Hasta la fecha, 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo que demuestra que casi todas las regiones del mundo, culturas y sociedades comparten el deseo de poner fin a la pena capital.


Activistas de AmnistIa Internacional se manifiestan contra la pena de muerte. © AI

9. ¿Qué ocurre si la opinión pública está a favor de la pena de muerte?

Un apoyo firme del público a la pena de muerte generalmente va acompañado de una falta de información fiable: con frecuencia, se cree erróneamente que reducirá la delincuencia. Muchos gobiernos se apresuran a promover esta creencia errónea, incluso si no existen pruebas que la respalden. Generalmente no se comprenden los factores fundamentales que sustentan la forma como se aplica la pena de muerte, entre ellos, el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios y la naturaleza discriminatoria de la pena de muerte, todo lo cual contribuye a tener una opinión realmente informada de la pena capital.

Creemos que los gobiernos deben ser claros en lo que concierne a esta información, y que deben promover el respeto por los derechos humanos a través de programas de educación pública.  Solo entonces, podrá haber un debate significativo sobre la pena de muerte.

Aún así, la decisión de ejecutar a una persona no la puede tomar la opinión pública; los gobiernos deben trazar el camino.

10. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?

Sí. Actualmente, dos tercios de los países en el mundo han abolido la pena de muerte por completo, o la han dejado de usar en la práctica. En 2016, dos países —Benín y Nauru— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos; en 2017 Mongolia hizo por fin efectiva su abolición. Y Estados Unidos, históricamente una de las naciones más reacia a abandonar la pena de muerte, se está volviendo cada vez más contraria a la pena capital. En total, 105 países la han abolido, la mayoría de los del mundo. Sólo 64 países eran totalmente abolicionistas en 1997. 

Pero, a pesar del optimismo de los datos, numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2016 había en el mundo al menos 18.848 personas condenadas a la pena capital.

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